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Menem vetó parte de la reforma laboral y la CGT está que trina

El veto alcanza a tres artículos de la flamante ley. Uno de ellos era el que obligaba a negociar las convenciones colectivas por gremio y por el cual los sindicalistas aceptaron apoyar la reforma.

Daer, Erman y Cavalieri, cuando todo era armonía entre el Gobierno y la CGT para aprobar la ley.
Ayer, el ministro de Trabajo fue el primero en poner la firma al veto pedido por Carlos Menem.

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Por Fernando Almirón

t.gif (67 bytes) El Poder Ejecutivo vetó ayer el artículo de la recientemente sancionada Reforma Laboral que le otorgaba a la CGT el poder absoluto para negociar las convenciones colectivas de trabajo por gremio. Con el veto, se diluye el principal objetivo que perseguía la central obrera, que a cambio ofrendó un alto costo político al apoyar la flexibilización laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo. Ahora –tal como lo reclamaban el FMI y los grupos empresarios– las condiciones laborales podrán ser negociadas por empresa sin intervención del ámbito sindical superior.
El Gobierno también objetó otros dos artículos: el referido a los despidos por discriminación que implicaban un 30 por ciento más en las indemnizaciones, y otro que fija la vigencia de acuerdos que no hayan sido actualizados en los últimos diez años. Mientras en el bloque de diputados justicialistas anticiparon que rechazarían el veto, los dirigentes cegetistas se cruzaban a última hora de ayer indignados llamados telefónicos para hablar sobre lo que consideran una tremenda traición.
El primero en firmar fue el jefe de la cartera de Trabajo, Antonio Erman González. Después siguieron los demás ministros y a última hora el presidente Carlos Menem estampó su apellido en el texto que debía ingresar en Cámara de Senadores antes de la medianoche de ayer, al filo del límite reglamentario, con lo que se evitó que la ley se promulgue automáticamente sin permitir modificaciones por parte del Ejecutivo.
Mientras el secretario de Relaciones Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete, Néstor Alcalá, no sacaba sus ojos del reloj, la noticia del veto ya había comenzado a desparramarse entre legisladores y sindicalistas, que se resistían a creer en la veracidad de la novedad. Hace menos de una semana los dirigentes de la CGT habían festejado junto a los diputados justicialistas la sanción de la ley de Reforma Laboral en el Congreso, después de dos intentos fallidos. La alegría quedó atrás.
La CGT había logrado modificar en el Senado el artículo 15 del proyecto de la norma para –contrariamente a los deseos expresos del FMI– instalar a la central obrera como el único interlocutor válido para sentarse en la mesa negociadora de la convenciones colectivas de trabajo. En realidad fue el único motivo por el cual Rodolfo Daer y la dirección cegetista se atrevieron a pagar el alto costo político que significaba apoyar una flexibilización laboral rechazada desde todos los sectores.
Alfredo Atanasof, el presidente justicialista de la Comisión de Legislación Laboral de Diputados, y el principal impulsor de la norma en el Congreso, no salía ayer de su asombro. “Es preocupante, ya que no es lo que habíamos pactado con Erman González y los representantes de la CGT”, le dijo a Página/12 mientras atendía una avalancha de llamados para confirmar la novedad. Atanasof también agregó: “Mañana (por hoy), con los papeles en la mano, vamos a estudiar los caminos a seguir, cómo vamos a responder al veto del Ejecutivo”.
En el bloque de Diputados justicialistas reinaba el mal humor. “Nos usaron de forros”, argumentó un legislador bonaerense que votó a favor de la ley sin estar de acuerdo con ella. “No estamos dispuestos a comernos el veto”, aseguró por su parte un vocero del bloque. Sin embargo, el hombre cercano al jefe de la bancada, Humberto Roggero, reconoció que no hay posibilidad alguna de concretar el rechazo, ya que para ello se requiere del voto de los dos tercios del cuerpo, algo imposible de lograr sin la presencia de la coalición aliancista.
Los artículos vetados por el Ejecutivo son el 11, 12 y 15 de la norma sancionada. El primero de ellos se refiere al incremento de un 30 por ciento en la indemnizaciones por despidos discriminatorios, tales como los motivados por raza, orientación sexual o religión. El artículo 12 está dedicado a los plazos de vigencia de las convenciones que no hayan sido renegociadas en los últimos diez años. Por último, el artículo 15, cuya eliminación de la ley produce escozor entre los cegetistas, estipulaba elmonopolio de la central obrera para arbitrar en la negociaciones por gremio, que ahora pueden ser resueltas por empresa.

 


 

MAQUEDA Y PICHETTO DESIGNADOS EN EL CONSEJO
Dos peronistas para la Magistratura

t.gif (862 bytes) El bloque de diputados nacionales del PJ designó anoche a Miguel Angel Pichetto y a Carlos Maqueda como sus representantes en el Consejo de la Magistratura y a Carlos Soria como miembro del Jury de Enjuiciamiento. Con la elección de los legisladores peronistas se completó la integración de los órganos consagrados en la reforma constitucional de 1994 para la selección y remoción de los jueces.
El acuerdo dentro de la bancada peronista que posibilitó la designación de Pichetto y Maqueda entre los miembros del Consejo de la Magistratura incluyó la elección del bonaerense Dámaso Larraburu y de la salteña Lelia Chaya como sus suplentes en ese cuerpo. Junto a la nominación de Soria, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para el Jury de Enjuiciamiento, se resolvió designar a la entrerriana Sara Amavet como suplente en ese cargo.
Las negociaciones para la elección de los representantes en el Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento ocuparon la atención del bloque peronista desde la mañana. Y no resultaron sencillas, sobre todo en el caso de Maqueda, quien no sólo era resistido por los menemistas sino también por los jueces federales, quienes hicieron saber que no estaban de acuerdo con su designación. Maqueda tiene trayectoria en el campo del derecho, fue constituyente y en su momento se fue del gobierno pegando un portazo. Dentro del peronismo se lo considera como un hombre independiente y de ahí la reticencia del menemismo a su nombramiento.
El Consejo de la Magistratura –que tendrá a su cargo la selección y remoción de los jueces– lo preside el titular de la Corte Suprema de Justicia y lo integran un representante del Ejecutivo, cuatro jueces, cuatro representantes de los abogados, dos académicos y ocho legisladores (cuatro por el Senado y otros tantos por Diputados). De todos sus miembros, los únicos que faltaban designar eran los representantes del bloque de diputados peronistas.

 

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