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Para León Arslanian armarse es “muy riesgoso”, mientras que para Eduardo Duhalde los vecinos “están en su derecho de tener armas civiles”. La inseguridad y cómo afrontarla.
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 “Armarse
es mucho más riesgoso que ser víctima de un delito”, advirtió el ministro de
Seguridad y Justicia bonaerense, León Arslanian, al expresar su oposición al pedido que
formularon a la Corte Suprema de Justicia los vecinos del barrio La Bota, de Benavídez,
que se quejan por la falta de seguridad y reclaman autorización para “portar armas
en forma permanente”. De la interminable polémica participó el jefe de la Policía
Federal, comisario Pablo Baltazar García, quien coincidió con Arslanian al señalar que
si bien la seguridad y la protección “son aspiraciones muy legítimas del ciudadano,
la salida no es armar a todo el mundo y volver al Far West”. Para el gobernador
Eduardo Duhalde la salida parece estar en otro lado: “Están en todo su derecho de
hacerlo, de tener armas de uso civil ... pueden tener escopetas”. Ni Miguel Angel
Toma se privó de decir lo suyo sobre cómo resolver la inseguridad del área: volvió a
propiciar leyes más duras para que “la policía actúe y los jueces puedan castigar
a los ladrones”. De lo contrario –agregó– “la gente va a buscar hacer
justicia por mano propia”. El ministro del Interior, Carlos Corach, eludió una respuesta directa porque es un tema “de la provincia de Buenos Aires y no del Estado nacional”, aunque acotó que la solución al problema de la seguridad “es parcialmente lo que se está haciendo: aumentar paulatinamente el presupuesto, equiparar la fuerza, tomar más agentes, poner en ejecución como hizo la Policía Federal el plan automático y en tiempo real del delito”. Para el gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde “en ninguna parte del mundo el Estado puede garantizar que va a ser efectiva en un 100 por ciento la actividad de controlar el delito, esto es imposible”. Duhalde puntualizó que “si hay 13 millones de habitantes (como en el conurbano), tendría que haber 500.000 o un millón de policías” para enfrentar a las “bandas urbanas constituidas generalmente por jóvenes que, sintiéndose excluidos por alguna circunstancia, de las relaciones económicas, políticas y educacionales reaccionan violentamente, muchos de ellos bajo el estímulo de las drogas”. La polémica se desató entre políticos y medios, mientras el pedido firmado por 135 vecinos del barrio La Bota de Benavídez, Partido de Tigre, sigue sin ser analizado por la Corte Suprema. El comisario Adalberto Farías, de la seccional de Benavídez, les restó veracidad a las denuncias de los vecinos en cuanto a la inseguridad que habría en ese núcleo habitacional. “No ocurre eso de que roban y matan a gente. Eso, desde que yo estoy acá, no ha ocurrido y anteriormente no ha ocurrido”, aseguró Farías, quien desde hace una semana se hizo cargo de la dependencia policial. “Ellos –sostuvo Farías– están aprovechando el problema (general) que se está viviendo para sacar provecho ellos mismos, para hacer una propiedad privada, cercando y dominando todo el predio”, que es otra posibilidad señalada por los vecinos en la presentación ante la Corte, cuya autoría le corresponde al abogado Juan Torregosa Lastra, quien vive en La Bota. Una visión totalmente opuesta a la del comisario Farías es la que tiene el juez de Garantía de San Isidro Juan Makintach, para quien la situación de los vecinos “es angustiante” y la respuesta de las autoridades “con la implementación del nuevo Código de Procedimiento es muy poca”. El juez aseguró que se trata “de una zona complicada” y que tiene conocimiento de gente “que vendió su casa por razones de seguridad”. El director de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Mariano Ciafardini, coincidió con el ministro Arslanian en rechazar la iniciativa de los vecinos de portar armas. “Ningún vecino puede hacerlo, sería una locura; lo que sí habría que hacer, y lo estamos haciendo, es construir modelos de gestión comunitaria en materia de seguridad.” Ofreció el apoyo del Estado nacional para diseñar planes de prevención “entre los vecinos, la intendencia y las comisarías locales”. El ministro León Arslanian recordó que “la experiencia general indica que siempre se corre el riesgo de perder la vida cada vez que la gente se arma”. Por ese motivo recomendó a los vecinos que “no se armen” y afirmó que el Gobierno está haciendo “todos los esfuerzos posibles para mejorar la seguridad”. Arslanian precisó que incluso “el personal policial que muere es por tratar de utilizar su arma cuando está franco de servicio, en circunstancias en las que ellos, a pesar de ser policías, no identifican la magnitud del riesgo que corren”. El intendente de Tigre, Ricardo Ubieto, quien ocupó el cargo en el último período de la dictadura militar, sostuvo que los vecinos “están armados clandestinamente porque el poder público no los protege”. Para Ubieto, la presentación judicial no fue más que un llamado de atención al poder político: “¡Señores, hagan algo!”. El jefe de la Federal, comisario Pablo Baltazar García, dijo que si los vecinos están armados no harían más que “retroalimentar el problema” de la violencia y que debe ser el Estado “el que tenga el monopolio de la fuerza, para asegurar que el ciudadano tenga una protección digna”.
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