ILGA presentó el informe anual que recopila datos sobre las leyes que afectan a las personas en función de su orientación sexual
Un termómetro del odio global
Se dio a conocer la publicación en la que la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Trans e Intersexuales mide la situación en el mundo de la despenalización de la homosexualidad.
El abogado argentino Lucas Ramón Mendos, uno de los 10 profesionales que trabajan en la casa central de ILGA en Ginebra.El abogado argentino Lucas Ramón Mendos, uno de los 10 profesionales que trabajan en la casa central de ILGA en Ginebra.El abogado argentino Lucas Ramón Mendos, uno de los 10 profesionales que trabajan en la casa central de ILGA en Ginebra.El abogado argentino Lucas Ramón Mendos, uno de los 10 profesionales que trabajan en la casa central de ILGA en Ginebra.El abogado argentino Lucas Ramón Mendos, uno de los 10 profesionales que trabajan en la casa central de ILGA en Ginebra.
El abogado argentino Lucas Ramón Mendos, uno de los 10 profesionales que trabajan en la casa central de ILGA en Ginebra. 

A 50 años de las revueltas de Stonewall (Nueva York, junio de 1969), este año el informe anual “Homofobia de Estado” que desde 2006 realiza ILGA –Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Trans e Intersexuales, con sede central en Suiza– aporta como primera novedad una visión histórica que mide el impacto de aquellas jornadas en la situación global de la despenalización de la homosexualidad. Al día de hoy, 70 Estados miembros de la ONU continúan sancionando actos sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo, 68 de ellos mediante leyes escritas y 2, de facto. En el año de Stonewall, 138 países criminalizaban las disidencias sexuales: hoy se redujeron casi la mitad. Por aquel entonces un 74% de la población mundial vivía en naciones semejantes. En la actualidad sólo el 27%, cifra alcanzada por el impacto de “dos grandes caídas” producidas en 1997 y 2018, cuando China e India eliminaron esas disposiciones. 

En este panorama y ante una serie de cambios metodológicos aplicados para la elaboración del informe, la Argentina logra destacarse. A partir de la reforma de su Código Civil implementado en 2015, el país es uno de los 42 Estados que imponen formalmente penas más severas por delitos perpetrados por rechazo hacia la identidad de género o la orientación sexual, más allá de su incumplimiento (o no) por parte del Poder Judicial y más allá de las políticas públicas ausentes y los proyectos de ley estancados (como el de la nueva ley antidiscriminatoria). La situación local es opuesta a la de los 32 Estados que poseen leyes abiertamente contrarias; en este sentido, ILGA destaca la situación de Paraguay, primer país de América Latina que a partir de una resolución del Ministerio de Educación prohíbe expresamente la promoción y enseñanza de cualquier información relativa a la entelequia “ideología de género”. 

Un giro trascendental gobierna este material, realizado entre otros por el abogado argentino Lucas Ramón Mendos, uno de los 10 profesionales que trabajan en la casa central de la organización en Ginebra. Mendos fue co-autor del informe 2017, es docente e investigador especializado en derecho internacional de los derechos humanos, diversidad sexual y de género. En 2018 recibió la propuesta de sumarse como oficial superior de investigación y junto al resto del equipo modificó las escalas utilizadas hasta el momento. Antes, el mapa funcionaba como un semáforo que partía de un rojo fuerte para los países que imponen pena de muerte hasta llegar a un verde oscuro para aquellos que permiten el matrimonio igualitario. Ahora, “las bodas” dejan de ser el faro e ILGA pone el acento en la protección legal contra la discriminación. El cambio parte de la consideración especial de las posibilidades del movimiento LGBTTIQ+ a escala mundial: en muchos contextos culturales, políticos y sociales las organizaciones de la diversidad no priorizan el matrimonio igualitario sino la resolución de cuestiones más urgentes. Por ejemplo, construir marcos jurídicos con herramientas eficaces para combatir la discriminación en ámbitos laborales, de salud, educativos y en el acceso a servicios. A su vez, este año más de 60 activistas y académicos de todas las regiones contribuyeron con el trabajo (10 veces más el número de colaboradores habituales). Así, la situación de cada uno de los 70 países punitivistas es analizada en profundidad, considerando no sólo cómo viven quienes allí sobreviven sino también cómo funcionan las instituciones, cómo votó cada uno de ellos ante Naciones Unidas y cómo la ONU (y la OEA en el caso de América) supervisa e incide. Por último, el mapa que integra “Homofobia de Estado 2019” fue sometido a pruebas de colorimetría y puede ser leído por personas con daltonismo. 

La pena de muerte por actos sexuales entre personas del mismo sexo es impuesta en 6 Estados. En 4 de ellos en todo el territorio (Irán, Arabia Saudita, Yemen y Sudán); en 2, sólo en provincias específicas (Somalia y Nigeria). Hay otros cinco Estados (Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Mauritania) en los que esa pena se deriva del Código Penal o la Constitución a la ley islámica. Por otro lado, 73 naciones tienen leyes que castigan la discriminación en los lugares de trabajo. En el año 2000 eran solamente 19, por lo que se han cuadruplicado. Cabe destacar que estos virajes no han sido monopolizados por el denominado “Norte Global”, sino que se han registrado fuertes avances en América latina y algunos países de África.

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