 Las voces suenan en medio
de frituras y sobreagudos de radio.
El de voz más grave vacila:
–Lo que aquí los auditores y todos los asesores han recomendado mucho es que sería
conveniente pensar más antes de darle la oportunidad de que Allende salga del país.
Porque se dice ... ¿ah? ... se teme ... que este hombre se va a pasear por todos los
países socialistas desprestigiándonos a nosotros. Así que sería más conveniente
dejarlo aquí ...
Contesta uno de voz finita:
–Ya nos ha desprestigiado una brutalidad este campeón. ¡Qué más nos va a
desprestigiar! Que siga nomás en los países socialistas, en otras partes no lo van a
recibir ... ¡Aló, Patricio, Patricio! ¿Me oyes? Mira, no, no se le puede aceptar
ninguna cosa. Hay que emba ... hay que tirarlo p’afuera nomás, ¡si es más
problemático tenerlo aquí adentro! ¡Déjalo que salga!
El diálogo está en el CD que acompaña el libro Interferencia secreta, el notable
trabajo de la periodista chilena Patricia Verdugo, que halló y editó las conversaciones
de radio entre los comandantes el día del golpe militar de 1973. El primer interlocutor
es Patricio Carvajal, que sería luego secretario de la junta militar. El segundo, Augusto
Pinochet, un dictador que demostró tener un gran sentido de la historia, y por eso fue
tirano durante 17 años, y una idea muy pobre de la justicia.
En algo acertó. Fue problemático tenerlo ahí adentro a Salvador Allende. Se mató en La
Moneda el 11 de setiembre de 1973 y la junta debió cargar para siempre con su muerte.
Hasta debió enterrarlo lejos de Santiago.
Y en algo, a la larga, se equivocó Pinochet. Cuando ayer Jack Straw, el secretario de
Interior británico, estableció que el viejo dictador puede ser extraditado a España, no
hizo otra cosa que recibir a Salvador Allende “en otras partes” 25 años
después de su muerte. A la vez, Straw también registró una serie fotográfica del mundo
tal como se planta frente al régimen internacional de los derechos humanos.
Toma uno, Pinochet, los ingleses fascistas y los chilenos fascistas, que en 1973 eran
llamados momios y hoy, igual de momios, proclaman desde la Fundación Pinochet que el
general es víctima de la “infamia comunista” y, en el site de Internet,
muestran una foto de Allende practicando tiro.
Toma dos, el gobierno chileno declarando, sin argumentos, que la transición democrática
está en peligro cuando ningún peligro de golpe aparece en el horizonte.
Toma tres, el gobierno argentino que se cura en salud: si Baltasar Garzón no es
extraterritorial para Pinochet, tampoco lo será para Domingo Bussi. Más aún cuando
Garzón juzga el Plan Cóndor, que globalizó la represión entre la Argentina, Chile,
Brasil y Paraguay.
Toma cuatro, un pensamiento tradicionalista con anclajes entre muchos radicales notorios,
por ejemplo Raúl Alfonsín, y muchos peronistas de peso, como Eduardo Duhalde. Sostiene
que los países ricos aplicarán mañana para una causa horrible los principios que hoy
invocan para una causa noble. Su conclusión: peligro.
La toma cinco muestra la consagración mundial, a través del caso Pinochet, de un
principio definido en 1945 por el Tribunal de Nuremberg. Dice que los crímenes de lesa
humanidad como el asesinato, la tortura y la persecución política como sistema pueden, y
sobre todo deben, ser juzgados en cualquier rincón del mundo.
Straw integra el club de los poderosos. Pero su decisión –por convicción moral,
porque a Tony Blair le conviene destacarse dentro de la Europa rosa o porque la realidad
no le dejó alternativas– recoge el interés de los desprotegidos. Las Cortes de
derechos humanos de América y Europa, los tribunales especiales para los crímenes del
nazismo, de Yugoslavia y de Ruanda, la extradición de oficiales de las SS o del ejército
serbio y la convención contra la tortura fueron impuestos por las víctimas, no por los
victimarios. Y en el caso argentino, además, elderecho de las víctimas alcanzó rango
constitucional en 1994, cuando la Constituyente de Santa Fe convirtió en ley interna el
paquete de tratados y convenciones que protegen los derechos humanos. Si Pinochet
recibiera una orden de captura mientras visita la Argentina, Carlos Corach debería actuar
como Straw.
Ante la nueva realidad una alternativa es reclamar pureza. ¿Por qué castigar a Pinochet
cuando Stroessner sigue libre? ¿Por qué castigarlo, por otra parte, si antes Londres o
Washington lo santificaron?
Suena tonto y poco práctico. Mejor es reclamar justicia. ¿Por qué no castigarlo si es
legal? ¿Por qué no extraditarlo si ya otros dictadores, como el haitiano Baby Doc, huyen
de sus refugios? ¿Por qué no hacer, al menos, lo que hoy se puede hacer? ¿Por qué
privarse de actos de justicia internacional que terminarán ampliando el campo de lo
posible?
Hoy cumple 50 años la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El mundo festeja.
El de la voz finita no. Es un buen día.
|
