Por Carlos Rodríguez
Hay que
reglamentar los concursos para modificar lo que hoy parece ser una regla: grandes negocios
y pequeñas obras de caridad. El presidente de la Comisión de Comunicaciones de la
Cámara de Diputados, Juan Manuel Valcarcel (PJ), llegó a esa conclusión tras escuchar
las quejas del padre Julio Grassi, de la Fundación Felices los Niños, quien ratificó
ante los legisladores que la firma Hard Communication, organizadora del concurso
telefónico del programa de Susana Giménez, le adeuda un millón de pesos del porcentaje
que le correspondía por intervenir en el juego. En tanto, el juez federal Adolfo Bagnasco
allanó la sede de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), en la causa que
investiga el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de
las autoridades del ente, al permitir el funcionamiento de las empresas de audiotexto que
utilizan el servicio para organizar juegos de azar prohibidos.
El diputado de la Alianza Andrés Delich, en nombre de la oposición, pedirá mañana
en la reunión plenaria de la comisión que se cite con urgencia al secretario
de Comunicaciones, Germán Kammerath, para que explique el porqué de la inacción
de la CNC, organismo que depende de la secretaría y que debe controlar el funcionamiento
de los servicios de audiotexto. En principio se esperaba que Kammerath concurriera
ayer, junto con Grassi, pero finalmente sólo se presentó el sacerdote.
Grassi pidió a los legisladores que se regule cuanto antes el funcionamiento
de las líneas 0-939, destinadas a recaudar fondos con fines benéficos, para que no
haya acuerdos libres como el que suscribió él con Hard, la empresa de Jorge Born y
Jorge Rodríguez, el novio de Susana Giménez. Grassi lamentó lo ocurrido porque ahora
como sacerdote estoy en medio de un reclamo de dinero.
Explicó que además del número que tenía en el programa de Susana el uso fue
suspendido tras el escándalo, tiene otro también benéfico, el 0939-10000. Por el
mismo recibe el 94 por ciento del total del valor de las llamadas, mientras
que con Hard pactó sólo el siete por ciento y luego recibió menos. Cuando
se le preguntó si recibió amenazas de parte de los voceros de la empresa, Grassi
respondió en forma ambigua: Si en una discusión uno se siente presionado es porque
uno se debilita, pero yo no me achiqué. Cuando se le pidió una precisión,
prefirió dejarlo así.
Trascendió que en la reunión con los diputados, Grassi confirmó que Hard Communication
comenzó a utilizar la línea benéfica el 26 de mayo del año pasado, cuando todavía no
se había firmado el contrato, vigente desde setiembre de 1997. Voceros de la comisión
precisaron que ésa es una cuestión grave, que debe ser muy bien analizada.
Valcarcel, como titular del cuerpo legislativo, sostuvo que el sistema de audiotexto
no está regulado adecuadamente y anticipó que sin afectar la
existencia de las líneas benéficas, hay que legislar para que se acaben los grandes
negocios y las pequeñas obras de beneficencia.
Grassi, cuando se retiraba, lamentó el descreimiento que puede generar en la sociedad la
polémica sobre los 0-600. Ahora comienza la colecta de Caritas y la gente va a
empezar a dudar sobre cuánto es lo que va a la obra benéfica. Dijo que no tenía
nada que decirle a Jorge Born, salvo recordarle los versos del poeta
comunista, para más datos Armando Tejada Gómez: A esta hora,
exactamente, hay un niño en la calle.
| Más genocida que generoso Esto más que generoso es genocida. El fiscal Martín López
Perrando, quien presentó la denuncia contra la utilización de las líneas 0-600 para
organizar juegos de azar, criticó con dureza a los que utilizan el nombre de entidades
benéficas para administrar un fondo y luego se quedan con el 93 por
ciento del fondo, citando de manera implícita el contrato firmado entre el padre
Julio Grassi y la firma Hard Communication. El fiscal puntualizó que más que un
acto de administración es un acto compulsivo de retención del fondo en particular.
López Perrando sostuvo que lo que pidió que se investigue es por qué se usan
estos 0-600 de esta manera y quién permite que se usen estos 0-600 de esta manera.
En lo que parece una coincidencia de objetivos, el juez federal Adolfo Bagnasco allanó,
en forma consecutiva, la sede de Lotería Nacional que tiene el poder de policía
sobre los juegos de azar y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC),
responsable de controlar el correcto funcionamiento del servicio de audiotexto.
El fiscal denunciante interpretó que las empresas tuvieron que maquillar el
tema para evitar los contralores. Se alegró por la polémica que se ha
generado porque se ha establecido, primero, que éstos son juegos (de azar) y,
segundo, que tienen que tributar para evitar así que se siga engañando a la
gente.
Diputados de la Comisión de Comunicaciones creen que debe ser investigado a
fondo el número 0600-1-8888, que utilizaba Lotería Nacional para realizar el juego
denominado Segunda Vuelta, que fue suspendido una vez que estalló el
escándalo. |
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