Por Pablo Ferreira
 La guerra por el dominio
del negocio financiero, reavivada por los españoles del Banco Bilbao Vizcaya (que
compraron y luego fusionaron al Francés y Crédito Argentino), que aconsejaron la
privatización de los grandes bancos públicos, sumó un nuevo capítulo. Tras la dura
réplica del Banco de la Provincia de Buenos Aires –reflejada ayer por este
diario– salió al ruedo el gobernador Eduardo Duhalde, quien levantó su apuesta en
la defensa de las entidades oficiales. Hace una semana había enviado a la Legislatura
bonaerense un proyecto de reforma de la Carta Magna para impedir la privatización del
Bapro. Ahora anunció que impulsará en el Congreso nacional una ley para impedir la venta
del Banco Nación.
“Con los diputados habíamos hablado originalmente de un proyecto para impedir la
privatización del Nación, pero finalmente salió un resolución, lo que no me
convenció, así que vamos a insistir con una ley”, explicó ayer Duhalde en
conferencia de prensa. Duhalde hablará ahora con los legisladores nacionales bonaerenses
para que impulsen esa iniciativa. A su entender, y recurriendo a argumentos similares a
los esgrimidos días atrás, la venta del Nación “causaría un daño en las
economías regionales, fundamentalmente en donde hay muchos pueblos chicos”, de
“consecuencias catastróficas”.
El mandatario provincial no dejó de hacerse eco, además, de las presiones del Bilbao
Vizcaya en pos de la privatización de los dos mayores bancos del Estado, que controlan el
25 por ciento de los depósitos del sistema bancario. “Hay grandes intereses para que
se privaticen los bancos Provincia y Nación porque el sector privado lo ve como un buen
negocio, pero para la sociedad argentina el verdadero negocio es que los bancos sigan
siendo bancos públicos.” El gobernador aprovechó para dividir aguas tajantemente.
“La cosa está muy clara, tenemos que ver si le hacemos caso a la banca internacional
o hacemos lo que nos conviene”, enfatizó.
El gerente general del BBV-Francés, Antonio Martínez Jorquera, había manifestado su
acuerdo en la enajenación de los dos bancos estatales. Entre sus críticas señaló el
“oportunismo político” de quienes creen en la necesidad de llegar a
determinados sectores “desamparados si nos los atiende el banco público”. Y
calificó esa idea de “perversa”. Al respecto, Martínez Jorquera reconoció la
validez de subvencionar a un sector económico o a una región, pero que eso no quiere
decir dar créditos para no cobrarlos. También acusó a la banca pública de no jugar con
las mismas normas que la privada, como en el caso del manejo de la “prebenda” de
los fondos públicos.
En una carta dirigida a Martínez Jorquera, el gerente general del Provincia, Alberto
Canos, le retrucó expresando su “sorpresa y desagrado” por las
“arbitrarias e infundadas declaraciones (...), en las que evidencia desconocimiento
de las características del sistema financiero”. Y gatilló: “Entiendo la
presión a que se ve sometido al no poder penetrar en el mercado en la forma que se
imaginaba, con el respaldo de una institución como el BBV, pero lo cierto es que en los
análisis y proyecciones de vuestro negocio debieron evaluar adecuadamente el sentimiento
de arraigo, pertenencia y fidelidad de la comunidad bonaerense hacia el Banco
Provincia”.
La presencia activa del Nación como del Provincia en el mercado, que tanto incomoda a la
banca privada, provocó ayer otro motivo para que las campañas para su privatización se
intensifiquen. El Nación decidió habilitar una nueva línea de crédito de 200 millones
de pesos para las pequeñas y medianas empresas, que serán prestados a una tasa inferior
al promedio del mercado. El costo de los créditos para las microempresas, cuyas ventas
anuales no superen los 450 mil pesos, será del 11,5 por ciento anual.
LA BANCA PUBLICA BAJO LA LISTA DE
ECONOMISTAS
Alfredo García, del IMFC
“La búsqueda de la privatización del Nación y Provincia esconde el intento de los
grandes bancos privados de desterrar a unos de sus mayores y, quizá, mejores
competidores. Los bancos privados han incorporado mucha tecnología, nuevos productos y se
están concentrando, pero los bancos Nación y Provincia siguen liderando el negocio y no
sólo en el bancario. Ninguna de las dos entidades da pérdidas, por lo que no se le puede
objetar que castiguen las finanzas públicas, ni tampoco que otorguen créditos de
fomento. Lo que hacen es trasladar sus depósitos a los productores que no consiguen
crédito de la banca privada, ni los van a conseguir. Esto lo dice el propio Banco Mundial
en su último informe anual, donde admite que la banca privada deja segmentos sin atender,
como por ejemplo a los sectores agrícolas, en especial en situaciones de desastre
climático. Además, son bancos que operan dentro de las condiciones del mercado. Si no
fueran eficientes no tendrían los niveles de depósitos que manejan. Son ejemplos de que
se puede administrar relativamente bien este tipo de entidad.”
Roberto Lavagna, de Ecolatina
“Pedir la privatización de los grandes bancos oficiales hoy, con la actual
estructura del sistema financiero, es ignorar el papel de fomento que cumplen estas
entidades sobre todo con respecto a las pequeñas y medianas empresas. En este momento la
banca privada no está en condiciones de atender a las PyMEs. Pero, por otro lado, es
necesario considerar un problema grave de la banca pública, que destina muchos recursos a
atender grandes empresas y no puede estar para eso. No tiene sentido que en lugar de
dedicarse exclusivamente a las empresas de menor tamaño, termine comprometiendo una
elevada cantidad de fondos como ha
hecho en el pasado el Provin-cia con la desaparecida Em-
presa de Energía provincial, o el Nación con el grupo Yoma en la actualidad. Hay que
llevar adelante un proceso de transformación de todo el sistema para que los bancos
privados puedan llegar a las PyMEs y, además, establecer por ley una limitación a los
públicos en materia de canalización de sus recursos.”
Roberto Frenkel, director del CEDES
“El Banco Nación y el Provincia de Buenos Aires, en mi opinión, deben seguir
operando en manos del Estado. Esta es una posición que, además, ha sido adoptada
también con toda claridad por la alianza UCR-Frepaso. La primera razón es que tiene que
existir un banco, como es el caso del Nación, que pueda cumplir el papel de estabilizador
del sistema financiero en momentos de crisis. Dado que la ley le prohíbe al Banco Central
cumplir esa función, sostener esa capacidad de intervenir en el sistema financiero,
aunque sea en forma parcial, es fundamental, tal como quedó en evidencia durante la
crisis del Tequila. Por otra parte, tanto el Nación como el Provincia resultan necesarios
considerando que el sistema financiero, cada vez más concentrado, está segmentando el
destino de sus préstamos. El resultado es que deja sin posibilidades de acceso al
crédito a sectores empresarios como las pequeñas y medianas empresas y a diversas
regiones del país. Por ello debe haber una banca que cumpla esa función.”
LOS BANCOS
DEBERAN PAGAR UN CUESTIONADO APORTE
ZANOLA GANA EN LA JUSTICIA
El secretario general
de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, acaba de ganar otra batalla legal en la
guerra que viene librando con el Poder Ejecutivo y las entidades bancarias por una
contribución adicional del uno por ciento sobre los sueldos para su obra social. Un nuevo
fallo judicial hizo lugar al amparo presentado por el sindicato contra el decreto 336/98,
que manifestaba que la Obra Social Bancaria (OSBA) “no es continuadora del Instituto
de Servicios Sociales Bancarios”, y por lo tanto le negaba el derecho a gozar del
beneficio concedido al desaparecido ISSB.
Los bancos habían logrado que el Ejecutivo, por decreto del año 1996, derogara la
contribución adicional establecida por la ley 19.322. Posteriormente, tres sentencias en
el fuero federal y dos de Cámara lo declararon “nulo e inconstitucional”. El
último fallo en favor de la obra social bancaria fue emitido por la Cámara Federal el 5
de febrero pasado, y ordenaba al Ejecutivo “mantener intangible la percepción de la
contribución” aludida “a favor del ISSB u organismo sustituto en que el mismo
se haya transformado”.
En base a esa jurisprudencia, la obra social bancaria inició las inspecciones y
fiscalizaciones en los bancos con el fin de obtener el pago de las contribuciones. La
cifra en juego, se asegura, representa varios millones de pesos anuales en aportes. El
Poder Ejecutivo, mediante una argucia para eludir la orden judicial, dictó posteriormente
el decreto 336 que desconoce a la obra social bancaria el carácter de continuador del
ISSB. Zanola devolvió el golpe recurriendo, una vez más, a la vía de la Justicia,
obteniendo una medida precautoria que ordena al Ministerio de Economía “abstenerse
de ejecutar lo decidido por el decreto 336/98, específicamente en cuanto hace a la
supresión de las contribuciones al ISSB”.
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