Por Laura Vales
La viuda de Marcelo
Cattáneo, Silvina de la Rúa, dijo a la Justicia que cree que su marido fue asesinado o
empujado a ahorcarse con amenazas mafiosas contra su familia. La mujer declaró durante
casi tres horas ante el juez Enrique Velázquez para explicarle por qué duda de la
hipótesis del suicidio. Después pidió una custodia especial para salir del edificio y
eludió a la prensa usando una de las puertas laterales. El titular del juzgado hizo a
este diario una declaración que refleja el clima vivido en la audiencia: Estoy
investigando un presunto homicidio, aseguró al abandonar su despacho.
De la Rúa fue a Tribunales sola, sin la asistencia de ninguno de sus abogados. Llegó
pasadas las tres de la tarde, vestida de luto. La esperaban los fiscales Ricardo Sáenz y
Juan Manuel Sansone, que asumieron la investigación conjunta por la desaparición y la
muerte de Cattáneo. En la oficina del juez también estaba el psiquiatra Roberto Godoy,
uno de los peritos menos convencidos de que éste sea un caso de suicidio.
La sospecha básica de la viuda es que su esposo fue obligado a quitarse la vida, tal vez
asustado ante la posibilidad de que le hicieran algo a sus hijos. Cattáneo había
cambiado en los últimos meses algunos de sus hábitos, entre ellos el de usar su
teléfono celular. Las extrañas ropas con las que se lo encontró ahorcado, por otra
parte, podrían ser una señal de que estaba escapando de alguien.
Esta fue la primera declaración de la mujer desde que Velázquez se hizo cargo de la
causa. El magistrado ha sido duramente cuestionado por la familia de Cattáneo, que lo
acusa de no haber tomado medidas para salvar la vida del empresario. Velázquez fue quien
había recibido la denuncia por su desaparición, y se le señala no haber distribuido las
fotografías que habrían ayudado a encontrarlo. Finalmente se cuestiona al juez por haber
convocado a la División Homicidios una semana después de que se encontrara el cadáver.
Silvina De la Rúa también fue interrogada sobre la situación de su esposo en Baxxor, la
operadora turística donde trabajaba. El presidente de la firma, Carlos Asensio, le dijo a
los investigadores que en la empresa faltan 360 mil dólares, y que sospecha que Cattáneo
lo estaba estafando hace más de un año. Por eso no se descarta que éste haya sido el
móvil que lo impulsó a quitarse la vida.
Velázquez pretende agotar diversas medidas de prueba antes de que finalice este mes,
cuando vencerá la suplencia que realiza en el juzgado donde está radicada la causa. Todo
indica que su lugar será tomado por la jueza María Angélica Crotto. Entre las medidas
pendientes está la reconstrucción de la muerte de Cattáneo. Estaba planeada para
fines de esta semana dijo el fiscal Sáenz pero se demorará unos días,
porque se están haciendo pruebas previas. La idea es que una sola reconstrucción alcance
para cumplir con todos los objetivos que tenemos. Fuentes policiales aseguraron que
los elementos necesarios para el operativo -entre ellos un muñeco de dimensiones
similares a las de la víctima ya están preparados. El procedimiento se hará
seguramente la próxima semana, ya que durante el domingo los policías de la comisaría
de la zona, la 51, estarán afectados a la seguridad del partido River-Boca.
Otra busqueda en Suiza
El juez federal Adolfo Bagnasco volvió a solicitar información a Suiza, Luxemburgo y
Uruguay para tratar de completar el recorrido del dinero que se habría cobrado en
concepto de coimas en el escándalo informático conocido como IBM-Banco Nación. Se
pidieron los extractos bancarios completos de algunas de las cuentas que ya se habían
detectado. La inclusión de Uruguay responde a la sospecha de que el millón de dólares
que pasó por el Citibank de Nueva York y luego por el Federal Bank podría estar en ese
país. Esa cuenta había sido adjudicada al ex número dos de Claudia Bello, Gastón
Figueroa Alcorta, pero por ahora no se ha comprobado.
Por otra parte, se espera que en los próximos días lleguen datos vitales desde Suiza,
que permitirían identificar otros dos nombres de funcionarios como titulares de
depósitos por donde pasó el dinero sucio del soborno del Proyecto Centenario por el cual
la Big Blue cobró 249 millones de dólares. |
PIDEN INDAGATORIA PARA CARLOS ALDERETE
Cuatro millones de motivos
Por Adriana Meyer
El fiscal federal Miguel
Osorio le solicitó al juez Jorge Ballestero que cite a una declaración indagatoria al ex
interventor del PAMI, Carlos Alderete, acusado de defraudación y asociación ilícita. Si
bien el ministerio público no lo pidió, el magistrado debería ordenar la detención del
sindicalista lucifuercista por la gravedad de estos delitos. El ombudsman adjunto, Eugenio
Semino, había denunciado en 1995 que Alderete defraudó a la obra social de los jubilados
en 4 millones de pesos, a través de una serie de irregularidades detectadas en la
remodelación del Hogar Viamonte.
Este edificio ubicado en Ituzaingó había sido cedido al PAMI en comodato por 20 años a
cambio de efectuarle las mejoras necesarias para la atención geriátrica. Alderete le
otorgó la obra a la empresa Obrinter S.R.L. por contratación directa, violando el
reglamento interno del instituto de los jubilados, que privilegia la licitación pública.
Para utilizar ese mecanismo se adujo una urgencia que la investigación no pudo comprobar.
Pero lo llamativo es que el control de la misma lo obtuvo la firma Seminara S.A. que
resultó estar vinculada a la constructora. Está probado que el director de obra fue
a la vez representante técnico de Seminara. Quien la llevó adelante fue la
Gerencia de Prestaciones Médicas, sin darle ninguna participación a la Gerencia de
Recursos Físicos, que era más competente para esta tarea.
Según los testimonios del expediente, todo el armado del proyecto se efectuó fuera de la
estructura orgánica del PAMI. Osorio sostiene que para determinar el precio de la obra se
adoptó un sistema de riesgo, con la anuencia de una dirección de obras en connivencia
con el contratista. La actividad ilícita se materializó en un mecanismo
administrativo que permitió el desapoderamiento de 4.139.562 pesos, cifra que incluye el
monto de las remuneraciones por los contratos espurios, argumentó el fiscal. La
lista de imputados está integrada también por los colaboradores de Alderete y los
miembros de las dos empresas.
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