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Por Cledis Candelaresi ![]() El secretario de Transporte, Armando Canosa, y el presidente de TBA, Claudio Cirigliano, viajaron el domingo pasado a Londres engrosando la comitiva presidencial con la expectativa de anunciar desde allá la inminente firma del remozado contrato de concesión. Hace meses que Economía consensuó un borrador con la empresa, sobre la base de extender a treinta años la concesión que es a diez y costear con un ajuste de tarifas un ambicioso plan de inversiones de más de 2000 millones de pesos. Pero Cirigliano tuvo que contentarse con comentar desde Europa que un grupo de bancos de ese continente está dispuesto a prestarle 500 millones de dólares para financiar un plan de modernización de trenes, apenas esté aprobado. Tal vez por sus aceitados vínculos con Carlos Menem, al empresario no le falta confianza en que todo saldrá según previó con Transporte. Tan así es que ya refaccionó coches en talleres propios y celebró acuerdos con proveedores para comprar vagones nuevos a cuenta del futuro plan de inversiones. La gente de TBA y los funcionarios de Transporte partieron a Inglaterra con la expectativa de que el miércoles los justicialistas de la Bicameral conseguirían la séptima firma, imprescindible para dictaminar en mayoría a favor del nuevo contrato. Sin embargo, las dudas de Romero Feris y un inexplicable pedido del senador radical José García Arecha para que se postergara la reunión dejaron abierta la incógnita hasta el mediodía del martes. La comisión está integrada por seis justicialistas y otros tantos opositores, por lo que los dictámenes en mayoría suponen, necesariamente, un aval mixto. Los legisladores del PJ (Jorge Massat, Dámaso Larraburu, Carlos Berna, Emilio Cantarero, Carmen González y Marta Alarcia) apoyan la renegociación. Aunque con argumentos no siempre convincentes, cinco de los seis opositores la rechazan (los radicales Juan Pablo Baylac, García Arecha y Edgardo Barberis, el demoprogresista Alberto Natale y el frepasista Pedro del Piero), mientras que Romero Feris aún no tiene posición tomada pese a que el tema ingresó a la comisión hace meses. Usted sabe, acá hay que ocuparse de muchos temas en poco tiempo, justificó el senador correntino ante Página/12. Si evaluara el nuevo contrato con TBA por el monto de las inversiones, debería aprobarlo. Hay inversiones importantes, harán cosas nuevas, bien hechas. Hasta harán pasos a nivel, se entusiasmó, olvidando que éstos serán pagados por el Estado y no por el concesionario. Pero me preocupa el aumento tarifario. Por eso mis asesores aún están estudiando el tema, aclaró. ¿Puso este asunto en la mesa de negociación con el justicialismo por la incorporación de un senador nacional (el PJ y el Pacto Autonomista Liberal disputan la banca)?, le preguntó este diario. ¡De ningún modo! Yo no voy a negociar la incorporación de un senador por un convenio tarifario, se indignó el vacilante legislador, cuyo voto ahora vale oro para el justicialismo y para TBA. El tema también provocó roces entre los propios aliancistas de la Comisión, que buscan oponerse, aunque no tienen muy en claro cómo. Elradical Baylac, por ejemplo, tuvo que moderar su discurso por sugerencia de los frepasistas. Estos le recomendaron dejar de amenazar públicamente con que vamos a revisar las privatizaciones, cuando en el principal partido de la oposición no existe voluntad de hacerlo. Y su correligionario García Arecha, en tanto, promovió un aplazamiento de la reunión prevista la semana pasada, lo que en realidad le dio tiempo al PJ para seguir buscando el séptimo voto. El dictamen de la Bicameral le permitiría al Gobierno legitimar políticamente un cambio drástico en las reglas de juego de las concesiones ferroviarias. El contrato de TBA es sólo el primero de los que están listos para ser firmados. Después le seguirán los de las otras líneas, que también plantean modificar de cuajo las bases de estas privatizaciones: en el futuro las inversiones y las utilidades del consorcio adjudicatario serán cubiertas con la tarifa (es decir por el usuario) y no con el subsidio del Estado. Mediante un comunicado que fundamentó esmeradamente el diputado Ricardo Vago, hasta el momento sólo el Frepaso dijo por escrito que se opone y por qué. Entre otras razones, sus legisladores se niegan a convalidar nuevos contratos, que no pasan por ningún concurso ni licitación y que habilitan a las empresas a prendar la recaudación y los bienes que el Estado les entregó en concesión y que, por lo tanto, deben ser devueltos a la administración pública después de la concesión.
SOMBRIO PANORAMA PARA LOS EMPLEADOS DEL MAYO
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