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"PUERTAS ABIERTAS PARA
RECONSTRUIR LA VERDAD"

Poco antes de dejar su cargo, Luis Lugones, interventor civil de la Policía Bonaerense, dialogó con Página/12. Adelantó que sus archivos tienen datos esenciales sobre el terrorismo estatal.

 

Luis Lugones, interventor civil de la Bonaerense.
"Eramos un cuerpo extraño, en la Policía de la provincia."

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Por Andrés Klipphan

t.gif (67 bytes) En pocas horas, los abogados y técnicos que forman parte de la intervención policial encabezada por el ex diputado Luis Lugones abandonarán las oficinas de la ex Policía Bonaerense. El paciente salió de terapia intensiva y pasó a la sala de recuperación. La responsabilidad de recuperar en forma definitiva para la sociedad a la mayor fuerza de seguridad del país cayó en manos de uno de los profesionales que ideó la operación quirúrgica, el ex juez León Arslanian, en los hechos, el nuevo ministro de Seguridad y Justicia. Antes de dejar su cargo --hecho que podría ocurrir el lunes--, Lugones dialogó en forma exclusiva con Página/12. Entre sus manifestaciones, una abrirá la esperanza a miles de familiares que hasta ahora no encontraron respuestas en más de 20 años de reclamo: "Sería muy positivo que gente que haya trabajado en investigaciones sobre la desaparición forzada de personas estudie minuciosamente los archivos que hay en la repartición. Las puertas están abiertas para los que quieran reconstruir la verdad", anunció, e informó que hace algunos meses varios jueces que investigan "la desaparición forzosa de personas durante el proceso militar y la posible identificación de algún desaparecido" allanaron las oficinas de la jefatura policial y secuestraron documentación que podría revelar el destino final de algunos detenidos-desaparecidos.

--¿Con qué se encontró el primer día en que entró al despacho que hasta ese momento había sido ocupado por comisarios o generales del ejército?

--En primer lugar con una sensación de frialdad. Eramos un cuerpo extraño, ajeno. Costó un tiempo importante que la institución en su conjunto aceptara a la intervención civil como un dato de la realidad que era irreversible. También descubrimos el trabajo de contrainteligencia que realizó el personal policial desplazado que se encargaba, y que se encarga aún hoy, de difundir que después de la intervención volvían a reconstruirse las líneas de recaudación. Que se volverían a instalar los bolsones de corrupción favorecida por la burocracia que predominaba en la vieja policía.

--¿Identificaron a las cabezas de los grupos que conspiraban contra la reforma?

--No tengo documentación que lo avale, pero le puedo decir que eran ex jefes y gente de la línea de la estructura de conducción.

--¿Se refiere a, por ejemplo, el ex jefe Pedro Klodczyk, el subjefe Domingo Lugos y Mario "Chorizo" Rodríguez?

--Ignora el declarante (se ríe a carcajadas).

--¿Cuáles son las principales líneas de recaudación que detectaron?

--Le doy un ejemplo: el manejo poco transparente en la administración del dinero destinado al pago de horas adicionales. Sólo en este rubro se movían 80 millones de dólares. Nosotros lo detectamos, hicimos la denuncia penal y separamos a los responsables. Que quede claro, había un manejo poco claro de estos millones, más allá de que la Justicia resuelva con una consecuencia penal concreta contra los involucrados.

--Casi seguro mañana (por hoy) la Legislatura bonaerense aprobará las leyes sobre seguridad que reglamentarán el nuevo Ministerio de Seguridad y Justicia. ¿Cómo deja la institución?

--Dejamos una estructura mucho más abierta. Un diseño distinto en cuanto a seguridad e investigaciones. La posibilidad de diseñar un control interno muy eficaz.

 

--¿Se encontró con una policía muy autoritaria?

--Sí, aunque a partir de la gestión de De Lazzari en la Secretaría de Seguridad se comenzó a modificar, pero todavía quedan resabios de autoritarismo.

--¿Ese autoritarismo tiene que ver con el paso del general Camps por la jefatura de la policía?

--Creo que sí. Algunos remontan la cuestión a cuando el Ejército deformó los objetivos policiales para mezclarlos con otros.

--¿Encontró documentación que se remonta a la guerra sucia? ¿Encontraron archivos sobre desaparecidos o campos clandestinos de concentración?

--No encontramos información en cajas fuertes o computadoras, pero tendrían que venir a trabajar expertos para profundizar una búsqueda sobre la documentación existente de las décadas del setenta y ochenta. Habrá que revisar minuciosamente los registros vinculados a algún dato concreto.

--¿Va a impulsar esta investigación imprescindible para, por ejemplo, conocer el destino final de miles de detenidos desaparecidos?

--Creo que sería muy positivo que gente que haya trabajado en investigaciones sobre la desaparición forzada de personas estudie minuciosamente los archivos que hay en la repartición. La intervención se termina pero el doctor Arslanian, que estará a cargo del nuevo ministerio, está dispuesto, igual que cualquiera de nosotros, a abrirle las puertas para que trabajen los que quieran reconstruir la verdad. Hay jueces que investigan hechos vinculados a violación de los derechos humanos que allanaron oficinas de la jefatura y habrían secuestrado documentación importante.

--¿Quiénes son esos jueces y qué causas investigaban?

--Esa información es confidencial. Lo único que le puedo decir es que las causas están vinculadas a la desaparición forzosa de personas durante el proceso militar y a la posible identificación de algún desaparecido.

 

--¿Qué les quedó por hacer?

 

--Muchas cosas. Pero hicimos mucho. Falta equipar a la policía con modernos equipos tecnológicos de investigación criminal. El Caso Cabezas es un claro ejemplo. Esa investigación se realizó sobre informaciones recogidas en la calle, o de las obtenidas de las declaraciones de los presos en la comisaría. El nuevo Código de Procedimiento Penal no permite eso. Ese es un mecanismo no óptimo que genera sensación de impunidad. Hay que trabajar la investigación criminal seriamente. Con el nuevo Código y con esta reforma policial la investigación del caso Cabezas habría tenido una mayor garantía sobre los instructores que se hicieron cargo de la instrucción del hecho.



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