Prisión preventiva para Susana Villarán por el caso Odebrecht
Cayó la ex alcaldesa de Lima
Villarán, que gobernó la capital peruana entre 2011 y 2014 al frente de un movimiento de izquierda, está acusada de corrupción.
Villarán admitió haber recibido aportes económicos ocultos de las constructoras brasileñas.Villarán admitió haber recibido aportes económicos ocultos de las constructoras brasileñas.Villarán admitió haber recibido aportes económicos ocultos de las constructoras brasileñas.Villarán admitió haber recibido aportes económicos ocultos de las constructoras brasileñas.Villarán admitió haber recibido aportes económicos ocultos de las constructoras brasileñas.
Villarán admitió haber recibido aportes económicos ocultos de las constructoras brasileñas. 

Desde Lima 

Siguen cayendo los políticos que ocuparon altos cargos, arrastrados por el escándalo de corrupción de Odebrecht, que remece la política peruana. La última cabeza en rodar –hasta ahora– es la de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Un juez ordenó su prisión preventiva por 18 meses, acusada por lavado de activos, asociación para delinquir y cohecho pasivo, cargos por los que, con las penas acumuladas, podría recibir más de 20 años de prisión. Villarán, que gobernó la capital peruana entre 2011 y 2014 al frente de un movimiento de izquierda, está sindicada de haber recibido financiamiento oculto por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para dos campañas electorales a cambio de favorecerlas en obras contratadas con la municipalidad que ella dirigía. 

Luego de negarlo repetidas veces por largo tiempo, hace unos días Villarán admitió en declaraciones a la prensa haber recibido aportes económicos ocultos de las constructoras brasileñas. Su confesión llegó cuando ya estaba con la soga al cuello por las evidencias en su contra, pero eso no la libró de la prisión preventiva. La fiscalía indica que los aportes ocultos recibidos por la ex alcaldesa llegaron a diez millones de dólares, tres millones entregados por Odebrecht y los otros siete por OAS, para las campañas electorales contra un pedido de revocarla a mitad de su gestión, en la que salió victoriosa, y para su frustrado intento de reelegirse. Villarán ha reconocido solamente el aporte de cuatro millones –los tres de Odebrecht y uno de OAS– para la campaña contra la revocatoria de su mandato.  

“Yo sabía de los cuatro millones recibidos. Siempre supe de los aportes”, dijo Villarán en una entrevista, sorprendiendo con su tardía confesión. Se defendió señalando que pidió esos millones a las empresas brasileñas para evitar que “las mafias organizadas que promovían la revocatoria impidan las reformas”. “El momento grave que vivía la ciudad hacía necesario que la campaña ciudadana (contra su revocatoria) que movilizó a miles de personas se fortaleciera con publicidad política de gran nivel”, indicó, tratando de justificarse. “No se puede pedir ayuda a una mafia para enfrentar a otra mafia. Eso no tiene legitimación”, le ha respondido la congresista del izquierdista Nuevo Perú, Marisa Glave, quien fue regidora municipal en la gestión de Villarán. 

La ex alcaldesa calificó como “un grave error” haber pedido ese dinero, pero ha insistido en que no fue una coima. “Yo nunca recibí un centavo (…) para la causa recibí”, se volvió a justificar. Ha asegurado que no le entregó nada a las empresas brasileñas a cambio de sus generosas contribuciones de campaña. La fiscalía dice lo contrario: indica que los aportes de campaña fueron a cambio de millonarios beneficios otorgados a estas empresas en dos importantes obras viales. 

El caso Villarán está siendo usado por la derecha, comprometida hasta el cuello con el escándalo Odebrecht, para intentar desacreditar a la izquierda en su conjunto. Cuando se trata de políticos y funcionarios de la derecha, ésta acota las responsabilidades y las individualiza, en el caso de Villarán pretende extenderlas a toda la izquierda. La ex alcaldesa, desvinculada de la izquierda desde que terminó su gestión municipal, ha dicho que la agrupación política con la que llegó a la alcaldía y sus colaboradores no sabían de sus tratos bajo la mesa con las empresas brasileñas, y que solamente estaban al tanto de esas movidas ella y su gerente municipal, José Miguel Castro, también con prisión preventiva. La izquierda cuestiona con dureza a Villarán y no ha dudado en calificar sus acciones como “un delito”.  

Se ha vuelto una escena común ver a importantes políticos desfilar por los tribunales e ingresar a prisión. Además de a la ex alcaldesa de la capital, los sobornos y financiamiento ilegal a campañas electorales entregados por Odebrecht y otras empresas brasileñas también comprometen a cuatro ex presidentes –Alejandro Toledo (2001-2006), prófugo en Estados Unidos y sometido a un proceso de extradición; Alan García (2006-2011), que se suicidó cuando las pruebas lo habían acorralado; Ollanta Humala (2011-2016), que estuvo nueve meses en prisión preventiva y contra quien la fiscalía pide 20 años de cárcel por lavado; y Pedro Pablo Kuczynski, que debió renunciar a la presidencia y hoy está bajo arresto domiciliario– y a otros peces gordos de la política peruana, como Keiko Fujimori, jefa del fujimorismo que es primera mayoría en el Congreso, en prisión preventiva desde hace más de seis meses. Ahora Susana Villarán y Keiko Fujimori, rivales políticas, comparten la misma prisión.

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