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Con el sueño de volverse intocable
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Por Maximiliano Montenegro El presidente del
Banco Central, Pedro Pou, teme que, tras su cuestionada participación en la liquidación
del Banco Mayo, entre otras tantas entidades, lluevan sobre él y sus colaboradores aún
más denuncias judiciales de las que acumularon en los últimos años. Por eso, impulsa un
proyecto de ley que otorgaría inmunidad legal a los funcionarios del Banco Central y de
la Superintendencia de Entidades Financieras "por las acciones de buena fe tomadas en
el desempeño de sus obligaciones oficiales". Semejante paraguas de protección legal
es el sueño de muchos funcionarios menemistas. Pero sólo Pou podrá abrirlo: con su
beneplácito, el proyecto figura como una de las medidas acordadas con el Banco Mundial
para acceder a los préstamos anticrisis que otorgará el organismo. Funcionarios de Economía y del Banco Mundial acordaron un documento que puntualiza las condiciones que deberá cumplir el Gobierno, antes de marzo, para destrabar el desembolso de los créditos anticrisis. Este diario adelantó la semana pasada la mayoría de dichas condiciones. Pero en el documento final figura una cláusula absolutamente original, ya que tiene por principal beneficiario al titular del Banco Central, Pedro Pou, al que busca proteger frente a una avalancha de denuncias judiciales. El documento, al que accedió en exclusivo Página/12, se refiere al tema en el apartado dedicado al "sector financiero". Allí se dice que uno de los "objetivos" es "fortalecer a las autoridades regulatorias y de supervisión del sistema financiero". A continuación se describe "el problema": "Las autoridades de supervisión (Superintendencia de entidades) y regulación (Banco Central) no cuentan con una adecuada protección frente a acciones legales relacionadas con la buena fe de sus políticas en la función pública", afirma el documento. Luego viene el compromiso, a cumplir antes de marzo próximo, como requisito para el desembolso del "tercer tramo" de los préstamos acordados: "Enviar un proyecto de ley al Congreso que provea protección de pasivos personales a los supervisores y reguladores del sistema financiero por las acciones que de buena fe hayan tomado en la consecución de sus deberes públicos". En el Banco Mundial aseguran que no fueron ellos quienes incorporaron la cláusula. En Economía dicen que todas las condiciones las fija el BM y que la tarea de ellos se limitó a tachar medidas que creían inconveniente impulsar dado el actual contexto político. En el Central, en tanto, festejan la iniciativa. Pou fue reelecto en junio al frente del BC, con lo cual conduciría los destinos del sistema financiero hasta el año 2004 ("Justo hasta que vuelva Menem", se jactan en el Central). Para ello cuenta con el inestimable aval del FMI y del BM, que para entonces quisieran ver completado el proceso de concentración bancaria en un selecto grupo de entidades extranjeras, con la salida de los "bancos débiles" del sistema. "Evaluamos positivamente cómo el Banco Central llevó el control en los últimos años. Está haciendo un muy buen trabajo", dijo el viernes pasado Carlos Fredigotti, titular del Citi, en pleno festejo de la compra del Mayo. En cambio, para los bancos locales de menor tamaño, Pou es el enemigo número uno, ya que lo acusan de fomentar la idea de que los únicos bancos confiables son los grandes. Uno de los banqueros de mayor trayectoria en el sistema financiero contó a este diario que el titular del Central se comunicó con directivos de entidades medianas, pequeñas y cooperativas con un mensaje claro: "Buscan un socio rápido o desaparecen", les dijo. Con el FMI, el BM y los bancos extranjeros de su lado, el reinado de Pou no está amenazado por un eventual triunfo de la Alianza o del duhaldismo. Con semejantes avales, nadie se atrevería, a partir del 2000, a desplazarlo, lo que en Washington, donde equiparan la independencia de la banca central al derecho de propiedad, sería interpretado como un atentado gravísimo a la seguridad jurídica. Sin embargo, el verdadero peligro para Pou está en la larga lista de causas judiciales que acumuló en los últimos años, cuando desaparecieron (entre fusiones, absorciones y liquidaciones) unas 75 entidades, más las que prometen abrirse en los próximos meses (ver aparte). Si no fuera por una ley como la que quiera impulsar en el Congreso, a Pou también le vale la famosa frase de Menem dedicada a Cavallo: "Se va a cansar de recorrer pasillos en Tribunales". El último episodio del Mayo es un buen ejemplo. En este caso, ya se presentaron dos denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por un lado, Pou tendrá que explicar su decisión de permitir la compra del Patricios por parte del Mayo, lo que hizo todavía más traumática para los ahorristas la caída posterior. Por otro lado, deberá explicar cómo es que no detectó que el Mayo poseía una banca off-shore (Mayflower), que no consolidaba en el balance, algo que el periodismo descubrió en unas pocas semanas. Por esta causa, por orden del juez Adolfo Bagnasco, fue allanada la Superintendencia de entidades, cuyo titular Miguel Angel Ortiz y su segundo, Javier Bolzico, fueron retados en privado por el propio Pou al ver multiplicarse los artículos periodísticos. A su vez, Pou deberá dar cuenta ante la Justicia de por qué se le otorgaron al Mayo redescuentos (préstamos del BCRA) por 326 millones de pesos, poco más del doble de lo que permitían las normas que fijan el techo de asistencia en el nivel de responsabilidad patrimonial computada (rpc) de la entidad, que para el Mayo era de 150 millones. Ahora esos créditos públicos son de difícil recupero.
Una castigada foja de antecedentes
Por Claudio Zlotnik La figura del titular del Banco Central, Pedro Pou,
fue castigada más de una vez en coincidencia con la caída de entidades financieras. En
algunas oportunidades, como en los casos del BID o del Mayo, directamente recibió una
demanda judicial. Pou tiene cuatro causas abiertas en los Tribunales. En otros, fue objeto
de la denuncia pública de algunos de los involucrados, como pasó cuando quebró el BCP.
Aquí se resumen los casos en los que Pou quedó involucrado por denuncias.
* Banco Mayo: Ya hay dos causas abiertas. La primera, una acción promovida por los diputados Alfredo Bravo, Héctor Polino y Jorge Rivas. Cuestiona la cercanía temporal entre la cesión del Banco Patricios al Mayo, y la suspensión de este último. "Esto revelaría que se autorizó una compra por quienes no estaban en condiciones de hacerla (...). Y si fuera cierto que la compra fue inducida por funcionarios del Banco Central, la conducta de tales funcionarios merecería una especial investigación en esta causa", reza la denuncia. La segunda denuncia fue realizada por una entidad de defensa de los consumidores. Esta iniciativa llevó al juez federal Adolfo Bagnasco a allanar el Mayo y la Superintendencia de Entidades Financieras para comprobar la vinculación entre el banco de Rubén Beraja con una mesa de dinero offshore que habría funcionado ilegalmente. * Banco de Crédito Provincial (BCP): Pablo Trusso, el principal accionista del banco liquidado, culpó a Pou, en una declaración judicial, de "presionar a los directivos del BCP para que compraran el Banco de Tandil". La consultora del BCP --Roland Berger-- desaconsejó la operación, que finalmente se efectuó. Según Trusso, ello le provocó una sangría de cinco millones de pesos. * Banco Integrado Departamental (BID): La causa judicial continúa abierta después de que el juez Claudio Bonadío eximiera a Pou. La denuncia afirma que el Central asistió financieramente al banco superando los límites que le otorga su Carta Orgánica. Entre fines del '94 y el 16 de abril del '95 --día previo a su suspensión--, el Central le brindó redescuentos por un total de 135 millones de pesos. Además, asegura que esos fondos fueron desviados por las autoridades del BID a empresas vinculadas. * Banco Austral: El BCRA no investigó ni advirtió operaciones irregulares de comercio exterior por parte de la entidad. La causa sigue su curso en la Justicia. * Banco Basel: Sin contar con información contable en tiempo y forma, el BCRA lo asistió con 8,3 millones de pesos. La causa es investigada por la juez María Servini de Cubría. * Banco Medefín UNB: Los socios mayoritarios, el grupo suizo--español Socimer, acusaron a Pou de haberles entregado la entidad con pasivos ocultos por 70 millones de dólares. * Banco Feigín: Pese a detectar anormalidades en la cesión de créditos, el BCRA le otorga redescuentos por 35,4 millones de dólares. La causa la lleva el juez Claudio Bonadío. La ratificación del mandato de Pou hasta el 2004 fue aprobada por el Senado en tiempo record, con el rechazo de los legisladores de la Alianza, el último 10 de junio. El Central y Veraz se olvidaron de Pou
La Cámara de Diputados quiere poner
límites a la utilización de bases de datos comerciales tanto oficiales como privadas
para evitar la divulgación de información errónea, tal como el adjudicarle moras en los
pagos a personas que no la tienen. Sin embargo también habría que despejar sospechas
sobre ciertas omisiones en sus listados. Por ejemplo la del presidente del Banco Central,
Pedro Pou. Si bien Pou fue uno de los mayores deudores del liquidado Banco de los Andes
--y registra una demanda judicial por una deuda impaga por valor de 370 mil pesos--,
figura tanto en el Centro de información de riesgo crediticio del Central como en los
resúmenes comerciales de la Organización Veraz como un hombre que "atiende sus
compromisos, tiene capacidad de pago, y es puntual en el pago de sus obligaciones".
Hay dos sospechas: el nombre del funcionario fue expresamente borrado de la lista de
morosos, o algo falla en los sistemas del "buchoneo" financiero.
Por iniciativa de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja se elaboró un dictamen mediante el cual se propone establecer un marco legal que regule la recopilación y comercialización de datos confidenciales de la gente, los que son ofrecidos tanto por organismos públicos como por empresas privadas. Sin embargo, la propuesta no contempla la manipulación de la información que incurre en peligrosas omisiones o "excepciones". Página/12 accedió a la sección denominada "Base de Datos de Riesgo" que el Banco Central habilitó en Internet, la que es de acceso público. En ella figuran todos los deudores del sistema financiero, la situación de los cuentacorrentistas y las personas inhabilitadas comercialmente. A partir de un informe elaborado por el propio Banco (ver aparte) sobre Pedro Pou, en el que se detalla el historial crediticio del presidente de la entidad, tal como la falta de pago de sus obligaciones con el sistema bancario y las demandas judiciales iniciadas en su contra por mora en sus compromisos, se solicitó un resumen de su situación al Central. El resultado fue asombroso. Según la base de datos de la entidad oficial, el funcionario está calificado como un "cliente que atiende sus compromisos, tiene capacidad de pago alta y es puntual en el pago de sus obligaciones". Sólo menciona entre sus antecedentes un crédito otorgado recientemente por el Banco de Galicia por 19.800 pesos. No hay ni una sola referencia a su pasada relación con la entidad. Aun en la hipótesis de que Pou hubiera cancelado sus deudas (ver recuadro), el Central debería informar la existencia de convenios no cumplidos e inhibiciones en su contra. Lo que no hizo. Ante la insuficiente respuesta de la consulta realizada al Banco Central, se solicitó información sobre los antecedentes comerciales de Pedro Pou a la empresa privada Veraz. Esta organización ofrece un resumen del historial crediticio de las personas elaborado a partir los datos recabados en diversas fuentes financieras, judiciales y fiscales. En el resumen enviado por Veraz tampoco figuraban los antecedentes de Pou. Este diario se encontró con representantes de la empresa y les preguntó si la organización contemplada excepciones, o si se reservaba parte de la información referida a determinadas personas. Uno de los asesores legales de Veraz respondió enfáticamente: "De ninguna manera, de eso se trata justamente la confiabilidad de nuestro servicio". Cuando este cronista desplegó sobre la mesa de reuniones del directorio el informe del Banco Central en el que se da cuenta de los antecedentes financieros de Pou, los que no figuraban en el informe brindado por Veraz, el abogado se tomó un tiempo para revisar el documento y sobreponerse de la sorpresa. Después explicó que "la información que llega de la Justicia no siempre es completa"; que tienen "dificultades para acceder a las causas que se tramitan en el fuero Civil"; y que "prácticamente" no tienen datos "sobre las causas que se instruyen tanto en la justicia Civil como en la Comercial del interior del país". Cuando fue consultado sobre si Veraz recibía información del Banco Central, respondió que si, "pero que sólo nos manejamos con los datos que ellos nos entregan". Veraz consigna en sus informes todos los casos de incumplimiento en el pago de obligaciones financieras, contratos comerciales, y las derivaciones judiciales de los mismos. El dato aparece mencionado durante diez años en sus resúmenes, aunque la deuda haya sido saldada. Pou fue procesado al menos dos veces en la Justicia, la última en 1996, esto es, hace dos años atrás. También fue inhibido por un juez, que se supone comunicó su decisión al Central, que además era el acreedor de Pou. Mientras aumentan las quejas por parte de aquellos que aparecen por error en las
infaustas hojas de antecedentes financieros por no pagar el crédito por la compra de una
licuadora, otros con un historial de moras más certero figuran con una salud comercial
alimentada a leche. Posiblemente todo esto se deba a las famosas "contradicciones del
sistema".
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