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Por Andrés Klipphan  El juez federal Adolfo Luis
Bagnasco ordenó ayer a la tarde la captura internacional de los cuatro ejecutivos de la
casa matriz de IBM --con sede en Estados Unidos-- que supervisaron la negociación del
millonario y cuestionado contrato con el Banco Nación. Se trata de Mauricio Kaiser,
Robelí José De Líbero, Steve Borg Lew y Peter Rowley. En la resolución, Bagnasco
dispuso también "formalizar los pedidos de extradición correspondientes". El
magistrado tomó la medida después de haberlos citado cuatro veces para que presten
declaración indagatoria. Hasta ahora, los ejecutivos sospechosos de estar involucrados en
el mayor escándalo de corrupción del gobierno del presidente Carlos Menem se han negado
a pisar los Tribunales de la Argentina. Sólo aceptaban responder las preguntas de
Bagnasco, y en calidad de testigos, en EE.UU. Si bien el juez ya había dejado trascender
la medida, su materialización era un hecho impensado a principios de 1994 y amenaza con
un escándalo que la Justicia norteamericana no podrá soslayar: en ese país, el pago de
sobornos está penado por la ley.
Bagnasco venía demorando la orden que finalmente firmó ayer a la espera de que la Justicia estadounidense cambiara su parecer y obligara a los ejecutivos de la casa matriz a presentarse ante su despacho ubicado en los Tribunales de Retiro. Una carta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos le advertía que Estados Unidos "exigiría pruebas suficientes que demuestren la comisión de un delito" para conceder la extradición de los cuatro procesados (ver aparte). Ayer, apenas firmó la resolución, el juez informó su decisión al jefe de Interpol en Argentina, Eduardo Musto. Los cuatro directivos de la Big Blue están acusados de fraude y cohecho. En febrero de 1994, fecha en que el Banco Nación cerró el contrato por 250 millones de dólares con IBM para la informatización de 525 sucursales, los ejecutivos trabajaban en el área de servicios para América latina. Si bien a todas luces la medida tiene ribetes espectaculares, tanto como que es la primera que se dicta en la Argentina, anoche, en el Juzgado Nacional en lo Correccional Federal Número 7 reinaba el escepticismo. Es que Bagnasco está convencido de que, por más que Interpol encuentre a los prófugos, no conseguirá la extradición. Kaiser y De Líbero son brasileños y, según un informe de ese organismo, hasta ayer estaban viviendo en Brasil. Lew y Rowley son norteamericanos y, según un informe de IBM, ambos están dentro de las fronteras de su país. Si bien Argentina tiene convenios de extradición con esas dos naciones, la letra de los tratados permiten que cuando se pide la extradición de ciudadanos de uno de los países firmantes éstos puedan optar por someterse a las leyes de su país. En la resolución de Bagnasco, a la que tuvo acceso Página/12, se dejó constancia de que la decisión de procesar a los directivos "sospechados" de haber participado en el supuesto pago de coimas y de pedir su captura nacional e internacional se basó "en especial en las declaraciones recibidas de los imputados Gustavo Soriani y Ricardo Martorana, así como también por la profusa documentación agregadas" a la causa y que acreditan "el estado de sospecha" de los cuatro directivos en el ilícito que se investiga: "fraude" y "cohecho". El 29 de abril, Ricardo Martorana, presidente de IBM Argentina, le había dicho al juez que la responsabilidad por el control del fabuloso contrato informático había que buscarlo en la casa matriz, y nombró a los hoy prófugos de la Justicia argentina. Gustavo Soriani, vicepresidente de la Big Blue gaucha, y como Martorana también procesado, le entregó al magistrado un documento interno en el que consta que el norteamericano Steve Lew fue uno de los responsables de haber supervisado el contrato del escándalo y de haber sugerido que era conveniente contratar un sistema muletto. Bagnasco sospecha que ese muletto --denominado SBL, Sistema Bancario en Línea-- vendido a IBM por la firma CCR, a 37 millones de pesos, y que no estaba previsto en el pliego de licitación, era una fachada para encubrir el pago de los sobornos a los directivos del Banco Nación, que en esa época estaba regenteado por hombres de confianza del ex ministro de Economía Domingo Cavallo. La sospecha del juez está abonada también porque parte de los pagos de IBM a CCR fueron recibidos, según los recibos, por una moza de una pizzería y por una persona fallecida. De esos 37 millones, CCR cobró 21, ya que los pagos del Nación a favor de IBM se cortaron apenas estalló el escándalo. Bagnasco ya descubrió parte de esa fortuna --más de diez millones de dólares-- en varias cuentas del exterior a nombre de los ex funcionarios del Ministerio de Economía: Alfredo Aldaco, Genaro Contartese y Jorge Alladio. A la cuenta de Alladio fueron girados 816.444 pesos del supuesto soborno. Jorge Alladio era el ex director del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (Bice). Ante su señoría, y después de reconocer la cuenta, dijo que la abrió a pedido de su amigo, el ex director del Banco Nación, Alfredo Aldaco. Aldaco es titular de dos cuentas en el Banco Bruxelles Lambert de Ginebra. En una de ellas hay depositados 2.882.612 dólares. La otra fue abierta por Aldaco junto con Alladio. Contartese, otro de los directores del Nación, reconoció también ante la Justicia que a su cuenta suiza fue girado dinero sucio como una demostración "de la alegría de la empresa por la obtención del contrato".
CUANDO WASHINGTON SE PONE EXIGENTE
En la carta, muy dura si se la compara con el lenguaje habitual de la diplomacia, el gobierno estadounidense expresaba su preocupación por la posible citación de los directivos de la casa matriz de IBM. "Nos preocupa que el juez Bagnasco declaró que pensaba librar una orden de captura", decía la nota en la que también se hacía referencia a una supuesta confusión en los requerimientos del juez Bagnasco, que estaría basada en la diferencia entre los procedimientos judiciales argentinos y norteamericanos. "Sólo podemos tramitar sus pedidos si están traducidos al inglés", explicaba el gobierno norteamericano. También decía que los cuatro ejecutivos "ya prestaron testimonio en los Estados Unidos, pero el juez Bagnasco dice que no son válidos". Estos testimonios no le servían al juez, argumenta Bagnasco, porque los directivos son imputados en la causa y, entonces, según él, deberían declarar en jurisdicción argentina.
Por Raúl Dellatorre
"No quiero dañar absolutamente a nadie con mi presencia, ya sea por algo que pasó o por algo que creen que pasó y pueden obtener rédito por ello, y dar un paso al costado en estas circunstancias es lo más aconsejable", declaró ayer Cossio al comentar su renuncia. El contrato informático que compromete su situación ante la Justicia fue adjudicado en forma directa (sin licitación) al consorcio IBM-Banelco en abril de 1994 a un costo de 425 millones de pesos, luego ampliado a otros servicios por 88 millones adicionales. La denuncia judicial formulada por el diputado frepasista Horacio Viqueira, como las pericias posteriores ordenadas por el juez, indicarían la existencia de un sobreprecio varias veces millonario con respecto al costo real de la prestación. La renuncia de Cossio a Ingresos Públicos fue aceptada el lunes por Eduardo Duhalde, quien ayer señaló que el funcionario dimitió porque "se sentía muy mal con la situación (judicial), pero además temía ser parte involuntaria de una supuesta pelea que pudiera perjudicarlo: la pelea del gobierno nacional con el provincial". Liporaci, el magistrado que entiende en la causa, está caracterizado como uno de los hombres de la Justicia cercano al ministro del Interior, Carlos Corach. Cossio, a su vez, afirmó que se siente "complicado en una situación de la que soy ajeno" y reconoció que "puede ser tema de campaña, no sólo interno (del justicialismo) sino externo", en referencia a la oposición. "Han habido ataques del Frepaso y de la Alianza, no quiero estar en el medio; he hecho juicio (por injurias, contra Viqueira) y quiero estar liberado" de responsabilidades en la función pública, declaró. De todos modos, Cossio se mostró confiado de los resultados de su presentación ante la Justicia. "Espero ir lo antes posible, me salgo de la vaina por declarar", manifestó. Anticipó que propondrá al juez "cinco peritos internacionales" para demostrar que hizo correctamente su labor. Pero su propuesta llegaría tarde: Liporaci agotó la etapa de pericias con resultados concluyentes con respecto a la evidencia de sobreprecios en los montos abonados a IBM por la prestación. La defensa de Cossio impugnó la pericia, pero el juez no hizo lugar a esta presentación. Además de Cossio, el juez citó a declaración indagatoria a los hermanos Juan Carlos y Marcelo Cattáneo, como responsables de la empresa Consad -- principal subcontratista de IBM en el referido contrato--, de la cual se sospecha que desvió dinero a través del cobro de facturas sin contraprestaciones a la DGI. También serán convocados ante el tribunal los ex presidente y vice de IBM, Ricardo Martorana y Gustavo Soriani. De acuerdo a fuentes próximas a la fiscalía, son pocas las chances de Cossio de zafar de que lo procesen. Pero entre esas pocas cartas a su favor, cuenta con la de la separación del cargo de Carlos Liporaci (ver página 13), quien está siendo investigado por denuncias de prevaricato (sentencia dictada para favorecer a alguien), cohecho agravado (coima) y abuso de autoridad, en relación a su participación en la causa por defraudación fiscal contra el matarife Alberto Samid.
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