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Por Fernando Almirón  En apenas 24 horas,
gracias al férreo respaldo de la Cámara de Senadores, los servicios de inteligencia
fueron beneficiados al cambiarse el sentido de dos proyectos de ley que ingenuamente
pretendían limitar la voracidad de los organismos estatales dedicados a espionaje. Por un
lado la iniciativa destinada a penalizar las “pinchaduras” a los teléfonos de
políticos, periodistas y dirigentes sin distinción partidaria terminó convertida en una
norma que limita a las claras la libertad de prensa. La Ley de Hábeas Data, que aprobó
ayer la Cámara alta, también fue sometida a un pase malabarista que cerró su acto con
la desaparición de su sentido. Así, lo que se exhibía como un nuevo derecho civil, que
habilitaba el acceso a los archivos secretos que la Inteligencia del Estado tenía de los
ciudadanos, terminó por dotar de marco legal a las dependencias de espionaje, quienes de
ahora en más tendrán licencia para transmitir su banco de datos a sus pares de otras
latitudes del mundo. La globalización de la inteligencia. En los primeros minutos de ayer, sorpresivamente, la Cámara de Senadores aprobó en general y particular el proyecto de ley que penaliza las escuchas telefónicas ilegales, la grabación de diálogos entre personas sin consentimiento mutuo, la obtención de imágenes obtenidas clandestinamente, y la difusión de las mismas. El dictamen que posibilitó la sanción de la norma en el recinto fue aprobado tanto por la mayoría justicialista, el bloque de la Alianza y los representantes de partidos provinciales generalmente alineados a los deseos oficialistas. Todos ellos estamparon su firma al pie del proyecto elaborado por el correntino Angel Pardo (PJ), hace ya más de un mes atrás. Fue un jugada de última hora, después de la jura de dos senadores cuyos diplomas fueron denunciados como ilegítimos por la oposición radical: los peronistas Hugo Saguer del Chaco, y Rubén Pruyas de Corrientes. Al filo del mismo día se incorporó en el temario el tratamiento del proyecto de ley sobre las escuchas ilegales y las cámaras ocultas, que estaba pendiente de resolución desde la anteúltima sesión de la cuerpo. La UCR, salvo Antonio Berhongaray y un par de senadores radicales más, ya habían abandonado sus bancas antes del anochecer de un día oscuro. Y se quedaron para votar en contra de un proyecto que en realidad apoyaban. Al menos así lo manifestó a este diario el senador radical Jorge Villaverde, quien le aseguró a Página/12 que la norma que pasó a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, “de ninguna manera permite una interpretación que atente contra la libertad de prensa”. El legislador opinó que la nueva norma separa claramente “los actos que corresponden a la intimidad de la personas de aquellos considerados como públicos”, y que la legislación aprobada “de ninguna manera limita la investigación legítima del periodismo, siempre y cuando su difusión sea considerada de interés público”. El representante por Catamarca negó de plano que la ley beneficie el accionar de los servicios de Inteligencia estatales. De todos modos no señaló entre los artículos de la norma cuáles están específicamente destinados a controlar a los organismos de inteligencia. La ley, que pasará a la Cámara de Diputados para lograr su sanción definitiva, fue objeto de modificaciones por iniciativa del peronista Jorge Yoma. Sus disidencias, finalmente aprobadas, buscaron atenuar los efectos “mordaza” dirigidos a los medios. También reparó absurdos como el derecho de un amenazado a grabar a su amenazador sin tener que pedirle su consentimiento, tal como lo establecía el proyecto original. De todos modos, la libertad de prensa, de sancionarse definitivamente la norma, pasará a ser objeto de interpretación judicial, es decir, cuál es la frontera entre lo privado y lo público de los funcionarios y representantes parlamentarios, y qué cosa es el “interés público” que separa uno y otro lado de las rejas a la tarea periodística.
LA INFORMACION DE LOS CIUDADANOS
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