 A veces, los sueños se
cumplen: tal como se preveía, el penado indultado Emilio Eduardo Massera está preso. No
por la totalidad de los crímenes contra la humanidad que ordenó perpetrar, pero al menos
por una parcialidad atroz: el robo de niños. Que no fue excepción, sino política de
Estado, decidida por los comandantes de la dictadura militar. Para suplir, con la sangre
generosa de los desaparecidos, la esterilidad de los verdugos. Bajo la excusa,
proporcionada por sus cómplices en la jerarquía católica, de que había que impedir que
esas criaturas inocentes fueran contaminadas por la “ideología extraña al ser
nacional de sus padres subversivos”. Razón fascista si las hay, que acaba de ser
reivindicada por ese amigo del Presidente y enemigo de la Nación que es el ingeniero
Alvaro Alsogaray. Por suerte, este delito aberrante no prescribe y su justa persecución y
castigo pueden burlar las indignas leyes del olvido y los no menos indignos indultos
presidenciales. Porque en nuestro sistema normativo es un delito de “acción
continua”, que sigue perpetrándose, en tanto los chicos que fueron arrebatados no
sean devueltos a sus familiares legítimos. Hace algo más de un año, cuando parecía que
iba a prosperar más rápido la causa interpuesta por las Abuelas de Plaza de Mayo en el
juzgado de Adolfo Bagnasco, consignamos en estas páginas lo que decía Alberto
Pedroncini, el abogado de las Abuelas: que era un resquicio, una ventana abierta contra la
impunidad que pesaba como una losa sobre las conciencias dignas de este país. Y las
sucesivas prisiones dictadas contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera van demostrando
que no era una simple expresión de deseos. No es toda la Justicia, desde luego, pero es
parte de una tendencia, nacional e internacional, que tiene en el juzgado madrileño del
doctor Baltasar Garzón un decisivo antecedente. El juez español que hizo llorar a Bussi
y metió preso a Pinochet; podrá ser denostado por Menem y sus ministros, pero creó una
atmósfera favorable para investigar y sancionar a los dictadores que al final encontró
ecos (parciales) entre algunos jueces locales. Incluso en jueces que en otras áreas se
habían mostrado dóciles con el Ejecutivo.
Que Massera esté preso, siguiendo el camino de Videla y Pinochet, es una de las grandes
noticias de los últimos veinte años. Porque es, a mi modo de ver, el más perverso de
los comandantes que integraron la junta inaugural de la dictadura. No sólo elaboró con
Videla y el ex brigadier Orlando Ramón Agosti, las famosas “directivas
secretas” del Proceso, que ordenaron el exterminio “silencioso” a través
de la terrible figura del “desaparecido”, sino que diseñó, personalmente, como
palanca decisiva de su poder personal y económico (a través del botín de guerra), ese
paradigma del terror que fue la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí no sólo se
torturó, se violó, se asesinó y se hizo desaparecer a cinco mil argentinos, sino que se
seleccionó a un grupo de prisioneros, a los que se los chantajeó con la promesa de
sobrevivir, para obligarlos a colaborar con las ambiciones políticas del almirante. En un
intento por degradar a hombres y mujeres que habían sido generosos de sus vidas, a los
que se quería convertir en muertos vivos, sin alma. O acercarlos a la sustancia canalla
de la que estaban hechos sus verdugos. Por eso, hay que festejar que Massera esté preso.
Y ojalá ninguna Cámara venga a relajarle la prisión como ocurrió con él mismo en el
pasado. Ojalá que las condiciones llorosas de la ancianidad, que reclamaron para Videla y
Pinochet sus familiares y secuaces, no hagan olvidar a los jueces que el último condenado
de Nuremberg, el genocida nazi Rudolf Hess, murió octogenario en la cárcel de Spandau.
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