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Un arranque con poca transparencia
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Por Adriana Meyer Hoy, en el Teatro
Cervantes, juran los miembros del Consejo de la Magistratura, esa institución
que viene a traer transparencia a la alicaída imagen de la Justicia. Sin embargo, casi la
mitad de sus integrantes no respondió la encuesta de la agrupación Poder Ciudadano sobre
su situación patrimonial, carrera profesional, antecedentes, causas judiciales, sanciones
y datos personales para el banco de datos del flamante organismo. Entre ellos figura su
presidente, Julio Nazareno y el representante del Poder Ejecutivo, y ex auditor del
dictador Emilio Massera, Julio Comadira. Tampoco contestaron los senadores justicialistas
Augusto Alasino, Ricardo Branda y Jorge Solana, del Movimiento Popular Neuquino, y el
abogado Eduardo Orio. En cuanto a los integrantes del Jury de Enjuiciamiento, adeudan
entregar el cuestionario el juez de la Corte Suprema, Eduardo Moliné O'Connor, el
diputado justicialista Carlos Soria y el abogado Guillermo Nano. El Consejo nació como una condición del ex presidente Raúl Alfonsín para firmar el Pacto de Olivos y se plasmó en la Reforma Constitucional de 1994, pero sus arquitectos fueron los juristas radicales Enrique Paixao, Arnoldo Klainer y Ricardo Gil Lavedra. Recién en diciembre pasado se sancionaron las dos leyes reglamentarias, tras intensas negociaciones entre el oficialismo y la oposición. Su función no se limita a intentar transparentar la designación y remoción de los jueces, sino también a restringir la influencia del poder político en ese proceso. La elección de sus miembros por votación determinó que muchos de esos lugares estén ocupados por consejeros independientes o de la oposición. El Consejo tendrá dos tareas prioritarias: deberá preseleccionar jueces para las ternas de candidatos entre quienes el presidente de la Nación nombrará a los ocupantes de las 42 vacantes que hay en los juzgados de todo el país, que se produjeron cuando esos jueces renunciaron, fueron destituidos o terminaron presos. Y se abocará al análisis de 200 pedidos de juicio político que le remitirá la Cámara de Diputados. Esa comisión de la Cámara baja seguirá interviniendo en los procesos contra los jueces de la Corte Suprema y contra los ministros del Poder Ejecutivo. Los diputados oficialistas quieren que llegue la menor cantidad posible de casos al Jury de enjuiciamiento del Consejo. Así ocurrió con los magistrados Norberto Oyarbide, Jorge Pisarenco y Guillermo Tiscornia. La Alianza busca lo contrario. Poder Ciudadano propone todos los años esta encuesta a los candidatos a diferentes cargos electivos y a los integrantes del Poder Judicial. Los miembros del Consejo que respondieron presentaron un detallado informe de su situación patrimonial que oscila entre 160 mil hasta los 500 mil pesos. Estos datos aparecen en algunas de esas fichas: * Abogado Angel Garrote: es el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Tiene una importante carrera profesional que incluye actividad docente. Es miembro de la Asociación Amigos de la Música y del Club del Orden. Opinó que "la transparencia se obtiene con la debida publicidad de todos los actos relacionados al Consejo". * Abogado Juan Gersenobitz: opinó que uno de los aspectos positivos que aporta el Consejo a la Justicia argentina es "la elección de jueces por su propio mérito, sin padrinazgos políticos ni judiciales". * Abogado Oscar Ameal: docente universitario, autor de tres libros de derecho. Considera que el Consejo contribuirá a "elevar la legitimación social de la Justicia, a recuperar la confianza pública en ella y a la construcción de una Justicia prestigiosa, transparente, integrada por jueces independientes, probos, con fuerte formación ética". * Abogado Diego May Zubiría: es docente, fue convencional constituyente. Opina que la publicidad debe ser implementada en el reglamento interno para que haya transparencia en el manejo del presupuesto judicial. * Margarita Gudiño Kieffer: dijo que su puesto de jueza le demanda "todo el día", pero se hace tiempo para la música, el teatro y el tenis. * Juez Claudio Kiper: es coautor de varios libros y docente. Se desempeñó en la Secretaría de Desarrollo Industrial y dejó el cargo --según consignó-- por falta de vocación. Es dirigente del Club Atlético River Plate. Opinó que "los futuros integrantes del Consejo no deben pertenecer a sectores políticos" y aseguró que propondrá "la descentralización administrativa" en el reglamento interno para asegurar la transparencia. * Juez Bindo Caviglione Fraga: tiene publicaciones y actividad docente, integra la Asociación Entrerriana General Urquiza. Ante una pregunta referida a la existencia de acciones legales en su contra, consideró que "no corresponde proporcionar esa información. Aunque aclaró que la respuesta es negativa si se refiere a acciones atinentes al ejercicio de la función judicial". * Juez Horacio Billoch Caride: es soltero, no tiene auto y vive hace cuarenta años en el mismo departamento, es socio del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Preguntado sobre las causas en las que intervino que hayan tenido repercusión, respondió que no tiene ese parámetro para recordarlas. * Juez Jorge Pérez Delgad:, integra la Fundación Diakonia de Estudios Teológicos, es cofundador de "Encuentro de Jueces". * Senador Jorge Agúndez (UCR): en cuatro años de mandato presentó 19 proyectos de ley de diversa importancia (desde la propuesta de erigir un monumento a la memoria de los granaderos puntanos hasta una iniciativa sobre la eliminación de los contratos basura). * Diputado Melchor Cruchaga (UCR): desde 1968 debe su tesis de doctorado en la UBA, es profesor de Derecho Político en la Universidad de Lomas de Zamora, en su adolescencia integró la Acción Católica Argentina, posee vacas y caballos en su estancia "El Desafío". * Diputado Oscar Massei (Frepaso): candidato a gobernador de la Alianza en Neuquén, fue presidente honorario de la APDH entre 1985 y 1988, tuvo actividad docente, fue juez de cámara, su segundo nombre es Ermelindo. * Diputado Juan Carlos Maqueda (PJ): es divorciado, propuso que el presupuesto judicial fuera controlado por la Auditoría General de la Nación. * Diputado Miguel Pichetto (PJ): fue profesor secundario de Instrucción Cívica entre 1974 y 1985, presentó un proyecto de modificación del Código Penal para incorporar capítulos referidos a "acciones de terrorismo", "asociación ilícita terrorista" y "apología del terrorismo".
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