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LAS BATALLAS ENTRE LOS DERROTADOS DEL 26 DE OCTUBRE, MENEM Y DUHALDE, CONFUNDEN LAS PÁGINAS POLÍTICAS Y LAS POLICIALES

DE ARMENTANO A GARBELLANO

Una vez más facciones opuestas del Partido Justicialista están destruyendo el aparato del Estado al usarlo en forma salvaje para dirimir sus diferencias. Pero los agrupamientos de hoy no pueden leerse según líneas ideológicas, sino de intereses. Hechos de origen e índole diversos se ordenan en torno de la confrontación entre los dos grandes vencidos en las elecciones del último 26 de octubre. Pero como la derrota disgrega, también al interior de los bandos están actuando fuerzas centrífugas que amenazan desmoronar las estructuras construidas en tiempos mejores. Es el turno de las instituciones federales de seguridad y espionaje y de la rama federal de la Justicia. De Poli Armentano a Luciano Garbellano.


Por Horacio Verbitsky

t.gif (67 bytes) Una palabra mágica cambió el curso de la sesión de la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados en que se discutía la suerte del juez federal Norberto Oyarbide y puso de manifiesto la hostilidad desatada entre los servicios de seguridad y espionaje del gobierno nacional. Bastó que el diputado de Acción por la República, Guillermo Francos, pronunciara el nombre Bettina, para que la bancada justicialista desistiera de su anunciado propósito de defender al juez y se sumara a la oposición para abrir el procedimiento legal que conduciría a su acusación ante la Cámara de Senadores. Francos dijo que el comisario Roberto Rosa habría tenido una relación sentimental con la secretaria del ministro del Interior Carlos Corach, Bettina, a través de quien habría canalizado hacia arriba la recaudación por la protección al negocio ilegal del proxenetismo. Francos no sabía ni el apellido de la persona que mencionaba. Fueron los legisladores justicialistas quienes debieron explicarle que Bettina Guardia de Bulgheroni no fue secretaria privada sino jefa del gabinete de asesores de Corach, cargo al que renunció para casarse con uno de los más ricos empresarios del país, el presidente de la petrolera Bridas, Alejandro Bulgheroni, con quien tuvo un hijo hace seis semanas.

Entrevistada por este diario, Bettina Guardia atribuyó las versiones que la involucran a un ataque de la SIDE en contra de Corach. Añadió que no quería hablar de la SIDE porque allí había gente que la odiaba y a la que temía, y dijo que en mayo de 1996 simultáneamente padecieron amenazas y simulacros de atentados los jefes de gabinete de tres ministerios. Su inquietante relato permite asomarse al clima de persecución entre facciones enfrentadas que se vive en el gobierno nacional y conocer el tipo de hostigamiento que se intercambian. Aunque en público Corach y Hugo Anzorreguy se palmean como viejos amigos, en privado el ministro formuló furibundas recriminaciones al jefe de la SIDE luego de recibir un reclamo de Bulgheroni por las alusiones ofensivas a su esposa. Corach atribuyó a Anzorreguy la información que el cavallista Francos virtió en el Congreso. Esta no es la única preocupación del gobierno vinculada con el caso Oyarbide. También hay temor de que aparezca alguna fotografía del ministro del Interior en compañía del recepcionista del restaurante "El Mirasol", el ingeniero políglota argelino Zinedine Raschen, amigo del dueño de prostíbulos Lucio Garbellano, que denunció haber sido amenazado de muerte por Oyarbide. El juez comía allí alternativamente con proxenetas y policías. En ese mismo lugar pasó su última noche antes de ser asesinado el también empresario de la noche Leopoldo Armentano, quien compartió la mesa con el secretario presidencial Ramón Hernández, con Guillermo Cóppola y con otro comisario de la Policía Federal, Guillermo Armentano, entonces jefe de la custodia presidencial y sin parentesco con el dueño de "El Cielo". El propio presidente Carlos Menem llegó a entrar a la parrilla aquella noche de abril de 1994, pero se retiró al verla demasiado llena. Hay quienes no creen que es mera casualidad que el juez que investigaba aquella causa, Franciso Trovato, haya sido destituido y terminado en la cárcel, luego de un intento de extorsión a Hernández que parece calcado de las denuncias cruzadas en estos días por Oyarbide y Zinedine.

Como hace veinte años, también ahora las facciones opuestas del Partido Justicialista están destruyendo el aparato del Estado por la forma salvaje en que lo utilizan para dirimir sus diferencias. Pero los agrupamientos de hoy no pueden leerse según líneas ideológicas, sino de puros y duros intereses, y quienes recurren a atajos violentos no los reivindican. Una serie de hechos de origen e índole diversos han comenzado a ordenarse en torno de la confrontación entre los dos grandes vencidos en las elecciones del último 26 de octubre, que les imprime un significado inquietante, superpuesto a la dinámica propia de cada situación. Pero como la derrota disgrega, también al interior de los bandos están actuando fuerzas centrífugas que amenazan desmoronar las estructuras construidas en tiempos mejores. El turno parece haberles llegado a las instituciones federales de seguridad y espionaje y a la rama federal de la Justicia, en dos episodios cubiertos por la sombra del combate entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde, pero también de las escaramuzas menores entre la SIDE y la Policía Federal por el control de un arma extorsiva tan filosa como la prostitución.

Repercusiones institucionales

Durante la sesión de la comisión de juicio político del miércoles, Francos solicitó que un tramo de la reunión fuera secreto, porque dijo poseer información con eventuales graves repercusiones institucionales. Ante una audiencia estupefacta dijo que, de acuerdo con sus fuentes, que no identificó, el propietario de prostíbulos Luciano Garbellano había ofrecido en venta una serie de quince videos, como venganza por un problema personal con Oyarbide. Añadió que el ex comisario de la disuelta maldita policía bonaerense, Mario Naldi, ahora contratado por una secretaría de la Presidencia de la Nación, recibió la oferta y concibió la idea de utilizar parte de ese material (y de producir otro con nuevos actores) para forzar la obediencia del juez a la SIDE y apartarlo de la Policía Federal, a través de la cual lo controlaría Corach. El ingeniero de la SIDE Jaime Stiuso debía instalar las cámaras pero el comisario Roberto Rosa lo supo, y Garbellano fue víctima de un intento de asesinato, el 24 de marzo, en Zárate. Francos advirtió que no había tenido tiempo de chequear la información pero que se sentía obligado a comunicarla a sus pares antes de que tomaran una decisión. "No sea cosa que hoy se decida dejarlo en funciones y mañana aparezcan públicamente estas cosas", dijo. Cuando el silencio ya dolía, agregó que el jefe de la División Seguridad de las Personas de la Policía Federal, puesto en situación de disponibilidad por sus vínculos con Garbellano, había tenido una relación sentimental con una secretaria del ministro del Interior Carlos Corach a quien identificó como Bettina. A través de ella, la recaudación llegaba hacia el ministerio, agregó. En cuanto Francos nombró a Bettina, el bloque justicialista se electrizó. Uno de sus miembros explicó que ese era el nombre de una de las más íntimas colaboradoras del ministro, y contó su historia. Otro legislador justicialista dejó la sala y desde un pasillo se comunicó con el ministerio del Interior. Un periodista de radio y televisión lo escuchó desde pocos pasos de distancia comunicar por teléfono que la situación de Oyarbide era insostenible y que si el gobierno no lo soltaba de la mano en ese mismo momento la situación amenazaba con tornarse inmanejable, implicando al propio ministro en la protección de los prostíbulos. El diputado volvió a la reunión y, luego de un cuarto intermedio, el bloque justicialista aceptó abrir el procedimiento. Como motivo se mencionó la solicitud del juez Fernando Rodríguez Lubary.

"UN BUEN CHICO"

Bettina Guardia, acompañó a Corach desde los primeros meses del gobierno justicialista, en la secretaría Legal y Técnica, en la subjefatura del Gabinete de Ministros y en el ministerio del Interior. Este diario le solicitó sus comentarios sobre lo sucedido en la comisión de juicio político. Este fue el diálogo sostenido, del cual sólo se reservaron, a su pedido, algunas referencias a su familia:

--¿Usted fue secretaria de Corach?

--Nunca estuve en la secretaría privada. En todos sus cargos fui jefa de gabinete de asesores.

 

--¿Conoce al comisario Rosa?

--Sí. Me parece un buen chico. Bueno, chico no, es un hombre grande.

--¿De dónde lo conoce?

--El 1º de mayo de 1996 me pusieron un explosivo en mi casa y fui víctima de amenazas. Apareció una caja en la escalera de servicio del departamento en el que yo vivía, en la calle Arenales, junto a la puerta de mi cocina. Había una caja dentro de otra y después se estableció que no estaba en condiciones de explotar. Por la misma época explosivos similares fueron colocados a los jefes de gabinete de los ministerios de Economía y de Defensa. Mi reacción fue de terror. Hablé con Adrián Pelacchi, que era el jefe de la Policía Federal y me dijo: "Te mando a la persona de mayor confianza mía, es el comisario Rosa, jefe de Seguridad Personal". Me pareció un tipo bien.

--¿Tuvo una relación sentimental con él?

--Jamás. Fue la persona designada para brindarme seguridad a mí y a mi familia. No sólo yo traté con él, también mi marido.

--¿Qué clase de amenazas recibía?

--Fue un hostigamiento cotidiano. En cuanto salía a la calle sonaba mi teléfono celular y un tipo me decía "que lindo traje azul tenés". Volvía de llevar a mis padres al aeropuerto y la voz en el teléfono me decía: "Qué tráfico pesado que había". Cuando entraba al ministerio, sonaba el teléfono de alguna de mis secretarias y la voz les avisaba: "Ahí sube, ya está entrando". Cambiaba de número de celular y todo seguía igual. También recibí amenazas por escrito, mezcladas con la correspondencia común que entraba al ministerio. Rosa me pareció serio en lo suyo. Nos pusieron dos personas permanentes de seguridad, que nos acompañaban a todos lados, a mí, a mi esposo Alejandro y a mis hijos. Después los absorbimos como servicio adicional de custodia, como el que tienen tantos empresarios. Pero las amenazas seguían. Un día me describieron el sweater que llevaba, hablé con Corach y le pedí que Rosa fuera reemplazado por el comisario Jorge Rodrigo, que estaba en jefatura. Es decir que fue relevado en la función a mi pedido.

--¿No lo volvió a ver?

--Sí. Lo he visto en la Policía Federal, cuando he tenido que sacar un documento o a hacer un trámite. También le mandé amigos para que los ayudara en esas cosas. El explosivo apareció el 1º de mayo de 1996, el 24 de mayo me casé con Alejandro y en octubre renuncié a la jefatura de gabinete, porque era evidente que no podía ser esposa de Bulgheroni y trabajar con Corach. Yo no puedo evitar que inventen cualquier cosa. Pero me parece que se equivocan de persona. Hay una mezcla de personas.

--¿Por qué? ¿Conoce a otra Bettina, de la secretaría privada del ministro, que haya tenido relación con Rosa?

--Puede ser otra persona de la privada. La privada de Carlos es grande. Me han contado cosas. Creo que se están confundiendo.

--¿Alguna persona de la privada tuvo una relación sentimental con ese comisario?

--Hay gente en la privada y más allá de la privada que tiene relación con policías. Yo para sábado y domingo elijo otra cosa.

--¿Puede tratarse de un nombre parecido?

--No. Han contado una historia y cambiaron el nombre, porque era más creíble. Una secretaria sólo atiende los teléfonos, no sirve para pegarle a Corach. La jefa de gabinete sí. Por una cara linda o una cola no se dura siete años en una posición así. Si hay un personaje que pudo tener una historia, es más interesante y creíble ponerle Bettina y no Pirula. Los de la SIDE me odian. Cuentan barbaridades de mi. En mis siete años al lado de Corach siempre traté de cuidarlo, que nada lo afectara. Ellos tienen colaboradores que hacen lo mismo para sus jefes.

 

--¿La SIDE quiere pegarle a Interior por competencia en el manejo de la Justicia entre Corach y Hugo Anzorreguy?

--A veces no son ellos, sino la gente de abajo. No me parece que haya pelea entre ellos, que se conocen de hace muchísimos años. Es la segunda o la tercera línea. No sé con qué tiene que ver. Hay personajes que se entrelazan. A Francos ni lo conozco, no sé quién es.

--Es diputado de Acción por la República, el partido de Domingo Cavallo.

--¿Del partido de Cavallo? Entonces se entiende mejor todo.

--¿Por qué dice que los de la SIDE la odian?

--Yo no soy nadie. Sólo el puente para pegarle a Carlos Corach. De la SIDE prefiero no hablar. Manejan poder y me odian, de ellos espero cualquier cosa. Hay tipos de los que no quiero ni hablar, porque les temo. Que me inventen que salí con fulano o con mengano me tiene sin cuidado. Los que me conocen saben la verdad.

LLUVIA ÁCIDA

Por H.V.

t.gif (67 bytes) Desde que la Cámara de Dolores ordenó al juez José Luis Macchi investigar la asociación ilícita de la que Gregorio Ríos sería sólo un miembro pero no el organizador, Yabrán sabía que sus días en libertad estaban contados, aun antes de que la esposa de Gustavo Prellezo dijera que el cartero dio la orden de asesinar a Cabezas.

Este diario anunció hace dos domingos lo que se avecinaba: el abogado Pablo Argibay Molina, que representa en varias causas judiciales al hombre de negocios dudosos Alfredo Enrique Nallib Yabrán sostenía que el fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado como parte de una operación política destinada a frustrar la carrera política del presidente Carlos Menem. El primer acto de ese plan se habría cumplido con el arresto del habitué del Polideportivo de Olivos Guillermo Cóppola por el juez federal de Dolores Hernán Bernasconi "para golpear al entorno presidencial", dijo. Argibay exhibió el legajo policial que la Dirección Central de Inteligencia comenzó sobre su cliente, más de dos años antes del asesinato. "Conocían la relación de Yabrán con Menem, con Corach, con Jassan y la utilizaron", dijo. El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Arslanián descalificó esas afirmaciones como "descabelladas". El mismo domingo 3, "La Nación" reveló que el juez federal Norberto Oyarbide le había advertido ante numerosos testigos al adicionista del restaurante "El Mirasol": "Zino, te quedan 48 horas de vida". Añadía que el juez era víctima de una extorsión con un video y que un amigo común de ambos, el propietario de prostíbulos Luciano Garbellano había sobrevivido por milagro a un ataque a tiros cerca de Zárate. El domingo siguiente, Román Lejtman publicó aquí una entrevista en la cual el proxeneta Garbellano reveló que la SIDE le había ofrecido 750.000 dólares por el derecho de filmación de lo que sucedía en las habitaciones de sus burdeles pero que la Policía Federal le había advertido que si aceptaba perdería la protección de la comisaría 19ª. En ambos episodios se reiteran demasiados personajes comunes para creer en el azar.

No es fácil establecer si el detonante fue el temor de Yabrán a ser detenido o la divulgación de que, pese a las deserciones que Menem estimula y propaga, Duhalde cree contar con el número suficiente para imponer su criterio en el Congreso Nacional del Partido Justicialista: apurar la elección de la candidatura presidencial y no cambiar la conducción partidaria, que aún tiene más de un año de mandato. Esto conduciría a una pugna entre Duhalde y Palito Ortega en la que el presidente sólo sería espectador. Que Menem (cuyo índice de aceptación popular desde hace casi tres años no despega del 15 por ciento), dé por descontado que Duhalde no podría con él en una elección en la que no votan los dirigentes sino los afiliados, y que Duhalde (vencido en su propio territorio hace apenas 200 días por Graciela Fernández Meijide), crea que sus chances son buenas ante el cantor tucumano, es un misterio que antes que la política debería explicar la psicología. Pero en todo caso, esas son las preferencias que cada uno de ellos expresa y en torno de las cuales ellos, y los demás, se disponen al combate.

GOLPES EN EL ESCRITORIO

Con el propósito de probar su revesada tesis, Argibay Molina solicitó al juez José Marquevich que secuestrara en el ministerio de Justicia y Seguridad de La Plata el legajo original de Inteligencia confeccionado sobre Yabrán. Con el buen sentido que no tuvo hace dos años, cuando abrió su juzgado de madrugada para recibir a una farándula de natalias, cúneolibaronas y naldis, esta vez Marquevich no hizo lugar al pedido, por improcedente. Argibay Molina lo reiteró en el juzgado de Bernasconi, aduciendo que existía una conspiración para detener a Yabrán el 14 de mayo, cuando fuera a declarar en la causa que instruye la jueza Laura Elías por falso testimonio. En ese preciso momento la comisión de juicio político del Senado debía decidir la situación de Bernasconi. El juez Gabriel Cavallo había detenido al secretario del juzgado de Bernasconi, Roberto Schlagel y a los policías Antonio Gerace y Daniel Diamante y pedido el juicio político del juez, todos ellos acusados de integrar una asociación ilícita para incriminar, detener y procesar a Cóppola y otras personas "mediante el fraguado de fundamentales piezas procesales". La Cámara Federal confirmó esa resolución aduciendo que cuando no había pruebas las inventaban, robando, violando domicilios, falseando documentos, y privando en forma ilegal de la libertad a los elegidos. _Por 112 votos contra 2 y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados acusó al juez.

El 6 de mayo Bernasconi enfrentó a la comisión de juicio político del Senado con una divagante arenga, sobre dos ejes tan simples como efectistas: un histórico compañero peronista, perseguido ayer por su militancia, estaba pagando hoy las consecuencias de haberse atrevido con los barones de la droga. En el acto siguiente de la opera bufa, golpeó sobre el escritorio para enfatizar que había sido secuestrado y torturado por la dictadura militar. Su abogado Roberto Calandra, que fue juez de la dictadura y defensor de uno de los ex Comandantes en jefe procesados por la comisión de los mismos delitos padecidos por Bernasconi, lo miró atónito. El secretario del juzgado de Calandra, Gonzalo Torres de Tolosa, alias Teniente Vaca, fue denunciado por Adolfo Scilingo como su compañero en un vuelo en el que arrojaron a más de una docena de personas vivas desde un avión de la Armada, por lo que el juez español Baltasar Garzón ordenó su captura internacional. A nadie le llamó la atención que los dos senadores bonaerenses del PJ, Antonio Cafiero y Jorge Villaverde defendieran a Bernasconi. Pero el mismo día el Senado rechazó el proyecto de Duhalde que ofrecía indulgencia a los autores de un delito que delataran a sus cómplices y Argibay presentó en el juzgado federal de Bernasconi el recurso que Marquevich había rechazado. Era previsible que también Bernasconi lo archivara: un habeas corpus preventivo contra la resolución que otro magistrado aún no había tomado, y fuera de su jurisdicción, es un objeto jurídico extravagante. Yabrán solicitaba el restablecimiento del orden jurídico, elíptica referencia a la intervención federal en la provincia de Buenos Aires.

ABRAN, POLICÍA

El martes 12, poco antes de las siete de la tarde, los senadores del partido del gobierno se enclaustraron para decidir la suerte del juez. Esta vez Cafiero y Villaverde se sorprendieron al oír en defensa del compañero Bernasconi la voz del senador por Entre Ríos, Héctor Maya, usual polea de transmisión entre los resfríos de Carlos Corach y los estornudos del justicialismo en el Senado, quien recordó que había compartido la persecución con Bernasconi. Sólo Jorge Yoma siguió propiciando la suspensión de Bernasconi, por su oposición a lo que definió como "los jueces-canas", mientras el resto del bloque unificó posición en su defensa. Una hora más tarde, una comisión de la Policía Federal golpeó a las puertas del despacho de Arslanián, con la orden firmada por el juez de secuestrar aquellos legajos de Inteligencia. En el apuro, Bernasconi no dio vista al fiscal, quien en cuanto tomó conocimiento de lo sucedido, dictaminó que el juez era incompetente. Arslanián rechazó la intromisión como un abuso de poder y una violación del federalismo y comenzó a redactar un escrito planteando a la Suprema Corte provincial el conflicto de poderes. Al día siguiente, el Senado decidió que por primera vez en la historia institucional argentina un juez podría seguir en funciones mientras se juzgara su conducta. A las nueve de la noche del miércoles la Policía Federal volvió al ministerio de Justicia de La Plata, esta vez con un oficio de Bernasconi que ordenaba cotejar la copia del legajo de Inteligencia que la Secretaría de Seguridad había entregado a Marquevich por pedido de Yabrán, con el original. Arslanián tampoco accedió y ordenó reforzar las guardias, ante la hipótesis (que en la Argentina de hoy es verosímil), de que Bernasconi volviera al frente de una tropa federal numerosa con el propósito de tomar por asalto el ministerio. Ante las recriminaciones recibidas, Cafiero respondió que antes de la sesión se había reunido con Duhalde y que el gobernador no le dijo una palabra sobre lo ocurrido, por lo que él y Villaverde votaron lo convenido en el bloque. En La Plata, en cambio, donde hay hipersensibilidad hacia los pases de bando, se afirma lo contrario. El viernes por la tarde Cafiero solicitó a Alasino que, dados los acontecimientos ocurridos mientras sesionaba el Senado, se revisara la votación. A la misma hora, ingresaba a la Cámara de Diputados una nueva solicitud de juicio político a Bernasconi, firmada por Arslanián, mientras dos contiendas de competencia aguardaban la decisión de la Suprema Corte de Buenos Aires y de la Corte Suprema de la Nación, que serán la comidilla de las próximas semanas. De ellas depende la suerte de juez que, según la singular explicación de un senador menenista "al leer lo del arrepentido se compró la pelea Menem-Duhalde, y sobreactuó para salvar su cabeza".

Como si la semana no hubiera sido lo suficientemente densa, la exposa presidencial, Zulema Yoma, dio a publicidad una carta remitida al papa Karol Wojtyla en la que demanda que "se haga la luz sobre la muerte de mi hijo Carlitos, así como sobre la de muchas otras víctimas de la violencia extrema y de la corrupción. No sólo será un testimonio de justicia sino que revelará la verdadera conciencia moral de quienes gobiernan la Nación Argentina", dice. Sólo bajo la lluvia ácida de estos días es posible que tal frase, originada en una fuente tan próxima al corazón del poder y con semejante destinatario, apenas haya merecido unas líneas en los medios de comunicación cuyas secciones políticas chorrean fluidos más adecuados para la página del delito, y absoluta indiferencia en las instituciones que abastecen de inagotable materia prima a aquellas crónicas de fin de siglo.


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