Su Señoría se llama Ana María Careaga.

El gobernador es Adolfo Rodríguez Saa, jefe supremo de la provincia desde 1983.

En febrero de 1997, el Colegio de Abogados de Villa Mercedes, la segunda ciudad de San Luis, emitió un documento en el que decía que Rodríguez Saa controla la Justicia y la prensa de una forma "totalitaria". Un grupo de integrantes del Poder Judicial se sintió identificado con el texto y envió al Colegio una carta diciendo que compartía el análisis. Firmaban cuatro juezas, una defensora y dos secretarias. Las seis ignoraban que no solo habían firmado una declaración de solidaridad: también, su propia cesantía.

Fue sencillo para el poder político remover a las secretarias. Bastó con aplicarles la ley de emergencia judicial de la provincia.

Con las juezas, en cambio, se necesitaba una sutileza mayor. Pero no mucho mayor. Era cuestión de mirar con lupa sus actuaciones y buscar una excusa para endilgarles mal desempeño.

La excusa llegó muy pronto cuando, a fines del '96, un grupo de concejales denunció al intendente de Villa Mercedes, Alberto Cangiano, porque presuntamente no cumplió con la carta orgánica municipal al contratar a una empresa que debía brindar el servicio de estacionamiento medido. Según los concejales, el contrato solo era posible si lo aprobaban los dos tercios del cuerpo. El intendente, hombre tan orgulloso de su eficacia como de la confianza del gobernador, esquivó el obstáculo y contrató él mismo. Y los concejales llevaron el tema a la Justicia, donde le tocó tratarlo a la doctora Careaga.

La jueza pidió la documentación, soportó con paciencia demoras y bicicletas y se cuidó de que la causa no sonara a campaña política. Un ejemplo: cuando llegó a la convicción de que debía citar al intendente para indagarlo, esperó hasta después de las elecciones. No quería dañar la imagen del funcionario. Tuvo un cuidado que, por cierto, no fue correspondido. Cangiano jamás fue al juzgado y, además, cuestionó a la jueza con dos argumentos maravillosos.

Dijo que Su Señoría tenía militancia política, lo cual está prohibido por la Constitución provincial.

Sostuvo que la jueza quería citarlo a pesar de sus fueros.

La acusación por militancia se limita a la carta de adhesión al documento del Colegio de Abogados. La preocupación institucional de una jueza quedó convertida, para el intendente, en una militancia que impide ser juez de la Nación.

La defensa de los fueros es curiosa: al menos en San Luis, los intendentes no tienen fueros.

El caso de la doctora Careaga ya es famoso en una provincia donde la utopía de la independencia del poder judicial agrega color doméstico al decolorido panorama de Justicia en la Argentina. Una provincia donde puede darse un caso como el de Nelson Madaff. Una chica desapareció. Nadie halló su cuerpo, pero acusaron a Madaff, su novio, de haberla matado. El juez Néstor Ochoa actuó con velocidad. El gobernador no quería un caso María Soledad en San Luis y él dictó al muchacho la preventiva por homicidio. En la cárcel Madaff se contagió el Sida. Mucho tiempo después su novia apareció. Estaba en San Juan, casada y con hijos, y no se había enterado del escándalo. Nelson es hoy un inocente notorio y recuperó la libertad, pero está condenado a muerte.

Un jurado dijo que el magistrado Ochoa, el mismo que sobreseyó a Rodríguez Saa en una causa por enriquecimiento ilícito, había actuado bien.

Otro jurado debe decidir ahora la suerte de Ana María Careaga.

La Federación Argentina de la Magistratura, que representa a los jueces de todo el país, afirmó la semana pasada que "la situación en el Poder Judicial de la provincia de San Luis, con la persistencia de cesantías de funcionarios sin sumario previo y el sometimiento a jury de enjuiciamiento a jueces por sus resoluciones, agravia a toda la sociedad, por lo que se reclama una vez más el respeto al orden constitucional".

Como diría Groucho Marx, faltan pocos días para saber si la Justicia de San Luis es a la justicia lo que la música militar es a la música.

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