Página/12

LOS DIPUTADOS DEL PJ AUMENTA SU PRESION CONTRA CAVALLO

CONTRA EL MINGO TODO ESFUERZO VALE

El bloque oficialista tiene trabajando a un grupo de técnicos desde hace un mes y medio para vincular a Domingo Cavallo a las causas de IBM-Nación y DGI. El objetivo es quitarle sus fueros.

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Alfredo Aldaco disparó contra Cavallo por el caso IBM-Nación

Por Fernando Almirón

Esta semana continuará la ofensiva del bloque de diputados justicialistas contra Domingo Cavallo. El oficialismo seguirá adelante con la estrategia de demolición del ex ministro vinculándolo al escándalo de los contratos entre IBM y el Estado nacional para informatizar el Banco Nación y la DGI. Por esos contratos se pagaron 21 millones de dólares en coimas a diversos funcionarios nacionales a través de la empresa fantasma CCR, propiedad de un allegado a Alberto Kohan. Los diputados oficialistas creen que pueden adjudicarle a Cavallo algo más que la responsabilidad política por la contratación, también pretenden demostrar su participación directa en la estafa. En este sentido trabajaron durante un mes y medio en una estrategia que contempla el desfile de todos los involucrados en el affaire ante la Comisión investigadora especialmente creada el año pasado, que ya señaló las sospechas que pesan sobre el actual diputado.

Alfredo Aldaco fue el primer protagonista del escándalo informático citado por la Comisión investigadora de Diputados desde que fue reciclada a principios de este mes. En su declaración del jueves, Aldaco apuntó directamente a Cavallo. Las respuestas del ex director del Banco Nación --quien reconoció haber recibido un "regalo" de tres millones de dólares por su gestión a favor del acuerdo informático-- fueron en gran medida el resultado de las preguntas con que lo bombardearon los diputados justicialistas, quienes consultaban permanentemente un exhaustivo cuestionario preparado por técnicos de su bloque.

Aldaco dijo que Cavallo "estaba al tanto de todo". Que "Aldo Dadone (el presidente del Nación) no hacía nada sin consultarlo". Que "Cavallo fue quien sugirió el sistema que se utilizó en la informatización bancaria". Que "el Día del Padre podré mirar a los ojos a mis hijos. Cavallo no". El ex ministro respondió que todo se trata de una "maniobra menemista".

Las declaraciones de Aldaco fueron festejadas en el bloque justicialista, donde desde hace un mes y medio se comenzó a trabajar en la ofensiva contra el ex ministro con el objetivo de dejarlo sin fueros parlamentarios y exponerlo a la Justicia Federal. Los diputados del PJ Dámaso Larraburu y Juan Carlos Ayala amenazaron con dar lugar a los pedidos de desafuero que pesan sobre Cavallo en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja cuatro días después que Alfredo Yabrán apareciera muerto en el baño de una estancia entrerriana. Humberto Roggero, presidente de la bancada justicialista, salió al cruce y negó el apoyo del bloque a la iniciativa. Desde el Gobierno le pidieron explicaciones, una vez más. "Yo me ocupo de Cavallo", le dijo en esa oportunidad Roggero al presidente Menem. Y le contó su plan. Había que buscar la oportunidad para asestarle un golpe contundente. Esmerilar su imagen lo suficiente como para impedir que Cavallo se muestre como una víctima. Que el desafuero no podía aparecer como una "vendetta" por la muerte de Yabrán, quien en su última carta lo responsabilizaba por su muerte.

Pocos días después se recicló la Comisión investigadora de los contratos entre IBM y el Estado nacional, que a fines de año pasado elaboró un duro dictamen que involucraba a Cavallo. Parte de la investigación fue publicada por el diputado radical Jesús Rodríguez en su libro Fuera de la Ley (ver entrevista en página 12). La nueva Comisión pasó a tener de siete a once miembros. El PJ se reservó la mayoría (seis integrantes) y sentó en ella a varios de sus pesos pesado: Manuel Baladrón (presidente), Carlos Soria, César Arias y Eduardo Mondino. Entre los opositores se encuentran Eduardo Santín (vicepresidente, UCR), Horacio Viqueira (Frepaso), María Cristina Guzmán (MPJ) y Ricardo Laferrière (UCR).

Los diputados retomaron las conclusiones de la anterior Comisión, que presidió Carlos Dellepiane. En ellas se señalaba que Cavallo:

* No realizó controles eficaces sobre el proyecto Centenario, a pesar de haber tenido un detallado conocimiento de la contratación.

* Aprobó explícita y documentadamente la contratación.

* Designó en cargos relevantes a funcionarios involucrados en contrataciones bajo sospecha.

* Incurrió en violaciones de contratos vigentes y actuó de manera tal para evitar objeciones de la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, la operación contra Cavallo no está exenta de dificultades para el oficialismo. Entre ellas, por ejemplo, cómo harán desvincular al secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, del affaire, cuando su ex mano derecha en la Secretaría Juan Carlos Cattáneo aparece estrechamente vinculado a la empresa que sirvió para triangular las coimas, propiedad de su hermano, Marcelo. Con la secretaria de la Función Pública Claudia Bello, también mencionada en la causa, puede que sean menos piadosos. Pero en general los legisladores oficialistas saben que están metiendo el dedo en unos de los más publicitados actos de corrupción de la administración del presidente Menem, y tienen que mirar para otro lado. Prometen, sin embargo, que "Cavallo tendrá que salir todas las semanas a dar explicaciones por este caso".

IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN

Por Juan Carlos Pontoriero

Podríamos comenzar formulándonos una pregunta ligeramente cínica: ¿qué función cumple la corrupción en la sociedad? O en cambio esta otra, más precisa pero todavía más cínica: ¿la corrupción es una desviación social o un factor de integración? En su maravilloso libro de memorias --Mi último suspiro--, Luis Buñuel define al México de su tiempo de exiliado como "un país fascista moderado por la corrupción". (Por cierto que atribuye esas palabras a un anónimo "amigo chileno", seguramente para evitarse problemas con el terrible artículo constitucional que castiga con la expulsión a los extranjeros bocones.) En la idea de Buñuel ciertas sociedades se dulcifican, se aceitan, pierden su rigidez e introducen la negociación en sus prácticas diarias, a través de la corruptela. La experiencia de los ex países comunistas es muy ilustrativa al respecto.

Pero aceptemos que hay otra corrupción que no puede compararse con el ejercicio de la pequeña trampa cotidiana y que excede al regateo entre un ex funcionario y un ciudadano para conseguir alguna ventaja o algún perdón. Es aquella en la cual el Estado se asocia con un privado y en esa asociación antepone groseramente sus intereses personales al interés público que está obligado a defender. Sus formas son variadas: retornos, tráfico de influencias, manipulación de licitaciones, malversación de fondos. También, en un país con escasa tradición republicana como la Argentina, supeditación servil de los legisladores al oficialismo de turno o complicidad de la Justicia con el Ejecutivo. Algunos pocos ejemplos obvios: IBM-Banco Nación, armas a Croacia y Ecuador, ventajas bancarias groseras para el grupo Yoma, intentos obscenos para regalarle a Ramón Saadi una banca senatorial en el mismo momento en que se discute la Ley de Etica Pública.

En tiempos en que Cavallo era un profeta del menemismo, lanzó un slogan repetido hasta el cansancio luego. Este Gobierno --decía-- es el que más ha hecho para combatir la corrupción al quitarle su causa estructural: las empresas de propiedad del Estado. Puede aceptarse que haya una porción de verdad en el razonamiento: las empresas estatales --sin control del público usuario como sucedía en Argentina-- pueden ser un foco de corrupción. El sociólogo Fernando Henrique Cardoso gustaba hablar, con referencia a los gobiernos latinoamericanos, de "anillos burocráticos" que enlazaban en una red de intereses a funcionarios, empresarios privados y dirigentes sindicales, combinando de manera espuria intereses privados e intereses públicos.

Pero es al menos inocente pensar que el remate de las empresas públicas liquide el carácter prebendario de un sistema: primero habría que saber cuánta corrupción hubo en el camino hacia la privatización de los activos estatales y segundo tener en cuenta que la corrupción puede mantenerse oronda en economías de mercado, según cómo sea la forma de ejercer el poder.

Y he aquí el otro tema, verdaderamente decisivo. La negociación corrupta desde los altos niveles del Estado es un grave desvío de la ética pública y como tal debe ser denunciado por la sociedad. Pero las campañas moralizadoras suelen agotarse en la agitación, la crítica, la denuncia. Si la corrupción de los funcionarios es un problema de ética, la impunidad --es decir, la ausencia de expectativas ciertas sobre un castigo-- es un problema de inseguridad jurídica, un tema institucional que no habla sólo de desviaciones personales sino que atañe al funcionamiento de la república, a la inexistencia de una verdadera división de poderes que permita el juego de los controles y de los contrapesos. La necesaria vigilancia sobre la corrupción sólo se hace efectiva cuando se diseñan y se ponen en marcha instrumentos institucionales contra la impunidad de los delitos. A esa primacía de la ley sobre las personas y la administración se la llama, en Occidente, Estado de Derecho.

(*) Sociólogo. Ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales

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