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Por Eduardo Febbro desde París  “Pinochet ya
está juzgado. Pase lo que pase todo el mundo sabe que es un genocida. Todas las querellas
que presentamos en Chile fueron amnistiadas o sobreseídas. Hoy tenemos esperanzas de que
se haga justicia.” La hermana de uno de los 9 franceses asesinados o desaparecidos en
Chile habla con emoción y se pierde en la madeja judicial que empieza a desovillarse en
Francia luego del pedido de extradición presentado en París. Son las familias de René
Chanfreau, desaparecido en el centro de detención Colonia Dignidad 1973, de Enrique
Andrés María Ropert Contreras, asesinado en 1973, y de Etienne Pesle –otro francés
desaparecido durante el mismo año luego de ser detenido por un destacamento de la
aviación militar chilena– las que presentaron el pedido. El abogado de estas
familias, William Bourdon, reclamó ante el fiscal de la República la extradición de
Pinochet. La ministra francesa de Justicia, Elisabeth Guigou, confirmó ayer en la
Asamblea Nacional que su gobierno seguiría la demanda del abogado. La demanda de extradición no es sin embargo automática ya que, como lo aclaró la titular de la cartera, primero hay que esperar que el fiscal de la República determine si ésta es o no posible. En caso de respuesta afirmativa los aspectos jurídicos de la extradición están amparados en la Convención del año 1957, que rige las reglas de extradición entre países europeos, pero la “última” responsabilidad recae siempre en las autoridades británicas. Londres debe “analizar” si la extradición “es coherente con su derecho interno”. En todo caso, como lo reconoció a Página/12 el abogado de las familias francesas, “las trabas son numerosas antes de llegar a buen puerto”. Nadie se oculta en París las dificultades que se deben vencer antes de lograr que se juzgue a Pinochet. Con todo, como ocurrió con el caso Astiz, las familias sienten una suerte de “alivio” por la “condena simbólica” que implica la vergüenza de ver al dictador detenido en Londres y acosado por una lluvia de demandas judiciales. Además, al igual que el nuevo caso abierto en Francia contra militares argentinos por “crímenes contra la humanidad”, la acusación francesa que sustenta el pedido de extradición toca los delitos más graves que puedan cometerse: detención y secuestro, crímenes contra la humanidad y genocidio, según los términos de la acusación de otra abogada, la doctora Sophie Thonon, quien también representa la defensa de las familias de desaparecidos franceses en la Argentina. La acción emprendida por los abogados no es ajena a la manera “positiva” con que el gobierno francés reaccionó luego del arresto de Pinochet. Cabe recordar que el jefe del gobierno francés, Lionel Jospin, fue el primer dirigente occidental en manifestarse luego de la detención del dictador diciendo que se trataba de una noticia “feliz y justa”. Con las distancias del caso, es el sentimiento de las familias de las víctimas que buscan desde hace años obtener un “puñado de justicia que la democracia chilena no está dispuesta conceder”. Roberto Pesle, hijo de Etienne Pesle, reconoce que “un intocable fue alcanzado y todos sentimos como una esperanza que se quedaba en el olvido, que dejábamos de lado para no sufrir tanto”. El aspecto más espinoso de la extradición es su base legal. El análisis del abogado francés William Bourdon, revela posibilidades de acción concretas. Bourdon explica que “como el secuestro y la detención son continuas, la infracción goza de la prescripción sólo cuando ésta deja de tener efecto. Pero el cuerpo de los parientes de los querellantes nunca fueron encontrados, y en teoría estarían detenidos en un lugar secreto”. En concreto, sin una fecha precisa del deceso de las víctimas, la prescripción es inaplicable. Con todo, otros abogados expertos en derecho internacional señalan que, por lo general, “se sabe que la muerte se sitúa no lejos del día del secuestro”, tal como asegura el profesor Bernard Bouloc. La batalla judicial está abierta en Francia y se suma a la española, aunque con menos intereses en juego. La suerte del ex dictador Pinochet podría depender de un simple “sistema de interpretación” del derecho. Como reconocen en el anonimato muchos magistrados de París, “a veces, con una presa así vale la pena forzar un poco el sentido de las leyes”.
LA COMPETENCIA DEL JUEZ GARZON Por Ernesto Ekaizer desde Madrid
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