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Carlos Spadone tiene la vaca atada
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La vaca atada El escándalo se desató a fines de noviembre de 1991, cuando un gran cargamento de leche Jorgiano vendida por Summum, la empresa de los hermanos Carlos y Lorenzo Spadone, fue incautado en la provincia de Buenos Aires por no ser apta para el consumo. Según denuncias previas y de acuerdo con los estudios realizados por técnicos del Instituto de Bromatología, el contenido de esos envases de cartón ordinario, con una vaca holando-argentina estampada en su frente, no era homogéneo, resultaba imposible verificar con exactitud su fecha de vencimiento, presentaba bajo contenido proteico y en muchas de sus partidas se observó la presencia de Escherichia coli, una bacteria causante de diarreas y graves trastornos digestivos. Jorgiano, en verdad, ganadora del concurso de precios llamado por el Ministerio de Salud para los planes de atención Materno-Infantil no había cumplido con las exigencias del pliego. Summum había importado de diversas regiones de centroeuropa leche en polvo a granel que, luego, se limitó a fraccionar y envasar en las fábricas Sastre y ERA violando las cláusulas del requerimiento. El hecho provocó la renuncia de Carlos Spadone a su puesto de asesor presidencial y el de Miguel Angel Vicco, dueño de ERA, a la secretaría privada del Presidente. Jorgiano no mata La investigación judicial se prolongó largos años en los que quedaron firmes los procesamientos de Spadone, su gerente Néstor Lorenzo y el encargado de Sastre, Carlos Eugenio Santunione, por defraudación al Estado. No obstante, el 8 de mayo de 1996, el Ministerio de Salud firmó un convenio con Spadone, en los términos requeridos por el empresario: se le pagaría a condición de que Summum se abstuviera de reclamaciones. El dictamen del director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Ramón Castillo Carrillo, en un escrito de notable originalidad, sostuvo que la leche vendida por Summum "no posee aptitud suficiente para dañar o perjudicar en su salud a cualquier persona". Es decir que podía haber sido peor. Agregó el dictamen que no se había comprobado "la intoxicación de persona alguna por la ingesta de leche en polvo" y los peritos que la habían encontrado no apta para el consumo humano se habían retractado. Ciertamente, la leche no tuvo en su corto tiempo de distribución, consecuencias letales, pero incluso los responsables del galpón que Summum poseía en Lomas del Mirador habían confesado a Página/12 que no era apropiada para recién nacidos y "a veces viene mojada". Y a ellos, recién nacidos carenciados, iba destinada. La existencia de partidas quemadas en las provincias o entregadas como alimento a los chanchos al detectarse sus deficiencias, es zanjada por el ministerio con el argumento de que allí intervino un tercer elemento: las condiciones de transporte y almacenamiento. Aunque, que se sepa, la leche en polvo no necesita cámaras frigoríficas para su conservación y su envase la aísla del agua y la humedad. Esta pieza sublime de la lógica ministerial, como corresponde, no dice ni mu en relación con el hecho comprobado de que esa sustancia amarillenta, gruesa y agrumada nada tenía que ver con las condiciones que sus propios pliegos habían fijado y con el precio pagado (un promedio de 3,50 dólares el kilo). Pero en cambio concede que, por suerte, "no tenía aptitud suficiente para dañar la salud" y a causa de su ingesta no se detectaron bajas.
Gracias, Spadone En virtud de este insólito razonamiento, el ministerio resolvió que todos los esfuerzos se justificaban en defensa del erario y resolvió abrir el paraguas ante un eventual juicio de Summum. Así, el director de Jurídicos aconsejó que "sería prudente a los efectos de evitar costos y costas a cargo del Estado Nacional, que se nos instruya a apartarnos de la querella (...). Con respecto al pago solicitado por Summum, el mismo sería procedente". En la cuestión del pago pedido por Spadone, Castillo Carrillo sugiere que "el mismo sería procedente (...) toda vez que el resultado de la causa podría ser favorable a los involucrados". La proposición conciliatoria que Summum llevó al antiguo edifico de Obras y Servicios Públicos consistía, por su lado, en ofrecer hacerse cargo de las costas de la querella y los honorarios de los peritos, así como renunciar a toda otra reclamación futura por daños y perjuicios. Castillo Carrillo estimó que el trato era conveniente para el Estado y el bolsillo de la ciudadanía, sobre todo teniendo en cuenta "los beneficios adicionales que se podrían obtener respecto del ofrecimiento por parte del proveedor". Con tantas recomendaciones, Alberto Mazza dispuso: "Acéptase en todos sus términos la propuesta de Summum". Con una aclaración: "El pago queda supeditado a la obtención de partidas presupuestarias para tal fin".
Estado de gracia El ministro, que es un hombre de honor, cumplió con el pacto suscripto con el ex asesor y actual socio presidencial, a pesar de los pesares. El programa de Atención de la Madre y el Niño no tenía fondos disponibles para concretar el resarcimiento. Por eso es que la orden de pago librada el 28 de diciembre de 1996 no llevó el número 17 que corresponde al código del programa. En su lugar, en el casillero, figura el 01 correspondiente a Actividades Centrales, que no es otra que la unidad ministro. Los empleados de la oficina de Presupuestos de la cartera de Salud indicaron a Página/12 que, "cuando no hay presupuesto en los programas, la decisión de pago depende directamente del ministro". Y fue él mismo quien hizo posible el cumplimiento de la única condición que el organismo había impuesto a Summum: sacando el dinero de sus propios gastos. No era una pavada. El costo de la fidelidad a la palabra empeñada se llevó el 3,4 por ciento de su presupuesto que, al año, ronda los 35 millones y medio de dólares. * Informe: Marcela Perelman.
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Pese a encontrarse procesado bajo el cargo de defraudación
a la administración pública por la venta de leche adulterada al Ministerio de Salud y
con un pedido fiscal de dos años y medio de prisión, Carlos Spadone, socio mayoritario
de las bodegas Menem, cobró de esa cartera una importante suma como resarcimiento.
Ocurrió el 28 de diciembre de 1996 y el precio fijado a la compensación fue de un
millón ciento dieciocho mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos con noventa y ocho
centavos. Es que el ministro Alberto Mazza descubrió que el producto no era letal y que
los peritos de bromatología, en un abracadabra, se habían retractado. El ministerio, que
siendo víctima de la defraudación jamás se había presentado como querellante en la
causa, temió convertirse en demandado. Presa de un ataque de responsabilidad y decidido a
impedir que el Estado siguiera tirando su dinero, el ministro Mazza sospechó que el pago
reclamado por Spadone "sería procedente" y resolvió allanarse "en todos
sus términos a la propuesta de Summum".