El presidente de la Cámara Federal de Casación, Juan Carlos Gemignani, se defendió de la acusación en su contra que analiza el Consejo de la Magistratura por haber detenido ilegalmente e incomunicado a una secretaria del tribunal, un caso enmarcado en la violencia de género. A través de un escrito, solicitó que se lo absuelva de “toda sanción administrativa” ya que, sostuvo, actuó “convencido” de encontrarse “frente a un ilícito de extrema gravedad” -aunque no explicó cómo llegó a esa conclusión-; admitió que su procedimiento fue un “error” pero libre de toda responsabilidad penal. Es decir, un hombre al que el Estado le confiere la potestad de juzgar a sus pares admite que ordenó encerrar a una mujer por error y, sin más, solicita indulgencia para seguir en sus funciones.
El descargo de Gemignani es equivalente a una declaración indagatoria y responde a un dictamen presentado ante la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo, que regula el comportamiento de los jueces, por la senadora radical Inés Brizuela y Doria, quien había denunciado al camarista por haber detenido e incomunicado a una secretaria que discutió una orden del juez.
En su descargo, que presentó mediante un escrito dirigido al presidente de la comisión, el senador Miguel Ángel Pichetto, el camarista sostuvo que procedió “convencido” de encontrarse “frente a un ilícito de extrema gravedad. El hecho ocurrió hace tres años durante la feria judicial de invierno, cuando Gemignani le ordenó a la secretaria Amelia Expucci que hiciera un inventario de un material supuestamente enviado por el Ministerio de Planificación Federal a la camarista Ana María Figueroa, con el objetivo de determinar si existía delito. Expucci le preguntó si la feria estaba habilitada para esa tarea y le comunicó que tal orden debía autorizarla su propio jefe. Ante esta respuesta, Gemignani repartió advertencias entre otros empleados y terminó ordenando a dos policías de Comodoro Py que detuvieran a la mujer por desobedecerlo. La dejaron presa en una dependencia detrás del edificio de los tribunales de Retiro, hasta que el juez Marcelo Martínez de Giorgi levantó la incomunicación.
Ahora, el juez de Casación aseguró ante el Consejo de la Magistratura que su interpretación sobre la conducta de Expucci fue que equivalía a “desobediencia a la autoridad y encubrimiento”, delitos que “tienen prevista pena privativa de la libertad” y que, por tanto, “debía proceder a la aprehensión y puesta a disposición del juez de turno”. En ese sentido, se amparó en el fallo que la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que lo sobreseyó por los mismos hechos al considerar que había procedido sin abuso de poder, pero con “aparente exceso no intencional en la creencia de que estaba cumpliendo con su deber”. “He actuado bajo error que elimina interpretar intencionalidad antijurídica a mi conducta”, concluyó.
Lo que no citó Gemignani fue la consideración que hizo el juez Mariano Llorens cuando la Cámara Federal trató el caso. “Esa actitud arbitraria, impropia y avasallante de la investidura con que ha sido distinguido el juez Gemignani por el Estado argentino, contrasta con el decoro, la mesura, la razón, el respeto, la prudencia y la tolerancia que deben estar ínsitos en quienes decidimos sobre los bienes y la libertad de los ciudadanos en un país democrático. Y también con los principios y estándares (inclusive morales y éticos) que buscan jerarquizar la tarea del juzgador”.
Gemignani también intentó sacarse de encima la lectura con perspectiva de género desde la que, no sin previa insistencia de parte de colectivos gremiales, el dictamen en su contra enmarcó la conducta evaluada. Así, se escudó en que la orden por la que encarceló a la secretaria judicial estuvo destinada “tanto a mujeres como a hombres” lo cual “da por tierra definitivamente” la interpretación de su conducta como “expresión de injustificada supremacía de género”. “No he realizado ni realizo diferencias de trato con funcionarios ni empleados con arreglo al género y no hubiera resultado distinto mi proceder si la secretaría de feria hubiera estado a cargo de un hombre”, argumentó.
De esta forma, Gemignani dio por cumplida su comparecencia ante la Comisión de Disciplina y Acusación de la Magistratura en el marco del trámite administrativo que se le sigue por presuntas “faltas disciplinarias”. Como no acudió de manera presencial, la Comisión levantó la reunión prevista para oírlo y evaluará cómo procede. En primer lugar, según fuentes de la institución, evaluará en un encuentro el próximo martes si suma testimonios -algunos propuestos por el propio camarista en su descargo-. A partir de entonces, tendrá veinte días hábiles para determinar si le impone algún tipo de sanción disciplinaria, impulsa el jury de enjuiciamiento en su contra o desestima la denuncia.
En su escrito, desde ya, Gemignani solicitó que se lo absuelva, pedido que acompañó con una advertencia: “Las facultades directivas y disciplinarias de los magistrados federales, indispensables para el desarrollo pertinente de la función jurisdiccional, se verán gravemente menoscabadas si resultara una sanción como corolario de este procedimiento”. Por último, se reservó el derecho a recurrir ante la Corte Suprema si el Consejo no le da la razón.
