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 Desde hace cuatro
años, la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, María Julia Alsogaray, y el
gobierno de Santiago del Estero discuten a quién le corresponde hacerse cargo de las 30
toneladas de residuos tóxicos enterradas clandestinamente en Argentina, un poblado de
casi 300 habitantes, en el sudeste de esa provincia. Se trata del depósito ilegal más
grande descubierto en América latina, que incluye productos de altísima toxicidad y uso
prohibido, como el Gamexane y el DDT. El juez federal Angel Toledo dictaminó que María
Julia debía hacerse cargo de la disposición final de esos residuos, pero la funcionaria
apeló la medida porque, dice, no le corresponde. Ahora, dos organizaciones ambientalistas
pidieron que María Julia y el gobernador Carlos Juárez se ocuparan del problema en forma
conjunta. El 18 de junio de 1990, 30 toneladas de residuos tóxicos fueron descargadas de dos vagones del ex ferrocarril Mitre, y enterradas sin otra autorización que el silencio en ese pueblo olvidado del sudeste santiagueño. Un grupo de diez operarios contratados en Palo Negro, unos kilómetros al sur de Argentina, fue el encargado de abrir dos pozos de 6 metros de largo y algo más de un metro de profundidad y descargar en ellos las 30 toneladas distribuidas en bolsas de 25 y 50 kilos. Los obreros desconocían el contenido de las bolsas, pero sufrieron sus efectos: dolores de cabeza, vómitos y mareos. Ese 18 de junio, los lugareños dejaron de percibir el olor fuerte que despide el Gamexane y que los había perseguido durante los tres días en que la carga permaneció estacionada en los vagones. A partir de entonces, los tóxicos estuvieron en contacto con el suelo. Sobre la ruta nacional 34 y a 200 kilómetros de la capital de Santiago, próximo a la frontera con Santa Fe, pocos lugares como Argentina ofrecían tantas ventajas para que un cargamento molesto fuera tragado por la tierra sin que se oyeran protestas. El terreno donde fue ocultada la carga tóxica se encuentra detrás de la estación, a 150 metros de la escuela primaria del lugar. En 1994, dos organizaciones ecológicas hicieron la denuncia a la Justicia federal que, pasados cuatro años, no pudo encontrar a los responsables, aunque el periodismo ya los ubicó. Mario Fortunato Góngora, jefe de la estación ferroviaria de Argentina en aquella época, declaró que "desde la oficina de control de trenes, en Ceres (Santa Fe), me informaron que venían dos vagones con Gamexane". La carga, en realidad, constaba además de 33 plaguicidas y sustancias tóxicas de extrema peligrosidad como el DDT, según lo determinó un estudio cromatográfico de gases realizado por el Laboratorio Ambiental de la Municipalidad de Córdoba, a pedido de las organizaciones ecologistas Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), de Córdoba, y Salus Terrae, de Santiago del Estero. En julio del '94, ambas organizaciones presentaron una denuncia penal contra Esteban Camacho, ingeniero de la ex línea Mitre, privatizada como Nuevo Central Argentino (NCA), quien habría sido el encargado de ordenar la operación, y contra la productora del Gamexane, la Imperial Chemical Industries (ICI), cuya filial en el país era más conocida como Duperial. La investigación recayó en el juzgado a cargo de Toledo. Cuando el juez se dispuso a allanar las oficinas de ICI, descubrió que en Leandro Alem 1110, donde había constituido domicilio, la empresa ya no estaba. La fiscalía jamás pudo dar con ella, aunque su sede en Buenos Aires es Paseo Colón 221, 4º piso. Lo mismo ocurrió con el ingeniero Camacho, inhallable para la fiscalía, aunque trabaja en la central de NCA en Tucumán, y suele concurrir a Argentina como inspector de cuestiones ferroviarias. Allí fue donde, 15 días atrás, intentó espantar a los periodistas del diario El Liberal de Santiago del Estero, cuando pretendían entrevistarlo. La carga tóxica generó un conflicto de jurisdicciones entre la provincia y la Secretaría de Recursos Naturales. El Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, pidió en diciembre de 1997 que María Julia se hiciera cargo de las bolsas, y el juez Toledo le dio la razón. Pero la funcionaria dijo que a ella no le corresponde. Mientras dura la disputa, los residuos se siguen mezclando con la tierra y el agua de Argentina.
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