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AVENEGRAS A VOTAR
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| Por Horacio Verbitsky
Los cálculos previos no le asignan chances de conseguir ni siquiera una de las seis posiciones en juego, como sí ocurrió el lunes pasado, cuando la Lista Celeste de los jueces pudo colocar a uno de los suyos, el camarista Claudio Kipper. Pero aun así, el gobierno nacional llegaría a controlar la mitad de los veinte cargos en el Consejo que, según el artículo 114 de la Constitución, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración de los recursos y la ejecución del presupuesto del Poder Judicial, así como las facultades disciplinarias sobre magistrados y la apertura del procedimiento para su remoción. Una vez formulada la acusación, el juicio quedará en manos del Jurado de Enjuiciamiento creado por el artículo 115. Además de los cuatro representantes de los jueces ya designaron a los suyos la Corte Suprema de Justicia (su presidente Julio Nazareno) y el Poder Ejecutivo Nacional (el asesor del ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, Julio Comadira). Luego de la elección de mañana sólo restaría la elección de cuatro representantes por el Senado, cuatro por la Cámara de Diputados, un académico de derecho y un representante de los profesores universitarios.
¿Cuántos votarán? El 42 por ciento del padrón, 27.953 abogados, están matriculados en la Capital Federal y 16.699, o el 25 por ciento, en la provincia de Buenos Aires. El 33 por ciento restante, 21.474 abogados, se reparte en el resto del país. En la Capital las urnas se instalarán en el Hotel Panamericano y en el resto del país en la sede de los Colegios de Abogados. De acuerdo con el reglamento, elaborado por la Federación de Colegios de Abogados (FACA) y aprobado por la Corte Suprema de Justicia luego de correcciones en las que intervino el Colegio Público de Abogados de la Capital, en cada lista debe haber al menos un candidato del interior. El voto es secreto y voluntario y el escrutinio y proclamación de los electos estará a cargo de una Junta Electoral de ocho miembros, cinco por la FACA y tres por el Colegio Público de la Capital. A último momento la Lista 1 que encabeza el ex presidente del Colegio Público de la Capital, Carlos Cicchello, pidió que se postergaran los comicios por 30 días hábiles, aduciendo que la demora en la entrega de los padrones definitivos le impedía enviar a sus miembros la propaganda electoral y que tampoco les habían informado sobre los lugares de votación por lo que no podrían tener fiscales o apoderados. Se sumó a ese planteo la Lista 2, cuyo primer candidato es el ex presidente de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Elías Salazar, quien pidió que la postergación fuera hasta el 12 o 13 de agosto, dado el limitado acceso a los padrones y la falta de publicidad del acto eleccionario. Salazar teme que vote un porcentaje menor al 10 por ciento del padrón, lo cual pondría en duda la representatividad de los electos y dijo a éste diario que si él resultara electo con menos de mil votos, renunciaría a su cargo de consejero. La Junta Electoral respondió que la Lista 1 fue la única que no asistió a las reuniones en las que se trataron sus objeciones y pedidos y que los padrones se habían puesto a disposición de todas las listas simultáneamente. El viernes, la jueza federal de la Capital, con competencia electoral, María Servini, se declaró competente únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el resto del país remitió las actuaciones a la Corte. Sostuvo que la Junta Electoral había cumplido con los requisitos legales y reglamentarios. La perfección "siempre es un objetivo deseable, pero no al costo de traer aparejados otros inconvenientes mayores", dijo. El fallo citó uno anterior de la Corte Suprema por el que la pretensión de nulidad debe fundarse en hechos de tal gravedad y en la existencia de perjuicios de tal magnitud que justifiquen "hacer privar el interés particular de los impugnantes frente al interés político general que requiere, para el ejercicio de un pluralismo auténtico, de la participación de todas las agrupaciones". Si bien no hizo lugar a la postergación solicitada, la jueza recomendó a la Junta Electoral "que arbitre los medios para lograr una amplia difusión de la elección" de mañana. Fuentes del juzgado dijeron que esto equivale a publicar avisos en el diario "Clarín" y no sólo en "La Nación" y "Página/12" como había hecho hasta ahora la Junta.
Las cinco listas Estas son las cinco listas que competirán por el voto de los abogados: * Lista 1, Acción Federal Apartidaria, presidida por Carlos Raúl Guillermo Cicchello. De origen peronista ortodoxo y ex abogado del sindicato de artistas de circos y variedades, Cicchello apoyó desde el Colegio Público la derogación del desacato y promovió el juicio político a algunos miembros del bloque menemista en la Corte Suprema. El candidato a vicepresidente que lo acompañó en las últimas elecciones del Colegio Público, Eduardo Marcelo Magnani objetó en febrero de 1997 las declaraciones de repudio al asesinato de José Luis Cabezas, que atribuyó a cuestiones personales del fotógrafo. Un mes después se descubrió que su título de abogado era falso y que sólo había aprobado 16 materias, por lo que el Colegio Público le quitó la matrícula. Según el matutino "La Nación", Magnani replicó que "esto no va a quedar así. Yo tengo muchos contactos. Ahora algunos se olvidan de que trabajé con Eduardo Bauzá cuando era ministro del Interior". De todos modos, no se considera que esta lista represente al gobierno nacional entre los abogados. * Lista 2, Unión Nacional de Abogados, presidida por Elías Salazar, quien fue cuatro veces candidato a la presidencia del Colegio Público. Es la de más definido matiz político, o al menos social. Salazar fue militante del Partido Socialista, igual que el ministro de la Corte Suprema, Carlos Fayt, de quien fue amigo personal, socio y recomendante para el cargo, algo de lo que hoy no se acuerda con entusiasmo. Entre sus integrantes hay varias personalidades muy respetadas: el abogado del Movimiento de los Trabajadores Argentinos Héctor Pedro Recalde, el penalista Elías Neuman y el ex diputado radical Ricardo Cornaglia, autor de un proyecto de Código de Trabajo que sus correligionarios no apoyaron. Ocho de sus catorce candidatos son de la Asociación de Abogados de la Capital, una organización pequeña y progresista. Sólo motivos personales explican que este sector no participe de la lista 4, con la que tiene afinidades ostensibles. * Lista 3, Federal, cuyo primer candidato es el profesor de derecho constitucional Miguel M. Padilla, actual asesor del Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano. Esta lista reproduce de alguna manera la misma alianza de sectores que sustenta al gobierno nacional. Padilla militó en la UCeDé, pero se alejó en malos términos con la ingeniera María Julia Alsogaray y su padre el Capitán. Padilla fue también abogado de la Compañía Italo de Electricidad y encargado de negocios de la Argentina en Londres, a cargo de la embajada entre 1962 y 1963, cuando Carlos Manuel Muñiz ocupó la Cancillería. Concluída la última dictadura militar, editó un boletín sobre las actividades parlamentarias, con información sobre los proyectos de ley presentados. Aunque fue vicepresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (el más conservador, que reúne a representantes de grandes empresas y estudios) Padilla no consiguió su apoyo explícito: sólo que el Colegio notificara a los afiliados la existencia de su candidatura. Esto se explica por la posición muy crítica que el Colegio ha tenido hacia la colonización de la Corte Suprema y parte del fuero federal por el actual gobierno. No sería exacto contar a Padilla como un incondicional del menemismo. Por ejemplo, en la edición de febrero publicó en la revista "La Ley" un artículo muy crítico del fallo de la Corte en favor de la privatización de los aeropuertos por decreto, porque la Corte desconoció la legitimidad de los legisladores para litigar, pasando por alto la personería del Defensor del Pueblo que también se había presentado. En la misma lista se presenta Oscar G. Igounet, hermano del subsecretario de inteligencia interior de la SIDE y ex edecán presidencial, coronel Jorge Norberto Igounet. Defensor de algunos militares carapintada procesados por extorsión y otros delitos comunes, y de torturadores detenidos por su actuación en la guerra sucia, Oscar Igounet también representó a Menem en un par de causas significativas. En una acusó al anterior gobierno radical de jugar a la ruleta rusa con la cabeza de la República, a raíz del copamiento del regimiento de la Tablada por un grupo de desaforados. En otra pidió que se castigara a la revista Humor por publicar una caricatura con una manguera de nafta allí donde la espalda presidencial pierde su honesto nombre. También defendió al ex capitán de Ejército Rafael López Fader, uno de quienes en la década del 70 interceptaron el auto del banquero Osvaldo Sivak para raptarlo. López Fader prestó servicios clandestinos en la presidencia estando prófugo de la Justicia. El año pasado, cuando el melodramático ex presidente Raúl Alfonsín dijo que si su sucesor violara la Constitución para perpetuarse en el poder él iría a golpear las puertas de la Casa Rosada "para sacar de ese lugar a un usurpador", Igounet lo denunció por instigación pública a la rebelión contra las autoridades legítimamente constituidas. Como suplente, la Lista 3 incluye a Ricardo A. Vázquez, sobrino del ministro de la Corte Adolfo Vázquez. Vocal del Colegio Público de Abogados, Vázquez pidió una sesión especial para defender a su tío cuando el Colegio pidió su juicio político. Como cabeza de lista para el Jurado de Enjuiciamiento aparece Horacio Creo Bay el primer socio de Roberto Dromi cuando el mendocino hizo pie en Buenos Aires y decidió enrolarse en el justicialismo. Cuando ya había hecho carrera y era ministro de Obras y Servicios Públicos, Dromi convocó a Creo Bay a formar parte del consejo de asesores académicos para el proceso de privatizaciones y de la comisión honoraria de especialistas que redactó el proyecto de reglamentación de la ley de desguace del Estado. Actualmente es asesor del secretario de Justicia Guillermo Ocampo. También fue designado por el Defensor General, Miguel Angel Romero como director de la Unidad Ejecutiva del Proyecto de Reforma de la Justicia financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. * Lista 4, Coincidencia Colegialista, surgida de un acuerdo entre las conducciones de los principales colegios del país, los de la Capital y la provincia de Buenos Aires. Aunque no tiene relación orgánica con la Alianza entre la UCR y el Frepaso, es la que mejor expresa entre los abogados a la oposición al gobierno nacional. Pero además tiene una fuerte inserción institucional. En la provincia las facultades legales residen en los 18 colegios departamentales, cuyos presidentes integran a su vez el Colegio provincial. De allí surgió la propuesta de una lista conjunta que además incluyera al Colegio Público de la Capital y a la Federación de Colegios de Abogados (FACA). El primer candidato de la lista es Juan Mario Gersenobitz, de Trenque Lauquen, quien fue tres veces presidente del Colegio de la provincia e integró la comisión asesora de la Magistratura en La Plata. La actual conducción del Colegio Público, presidida por el ex ministro de la Corte Suprema Jorge Bacqué fue reelecta por el 47 por ciento, pero en una elección en la que participaron otras cinco listas, de modo que no podía invocar la representación institucional. Sin embargo, el segundo candidato de la Lista 3 es el Secretario General del Colegio Público, Diego May Zubiría, ex presidente de la Asociación de Abogados y convencional constituyente por el Frepaso en 1994. Tampoco la FACA pudo integrar la lista en forma institucional. El año pasado, su presidente Fermín Garrote apenas logró la reelección por un voto, 35 contra 34 del ex presidente de la Asociación de Abogados, Hugo Germano. El tercer lugar en la Lista lo ocupa, en representación del sector de Germano en la FACA, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Eduardo Orio. * Lista 5, Colegiación y Justicia, encabezada por Fermín Garrote, también muy crítica de los manejos hegemónicos del gobierno nacional sobre la Justicia. Lo acompañan el ex presidente del Colegio de Abogados de Mercedes, César Manuel Gradín y el ex decano de la Facultad de Derecho de Tucumán, Marcelo Bourguignon. Durante el proceso electoral se profundizó el desentendimiento entre Garrote y el Colegio Público de la Capital. La FACA tuvo a su cargo la redacción del reglamento. La ley establecía que debía asegurarse la presencia del interior, y FACA interpretó que ello implicaba al menos un representante de la provincia de Buenos Aires y otro del resto del interior. También que para integrar el Jurado de Enjuiciamiento era requisito ineludible ser miembro de la Junta de Gobierno de la FACA. Estas cláusulas fueron objetadas por Bacqué y la Corte Suprema las rechazó. También dispuso que se aplicara el sistema de representación proporcional D'Hont, el mismo que rige en las elecciones legislativas nacionales. Esto debilitó la posición de Garrote, quien en 1995 había sido reelecto por unanimidad en la FACA y hoy no alcanzaría la mitad más uno de los votos que obtuvo dos años después. Aun así la 5 es una de las listas que podrían obtener un asiento en el Consejo. La otra con posibilidades es la 2 de Salazar, mientras todo parece indicar que la Lista 4 obtendría una cómoda mayoría. La duda es si la proporcionalidad le permitirá conseguir tres de los cuatro asientos en el Consejo, como se ilusionan sus candidatos. Entre los abogados que mejor conocen la dinámica del Estamento, se estima que cuanto mayor sea la cantidad de votantes, más probable sería tal resultado. Si, como muchos indicios sugieren, la participación es baja, Gersenobitz y May Zubiría serían acompañados por Garrote y Salazar. Nadie asigna posibilidades serias a las otras dos listas.
Los que faltan Luego de la elección de los abogados restaría la designación de los representantes de las dos cámaras del Congreso, de los académicos de derecho y de los profesores universitarios. En el Senado el Partido Justicialista designará a tres de los cuatro consejeros: dos propios (los candidatos son Jorge Yoma, Augusto Créase o No Alasino, Ricardo Branda, José De la Sota, Angel Pardo y Carlos de la Rosa) y un provincial, que podría ser el neuquino Jorge Solana, quien de hecho funciona como parte del bloque oficialista. Por la UCR irá el santafesino Horacio Usandizaga. El representante del PJ en el Jurado de Enjuiciamiento sería Ernesto Oudín, ex ministro de la Corte de Misiones, y el de la UCR el puntano Jorge Agúndez. En la Cámara de Diputados uno de los dos justicialistas será el ex socio de Carlos Menem, César Arias, mientras el segundo asiento se discute entre el cordobés Juan Carlos Maqueda y el menemista sin dudas ni murmuraciones Miguel Angel Picheto, de Río Negro. La UCR designaría a Melchor Cruchaga y por el Frepaso irían Nilda Garré u Oscar Massei. Para el Jurado de Enjuiciamiento, podría ir el santafesino Alberto Natale. Los titulares de cátedra de las Facultades de Derecho de universidades nacionales elegirán a un representante por voto directo, y el Consejo de Rectores a otro, por el voto de dos tercios de sus miembros. Se presume que el primero estará más cerca de la oposición y el segundo del gobierno. Si todas estas suposiciones se confirmaran el gobierno nacional contaría en el Consejo con los votos de los representantes de la Corte y del Poder Ejecutivo, tres senadores, dos diputados, un juez y un académico, es decir la mitad de los veinte miembros del Consejo de la Magistratura. En cambio, la oposición no podría sumar como propios a todos los restantes. Por ejemplo, "Caviglione Fraga no es menemista, pero está más cerca de nosotros que de la Alianza", vaticinó el senador Jorge Yoma. Aunque esto no sea más que una expresión de deseos, es ostensible que el camino hacia una Justicia idónea e independiente, que repare la devastación de los últimos años, sigue siendo tan largo como complejo. NAZARENO PODRÍA IRSE FIN DE RÉGIMEN
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Mañana, de 9 a 18, un padrón de 66.126 abogados votarán en todo el país para elegir a
cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura y dos para el Jurado de
Enjuiciamiento, creados por la Constitución de Olivos en 1994 y reglamentados por las
leyes 24.937 y 24.939 para revertir el dramático desprestigio de la Justicia. Sólo una
de las cinco listas tiene vínculos con el menemismo: lleva entre sus candidatos a un
hermano del subsecretario de Inteligencia del Estado, a un sobrino de un ministro de la
Corte Suprema de Justicia, a un asesor del ministerio de Justicia y a otro de la
Defensoría del Pueblo de la Nación.