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REFORZAR LA SEGURIDAD EN LA CÁRCEL
EL REO MÁS CUSTODIADO

El Gobierno teme, no sólo a los actos de repudio contra el dictador que se puedan realizar fuera de la prisión, sino a las represalias que pudiesen adoptar los otros presos. Oficialismo, oposición y hasta los servicios de seguridad, militares y civiles, ponen en tela de juicio la intencionalidad y la oportunidad con que el juez Marquevich dispuso el arresto del indultado ex comandante en jefe de la junta militar.

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Por Diego Schurman

t.gif (67 bytes) Carlos Menem ordenó reforzar la seguridad en las inmediaciones de la Alcaidía de Tribunales, donde se encuentra detenido el ex dictador Jorge Rafael Videla. El Presidente pidió a su ministro del Interior, Carlos Corach, que también despliegue policías en la zona de la cárcel de Caseros, donde anoche iba a ser trasladado el ex militar. Voceros de la Casa de Gobierno aseguraron a Página/12 que el temor no es sólo por lo que pudiera suceder puertas afuera. También hay inquietud por la manera en que será recibido en una unidad carcelaria en la que habitualmente se alojan delincuentes comunes y no miembros de las fuerzas de armadas o de seguridad.

Menem transmitió la orden poco antes de la habitual reunión de gabinete de los jueves, que ayer se realizó entrada la tarde. Corach lo escuchó atentamente y en un santiamén se comunicó desde su celular con el jefe de la Policía Federal, comisario general Pablo Baltazar García. La directiva de Menem también le llegó al ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo.

El Presidente expuso su preocupación por las "repercusiones" que puede tener la detención de Videla. No sólo por las manifestaciones de los organismos de derechos humanos sino también por la de los reclusos de la unidad carcelaria donde se alojará el ex militar acusado de sustraer bebés durante la última dictadura.

Por eso, anoche se ordenó al Servicio Penitenciario Nacional que acondicione una celda de la unidad 16 para que Videla no tenga contactos con otros detenidos.

Oficialmente desde la Casa Rosada explicaron ayer que la orden presidencial de "hacer sombra" al dictador con un importante dispositivo de seguridad apunta a evitar situaciones conflictivas. No quieren que se reiteren hechos como el registrado ayer, donde miembros de agrupaciones de izquierda fueron atropellados por el auto de los defensores del ex militar golpista.

En el mundillo político se aseguró, en cambio, que el despliegue de policías ordenado por Menem no buscará frenar ese tipo de situaciones, sino provocarlas buscando un doble rédito político: la imagen en medios nacionales y extranjeros de un Videla detenido y la de "los mismos grupos radicalizados promoviendo disturbios".

No fueron las únicas especulaciones que circularon cerca de la Casa Rosada. Muchos dijeron que la búsqueda de una nueva reelección de Menem no es ajena a la detención del ex militar.

--Es una locura total --dijo a Página/12 el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan.

--Está actuando la Justicia y nosotros no tenemos nada que ver --concluyó.

No fue el único en abordar el tema:

--Eso corre por cuenta de quien lo dice --se sumó al término de la reunión de gabinete Andrés Cisneros.

El vicecanciller fue uno de los que negó que en ese encuentro de ministros se haya abordado la situación de Videla, pese a que varias fuente consultadas por este diario se preocuparon por demostrar que Menem habló sobre el tema.

Los mismos voceros insistieron en que el Presidente se enteró de la noticia en el exterior a través de los llamados del titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y del ministro Corach --ambos enfrentados en una interna de larga data--, y que "nunca supo de antemano de que eso iba a ocurrir".

 


 

DEBATE SOBRE EL ENCARCELAMIENTO DEL EX DICTADOR
¿UN ARRESTO POLÍTICO O JUSTICIA?

Por Fernando Almirón

La oposición sospecha que algo más que una cuestión procesal llevó al juez federal Roberto Marquevich a ordenar la detención de Jorge Rafael Videla. La diputada Graciela Fernández Meijide afirmó que "la detención puede entrañar una segunda intención y ser una maniobra de Menem para justificarse ante la sociedad argentina". El jefe de la bancada justicialista salió al cruce de la frepasista: "A ellos les gusta dudar permanentemente", dijo Humberto Roggero. Para los sectores cercanos al duhaldismo, "llama la atención que un juez (por Marquevich) que estaba más cerca del juicio político haya pasado de repente a la gloria". Mientras Videla verá veinte años después el Mundial desde una celda, entre los políticos crece la desconfianza sobre la independencia de las decisiones del magistrado de San Isidro, mientras otros lo niegan.

Ayer fue un día de ping pong de declaraciones.

* El presidente Carlos Menem intentó disipar las dudas sobre el juez Marquevich al declarar que "la Justicia argentina es la mejor del mundo", sin reparar en una frase similar pronunciada por Duhalde años atrás cuando se refirió a la Policía Bonaerense como "la mejor policía del mundo". Fernando de la Rúa respondió que de ninguna manera la Justicia argentina es la mejor del mundo.

* Graciela Fernández Meijide aseguró que "la detención puede entrañar una segunda intención" que sería mejorar la imagen de Menem con respecto de los derechos humanos tanto en el país como en el exterior. El secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, calificó las declaraciones de la precandidata presidencial como "absolutamente falsas". Humberto Roggero se sumó a la respuesta. "Nunca están de acuerdo con nada; cuando los jueces juzgan tienen dudas y cuando no juzgan dicen que todo está manejado por el Gobierno", aseguró el jefe del bloque de diputados oficialistas quien agregó: "Esta política de chiquero no le ayuda a nadie".

* Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, se mostró convencida de que Menem "hizo meter preso" al ex dictador "para su reelección" y expresó su temor de que el ex militar quede en libertad en una semana. El ministro del Interior, Carlos Corach, le respondió: "Los que creen eso tienen una grave distorsión de la realidad".

* El diputado Melchor Cruchaga (UCR) dijo que, pese a las sospechas de una doble intención en la detención de Videla, "lo importante es que se está avanzando en la investigación de la sustracción de menores durante la dictadura militar". Por su parte, el diputado socialista Jorge Rivas aseguró que, si bien la medida tomada por el juez se podría interpretar como "un manotazo de ahogado tratando de zafar de los dos pedidos de juicio político que tiene en la Cámara, tomo la detención de Videla con alegría y satisfacción ya que no es mérito de Marquevich, sino de los organismos de derechos humanos que impulsaron la investigación". En cambio, para la subsecretaria de Derechos Humanos, Inés Pérez Suárez, los méritos del juez no están en duda y las versiones que indican que se utilizó a Videla con fines políticos "bastardean" la investigación judicial.

Nadie se ocupó de responderle a Alvaro Alsogaray quien reivindicó sin vueltas a la dictadura militar y advirtió que la detención de Videla "es la liquidación de la guerra antisubversiva" y que constituye "un ataque a las Fuerzas Armadas".

 

MÁS ALLÁ DE LAS MANIOBRAS
Por Miguel Bonasso

La sociedad argentina está tan justificadamente suspicaz frente al poder, que la trascendental medida del juez Roberto Marquevich de procesar y detener al dictador Jorge Rafael Videla ha provocado en muchos círculos una rara mezcla de alegría y desconfianza. Hay alegría porque el indultado vuelve a estar preso y desconfianza de que lo larguen en pocos días, "tapado" por los deseados éxitos de la selección. Activistas de los derechos humanos, políticos y no pocos ciudadanos comunes creen que se trata de un "maquillaje" más, destinado a mejorar la imagen interna y externa de la Justicia, para que Menem pueda disfrutar tranquilo del Mundial sin recibir más reclamos por la impunidad de los genocidas. El propio Presidente alimentó con picardía esa sospecha aclarando que no volvería a indultar a Videla y exaltando a la Justicia argentina como "la mejor del mundo". Una hipérbole sólo comparable a la que perpetró su adversario Duhalde en relación con la Bonaerense.

Los que piensan mal aseguran que Alberto Piotti, antecesor de Marquevich en el juzgado de San Isidro, "era de kindergarten comparado con éste". Y se basan en algunas decisiones muy cuestionadas del magistrado, como el haber abierto el juzgado de madrugada para tomar declaración a la inefable Samantha Farjat o el haber anulado actuaciones que involucraban al finado Alfredo Yabrán y su personal de seguridad en las amenazas a la hermana de Pablo Lanusse, el fiscal que investigaba a la mafia del oro. Decisión que acaba de ser revocada a nivel de Cámara.

Por si fuera poco, hace dos semanas anticipamos que Marquevich era el candidato de Alberto Kohan para una posible sucesión de Hugo Anzorreguy al frente de la SIDE. Hipótesis que abonaría las tesis conspirativas, porque en caso de ser cierta no sería concebible que el juez tomara una decisión de tamaña envergadura sin avisarle previamente al poder.

Sea como fuere, otros jueces que conocen a su colega aseguran dos cosas: que no estaba urgido procesalmente para mandar a Videla a Caseros y que no lo va a soltar en un par de días. Salvo que lo ordenase la Cámara. Si esto es así, importa poco que haya existido o no una "operación" y los réditos personales que pueda obtener Marquevich, quien a partir de ahora se torna mucho menos vulnerable. Porque el efecto dominó va a ser impresionante, ya que tanto las Fuerzas Armadas como las de seguridad estuvieron seriamente comprometidas en el robo de niños y muchos cuadros superiores, medios e inferiores podrían correr la misma suerte que Videla. En el juzgado de Adolfo Bagnasco, por ejemplo, hay una causa por "sustracción de menores", originada en las denuncias particulares de seis Abuelas de Plaza de Mayo, que el abogado Alberto Pedroncini consideraba, hace ya casi un año, una "ventana contra la impunidad". Con semejante perspectiva, una operación del poder podría resultar claramente en un tiro por la culata. Como el que desbarató la misión a Madrid de Humberto Roggero y otros diputados justicialistas que pretendieron desprestigiar al juez Baltasar Garzón, arrojándole el caso Molfino por la cabeza, y volvieron con el rabo entre las piernas. Porque más allá de las posibles conspiraciones, la decisión de Marquevich se inscribe en un contexto donde los represores volvieron a ser indagados y algunos empezaron a quebrarse; las leyes de punto final y obediencia debida fueron al menos derogadas; Astiz fue dado de baja; Bussi lloró por sus cuentas en Suiza y la ESMA no será --por decisión judicial-- un espacio verde del olvido. Es que un sector apreciable de la sociedad ha perdido el miedo, ha ganado conciencia y rechaza la impunidad, forzando a jueces y legisladores a dejar de lado el libreto oficial de la "reconciliación". Y ese sector social, que tiene más fuerza de la que sus mismos integrantes suponen, se mueve en dirección opuesta a las posibles maniobras de Menem y su proyecto continuista.

 

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