La coordinadora del equipo de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Macarena Sabin Paz, evaluó que “la Resolución 715 es un avance concreto. En un escenario donde los avances para la implementación de la ley son escasos, las pautas son un buen paso”. Sin embargo, remarcó que “al no ser vinculante, deja en pie la norma previa (1876/2016) que, entre otras cosas, fomenta la institucionalización en psiquiátricos”. Por ese motivo, explicó que el CELS junto con otras organizaciones civiles y de usuarios de servicios de salud mental hicieron una presentación administrativa en la Secretaría de Salud para que esas pautas sean obligatorias y se derogue la resolución anterior.

La especialista explicó que “si bien el proceso de implementación de la ley no es homogéneo, porque hay provincias como Río Negro, que sigue el modelo italiano (de Franco Basaglia) desde hace muchos años, o Santa Cruz, que tiene experiencias valiosas, en general, lo que hay, viene traccionado por las organizaciones civiles y no como política de Estado”.

En ese sentido, recordó que en febrero pasado, en Bolivia, un grupo de organizaciones de la sociedad civil expuso la gravedad de la situación de los psiquiátricos argentinos y las dificultades en el avance de la ley ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde estaba presente el Estado argentino como parte denunciada.

De acuerdo con el CELS, las organizaciones describieron que “el encierro, las celdas de aislamiento, la sujeción mecánica y principalmente los psicofármacos, son los mecanismos de control” que se aplican. Como consecuencia, miles de personas son “víctimas de un sistema que opta por la privación de la libertad, la sobremedicación y la perpetuación de tortura y malos tratos, que arrasan con sus vidas”.

“Es importante remarcar que el Estado argentino reconoció en la audiencia el diagnóstico que hizo la sociedad civil, de que la situación es gravísima y que la ley ha tenido muchos problemas para su implementación”, aseguró Sabin Paz.

Y agregó: “El gran problema de la ley es que no tuvo una política pública que le dé sustancia, ni una adecuación presupuestaria destinada al proceso de externación sustentable, de vivienda y seguridad social”. “En 2014 presentamos junto con la Comisión Provincial por la Memoria y el Movimiento por la Desmanicomialización en Romero, una acción de amparo por la situación del Melchor Romero, el neuropsiquiátrico más grande de la provincia de Buenos Aires. Y recién este año el gobierno provincial se comprometió a invertir 23 millones de pesos para alquilar doce viviendas que van a permitir externar pacientes. Y a su vez, el Instituto de la Vivienda se comprometió a construir diez viviendas en la provincia”, detalló la coordinadora, quien remarcó que la resolución y el avance en el Romero son pasos adelante para implementar la ley, aunque el proceso viene lento y muy dificultoso.