Página/12

El Ministerio del Interior y la Policía Federal tejieron una red de seguridad para evitar que Norberto Oyarbide tuviera que presentar su renuncia como juez federal, ante la crisis provocada por la aparición de un video privadísimo. El inevitable escándalo pondría al descubierto las relaciones del juez con la Policía e Interior y un nivel de gastos difícilmente explicable con su sueldo oficial. El respaldo de la Casa Rosada no se limitó a evitar que esta información trascendiera, sino que se extendió a cubrir un hecho delictivo que lo roza: un ex amigo de Oyarbide, que filmó el video, salvó su vida por milagro tras sufrir una emboscada cerca de Zárate. Este amigo del magistrado recibió cuatro balazos y actualmente es protegido por una servicio privado de seguridad. Sólo Oyarbide y un alto oficial de la Policía Federal conocían la existencia de la cinta que gatilló este escándalo institucional. El video de escasos cinco minutos, muy borroso y con letras de molde sobreimpresas, tiene como principal protagonista a Oyarbide y pertenece a su vida personal. Ahora, Carlos Corach y la cúpula de la SIDE y de la Policía Federal tendrán que decidir si continúan respaldando a Oyarbide o si presentan a la Justicia todas las pruebas que tienen en su contra.

A mediados de abril, este periodista se encontró con Oyarbide en el Mirasol, un restaurante frecuentado por Miguel Angel Vicco, Daniel Haddad y Juan Bautista "Tata" Yofre, entre otras estrellas de la cultura oficial. La conversación se extendió por quince minutos, tuvo como escenario una mesa ubicada afuera del salón principal y fue presenciada por un testigo no relacionado con el caso. El juez federal aceptó la existencia del video, presentó información tergiversada sobre la identidad del improvisado cineasta y aseguró que era objeto de una extorsión.

En lugar de cumplir con su obligación profesional, Oyarbide esquivó a la Justicia y pidió protección política. El magistrado se recostó sobre Corach y empezó a rezar para que este asunto no llegara a los medios de comunicación. Oyarbide no estaba preocupado únicamente por la cinta, sino también porque a partir de ella se colocaba en el medio de un escándalo que pondría al descubierto ciertas circunstancias de su vida que, con un simple sueldo de magistrado, puede resultar complicado justificar.

Su Señoría importó de Italia cuatro estatuas valuadas en casi 100.000 dólares, viste trajes nuevos y perfectos de Hugo Boss, luce joyería de Bulgary, cena habitualmente en Puerto Madero y exhibe un mobiliario en su oficina --se la conoce como Casa Foa-- que no fue aportado por la Superintendencia de la Corte Suprema. Sin olvidar, en este apretado recorrido por su patrimonio, su impresionante reloj, la pantalla gigante que está ubicada en el living de su departamento y el baño de mármol, que se lo copió al empresario Mario Falak.

Oyarbide era un oscuro secretario de la justicia penal ordinaria cuando llegó al Fuero Federal para reemplazar a Martín Irurzun, ascendido justo cuando investigaba la conexión argentina de la Tangente italiana. El flamante juez federal archivó las actuaciones de la Tangente, se dedicó a profundizar sus relaciones con la Policía Federal y cumplir con sus promesas a Corach, una actividad que no le traía ninguna complicación moral. Corach se convirtió en su padrino y María Luisa Riva Aramayo, una camarista federal amiga del ministro, en su consejera legal y política.

Con la aparición del video, Oyarbide exigió respaldo en Balcarce 50 y en el Departamento Central de Policía, que llegó rápidamente y de manera silenciosa. Un alto oficial de la Policía Federal se puso en contacto con el ex amigo de Oyarbide para saber qué quería y plantear una tregua. El oficial tenía la orden de callar al testigo de cargo y pagar los costos necesarios, para evitar que Oyarbide siguiera los pasos de los ex jueces Trovato y Branca. No hizo falta pagar un solo centavo: el testigo estaba tan asustado que juró no abrir la boca si le perdonaban la vida y no se metían en su actividad profesional, que no consiste precisamente en editar videos sobre la familia judicial.

Oyarbide y su ex amigo se conocieron en la noche porteña hacia fines de 1993. Su Señoría recién desembarcaba en la justicia federal y jamás había escuchado hablar de la marca Hugo Boss. Con este amigo viajaron a la costa, festejaron juntos la Navidad en familia y empezaron a pensar negocios juntos, alentados por las conexiones que Oyarbide empezaba a tejer en la Casa Rosada.

Pero a mediados de 1997, Oyarbide decidió romper relaciones con su amigo. Hubo una recordada pelea en el propio despacho del juez y la amistad se quebró para siempre.

El ex amigo no hizo más que quejarse en público de sus avatares y la información llegó a cierta oficina de la SIDE que intentó usufructuar el entredicho. Primero pensaron en aprovechar los conocimientos del ex amigo del magistrado y después en "soplarle" Oyarbide a la Policía Federal, que siempre lo utilizó como fuerza propia. Fue en esta oficina de la SIDE donde surgió la idea de extorsionar al juez con el video para conseguir los favores del magistrado. La maniobra fue rápidamente abortada por la cartera de Interior, frente al insistente pedido del propio interesado.

Mientras esta jugada se seguía con atención en el Departamento Central de Policía, el ex amigo de Oyarbide recibía una invitación para viajar a Zárate. La excusa fue visitar a un conocido conductor de televisión, que tiene una chacra por la zona.

Cuando nadie lo esperaba, dos coches --uno atrás y el otro adelante-- flanquearon el poderoso automóvil del ex amigo de Oyarbide para detener su marcha. Luego se bajaron dos personas de contextura mediana y apuntaron sobre el ex amigo del juez, mientras el supuesto entregador escapaba sin un rasguño.

Sin lugar para huir, en medio de un camino paralelo de tierra y oscuro, el ex amigo de Oyarbide decidió resistirse: con un balazo en el pómulo derecho y otro en el codo izquierdo, este empresario con pasado de boxeador golpeó a su victimario y empezó a correr para salvar la vida. Recibió otros dos tiros en la espalda antes de caer en una fosa llena de agua estancada, ramas y basura. Estuvo ahí siete horas, hasta que logró llegar al hospital Virgen del Carmen, donde fue atendido de urgencia.

La investigación policial del atentado estuvo en manos del Destacamento Islas (Zárate) y pronto llegó a los oídos del Gobierno y también a los contactos que el magistrado tiene en la noche porteña. Los amigos nocturnos del juez se sorprendieron por la historia, pero le restaron credibilidad ante la escasa relevancia institucional de la víctima.

Sin embargo, esta mirada incrédula cambió cuando uno de los adicionistas del Mirasol, el argelino Zinnedine --como reveló ayer el diario La Nación-- se presentó ante la Justicia para denunciar a Oyarbide por presuntas amenazas, una variable que la Casa Rosada no había previsto cuando montó la red para proteger a uno de sus magistrados preferidos. Según la denuncia, el juez le habría dicho "te quedan 48 horas de vida" para que no revele la existencia del video.

Oyarbide duda acerca de sus próximos pasos. El Gobierno juró que lo iba cuidar, siempre y cuando la información reservada en su contra no llegara a los medios de comunicación. Ahora, con esta hipótesis consumada, Corach y la cúpula de la Policía Federal desandarán el camino y desmentirán cada una de las reuniones que tuvieron para tratar el caso Oyarbide.

Resta saber si el magistrado presentará batalla o si aceptará las consecuencias en silencio como están haciendo Trovato y Fassi Lavalle. El ministro Corach se comprometió a mantener la boca de Oyarbide cerrada, una hipótesis de trabajo que anoche ya estaba en duda. Su Señoría tiene muchas ganas de arrepentirse y tirar del mantel, a pesar de las veladas advertencias que está recibiendo en las últimas horas.

Desde que decidió defender a Carlos Telleldín, el testigo clave del atentado a la AMIA, Víctor Stinfale, aprendió a manejar causas judiciales muy vinculadas a la política y el poder. Quizás por esta razón, Luciano Garvelino eligió nombrarlo su defensor. "Aquí no hubo un intento de robo, como dicen por ahí. Aquí quisieron matar a mi cliente, ésa es la verdad", señaló Stinfale a Página/12.

--¿Por qué no, hay otra persona conocida de su cliente que ya pidió una investigación?

--Mire, yo me manejo con evidencias concretas. Y como hombre de derecho me resisto a pensar que Oyarbide esté vinculado con el intento de asesinato de mi cliente.

--¿Su cliente recibió amenazas antes de sufrir el presunto intento de asesinato?

El Juez Baltasar Garzón intentará averiguar si dos familiares de Emilio Massera tienen cuentas en Suiza. Se trata del fallecido hermano Carlos Alberto y el hijo Eduardo Enrique Massera Vieyra, quienes estarían involucrados en el expolio de unos terrenos de la empresa Cerro Largo S.A, en Chacras de Coria, Mendoza. Los cuatro socios de dicha empresa, incluidos el español Conrado Higinio Gómez, fueron llevados a la ESMA en enero de 1977 y desde entonces están desaparecidos. En su inminente solicitud de cooperación judicial a Suiza, Garzón incluirá también al martillero Pedro Añón, al escribano Oscar Maglie Gagliardi y al ex director del Banco Nación, Genaro Contartese. Este último aparece vinculado en una de las sociedades utilizadas por los Massera para apropiarse de los terrenos de Chacras de Coria y ya tiene cuentas bloqueadas en Suiza por la causa IBM-Banco Nación, en la que está procesado.

Garzón enviará una comisión rogatoria a Berna con los datos filiatorios de los parientes de Massera. Ambos estarían presuntamente involucrados, junto a Mario Cédola Silvestri, Jorge "Gabriel" Rádice, y Hugo Daniel "Alemán" Berrone.

Otro de los datos que Garzón está manejando estos días es la posible relación existente en el pasado entre el actual interventor del PAMI, Víctor Adrián Alderete y el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason. Ambos figuran, junto a Wenceslao Bunge, en la sociedad SMC, que presidía el fallecido "Chacal" Alberto Juan Camps. Si bien no ha trascendido, es posible que Garzón también curse alguna rogatoria al respecto. Se percibe demasiada calma en el primer piso de la calle Génova, sede de la Audiencia Nacional. Señal inequívoca de devastación.

El juez español estudia detalles que figuran en la causa por la desaparición de más de 500 españoles durante la última dictadura. Para ello, el instructor trabaja a destajo en un discreto despacho situado fuera de la Audiencia Nacional, con 52 de los 55 tomos que ya tiene el Sumario 19/97.

Básicamente Garzón está trabajando en dos escritos. En uno de ellos, con toda probabilidad dictará el procesamiento definitivo de más de 40 militares de la Armada que ya están imputados por su actuación en el campo de concentración de la ESMA. Por otra parte, el juez español prepara un auto en el que ratificará su resolución del pasado 25 de marzo sobre la competencia de la justicia española en la causa, y así dar respuesta a los recursos presentados por el fiscal Pedro Rubira y Adolfo Scilingo.

Tras éste pronunciamiento de Garzón, será el pleno de la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional quien deba resolver definitivamente sobre la cuestión de la competencia. Este Tribunal de alzada será el que ordenará a Garzón si puede continuar investigando o bien tiene que archivar la causa.

En el auto de procesamiento que prepara Garzón, es muy posible que incluya al general Lepoldo Galtieri y otros militares que actuaron en Rosario durante la represión. El juez habría recibido pruebas documentales sobre el vuelo de un Hércules C-130 que partió del aeropuerto de Fisherton "a principios de junio de 1978", con varios detenidos-desaparecidos procedentes de Granadero Baigorria, quienes fueron arrojados vivos al Atlántico por orden expresa de Galtieri cuando se desempeñaba como comandante del II Cuerpo de Ejército. El juez también ha obtenido pruebas sobre la presencia de Galtieri en la ejecución de la dirigente montonera Raquel Negro Alvarez.

En los últimos días, el magistrado también recibió numerosa documentación procedente de los Estados Unidos. Según pudo confirmar Página/12, el pasado 3 abril, Garzón recibió copias certificadas de una declaración efectuada, en calidad de testigo, por Robert Scherrer. Este agente del FBI cumplía destino en la Embajada norteamericana en Buenos Aires cuando se produjo el golpe del 24 de mayo de 1976. Scherrer, prestó declaración en Washington el pasado 12 de enero, ante el también juez de la Audiencia Nacional española Manuel García Castellón, quien viajó especialmente a los Estados Unidos.

LA VENTANA INDISCRETA

Hasta ahora "La ventana indiscreta" era un clásico de Hitchcock, en el que un enyesado y aburrido James Stewart se dedicaba a espiar a sus vecinos con un largavista, hasta que descubría un crimen. Menos ambiciosa, pero no menos indiscreta, esta ventana espiará a los vecinos del poder para descubrir lo que callan o sólo dicen off the record.

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En su reciente paso por Buenos Aires el fiscal neoyorquino John Moscow admitió off the record que el mayor accionista individual del Citibank fue, hasta hace poco, un testaferro que canalizaba grandes sumas de dinero de origen desconocido. A ese misterioso testaferro las autoridades de Estados Unidos lo obligaron a vender todas las acciones que tenía en el banco. Aunque Moscow no quiso revelar su nombre, un indiscreto le juró a La Ventana que se trataría de Su Alteza el príncipe Al Walid Al Saud, que recientemente visitó esta capital y paseó por el centro en una limusina blanca de vidrios polarizados, en compañía del director ejecutivo del Citi, Ricardo Handley. El príncipe, dijeron otras fuentes, fue uno de los principales accionistas del BCCI de Gaith Pharaon y habría sido multado en más de 100 millones de dólares por el gobierno norteamericano.

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Los teléfonos son peligrosos y los jueces deberían saberlo más que nadie. Jorge Brugo, el magistrado que investiga la famosa causa del oro, en la que está involucrado Domingo Cavallo, ordenó hace un tiempo el allanamiento de un piso ubicado sobre la avenida Rivadavia cerca de Plaza Once. El policía que tuvo a cargo el procedimiento llamó al juez desde el departamento allanado y le informó: "Doctor, aquí sólo hay dos pibes y lo único que encontramos es el pucho de un porro". "Bueno --ordenó el juez-- tire la colilla y venga para acá". La instrucción era correcta y de buena fe, pero el teléfono usado por el policía estaba intervenido por otro magistrado que investiga una causa por drogas y ahora acusa a su colega por "destrucción de evidencia". Complicación que no le viene nada mal a todos los que han estado presionando para que Brugo "lo cocine al Mingo".

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Un alto jefe del duhaldismo especuló ante La Ventana. "El candidato alternativo de Carlos no es Palito, sino De la Rúa que, al fin y al cabo, no hurgó en los cajones de la Municipalidad buscando papeles sucios de Grosso o Domínguez. A Menem no le interesa ni loco que surja otra figura justicialista."

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Otra que viene del duhaldismo: no habrá gran acto justicialista el 25 de mayo sino el más remoto 17 de octubre, Día de la Lealtad en el santoral peronista. Algunos estrategas como Alberto Pierri temen que en las tribunas pueda haber gritos hostiles contra Menem y de momento nadie quiere la confrontación abierta y total con el Presidente. "Estamos bastante débiles para eso", confiesan los más sinceros.

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En la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires no cayó nada mal el alejamiento del impetuoso reformador policial Alberto Binder. El alto tribunal tuvo varios cruces con el jurista cuando éste intentó traspasar la instrucción de los ilícitos de la policía a los jueces de un plumazo. No sólo pidieron su cabeza y la lograron, sino que acuñaron una expresión derivada de Auf vidersehen, el adiós alemán, jugando con el apellido del decapitado. Ahora, cuando quieren librarse de un personaje molesto, proponen auf binder y alguien aceita la guillotina.

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El chiste (de grueso calibre) se lo atribuye al escritor David Viñas: ¿En qué se diferencia la actitud de Monica Lewinsky hacia Clinton de la de la Corte hacia Menem?... En que la Corte sólo le chupa las medias.

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El caso tuvo lugar a fines de los '80. El asesinato de dos niños, Luna y Martínez, fue denominado "el María Soledad puntano". No faltó ninguno de los ingredientes de lo que ya es un clásico criollo: reemplazo de jueces, solicitud de jurado de enjuiciamiento para los que permanecían, vinculaciones con el poder, mutilaciones en los cuerpos, equívocos policiales y hasta una huelga de los abogados de Villa Mercedes que decretaron el deceso de la Justicia en la provincia. Tampoco faltó el encarcelamiento de una familia, los Amitrano, rápidamente sindicada como culpable de las muertes. Hoy los Amitrano han sido sobreseídos y su abogado, Rolando Contreras, anunció a los íntimos que esta semana piensa pedir la reapertura de la causa sobre la base de nuevos elementos de prueba que le permitirían llegar hasta los culpables, muy próximos al gobernador Adolfo Rodríguez Saa, según dijo. Esta vez, subrayó, "las gruesas cuatro paredes de San Luis no alcanzarán para mantener la impunidad a buen recaudo".