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 Cuatrocientos
choferes de la empresa de transportes Fournier --las líneas 86, 56, 97 y 193-- eligieron
la avenida 9 de Julio como centro de protesta, tras la inesperada decisión de la
Secretaría de Transportes de derogar la licencia a esa firma por "mala prestación
del servicio" y una "evasión impositiva de 31 millones de dólares",
según afirmó el titular de la secretaría Armando Canosa. Durante la jornada de ayer
estacionaron 330 vehículos en doble fila y el tránsito en el centro de la ciudad fue un
descontrol. Miles de usuarios del oeste del conurbano bonaerense debieron buscar otras
alternativas para viajar. Finalmente, los nuevos concesionarios acordaron la
incorporación de los 1100 trabajadores por 60 días, hasta que se realice la licitación
definitiva para explotar la línea, pero se negaron a mantener el plus de 140 pesos que
los choferes recibían mensualmente. El servicio permaneció interrumpido todo el día y la protesta de los trabajadores provocó embotellamientos en el tránsito desde las primeras horas de la mañana. La policía montó un operativo especial y ubicó en la zona a unos 200 efectivos, motociclistas del cuerpo de Policía de Tránsito y camiones de la Guardia de Infantería. A las 10, los colectiveros marcharon a pie desde la avenida 9 de Julio hasta el Ministerio de Economía y esperaron todo el día en la Plaza de Mayo, donde amenazaron con organizar una olla popular. Once delegados gremiales fueron recibidos por Canosa, quien les informó que la medida era "irrevocable", aunque aclaró que "tanto la resolución de caducidad como la de otorgamiento del permiso precario dice expresamente que hasta que se otorgue la licitación, la empresa que se hace cargo de este permiso tiene que tomar a todos los trabajadores de la empresa". El conflicto abarcó a las líneas 86, que cubre el trayecto entre la Boca y González Catán y es la única que tiene permiso de ingreso al aeropuerto de Ezeiza; 56, de Retiro a Tapiales; 97, de Constitución a Morón, y 193, de Barracas a Gregorio de Laferrère. Los nuevos prestatarios conforman una Unión Transitoria de Empresas integrada por DOTA, propietaria de las líneas 5, 23, 28, 44 y 101; la Ideal de San Justo (76, 88, 96 y 185) y Sargento Cabral, dueña de la 182. Pasadas las 17 y tras dos cuartos intermedios, se llegó a un acuerdo. "Los trabajadores perdimos algunos derechos adquiridos, como el sobresueldo de 140 pesos, pero ahora vamos a tener aportes jubilatorios. Nos dijeron que el servicio tenía que restablecerse a las 4 de la madrugada de mañana (por hoy) con o sin los trabajadores", expresó uno de los delegados gremiales al salir de la reunión. Todo comenzó el miércoles a las 12.30, cuando los directivos de la empresa recibieron el telegrama de la Secretaría de Transporte que anunciaba la derogación de la licencia. Unas horas después, el presidente de la empresa, Edgardo Hermida, anotició a los 1200 empleados que había caducado el piso y que desde la medianoche comenzarían a operar los nuevos licenciatarios. En esa misma reunión, en una de las cabeceras de la empresa en el kilómetro 32 en González Catán, patrones y empleados decidieron marchar con los coches hacia la Capital Federal y, así, evitar que los nuevos dueños se hicieran cargo del servicio. La caravana partió rumbo a la Plaza de Mayo. "La policía nos dividió en el camino. Cuando estacionamos en la Casa Rosada a unos compañeros los golpearon con palos y les rompieron la ropa, hasta que llegó un comisario y nos dijo que teníamos 10 minutos para desolojar el lugar porque si no mandaba a reprimir", contó Angel Gabriel, uno de los choferes amotinados que reporta en la empresa hace 15 años y dice que hace tiempo que las cosas no andan bien. Esta es la décima concesión de transporte que se quita en lo que va del año, de las cuales dos ya fueron adjudicadas a nuevas firmas y se está en proceso de hacer lo mismo con otras dos.
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