Página/12

SORPRESIVO ALLANAMIENTO AL ARZOBISPADO POR LA QUIEBRA DEL BCP
En búsqueda de pecados cometidos

El operativo fue para encontrar documentación de un préstamo recibido de una mutual militar. Dinero luego desviado al Crédito Provincial.

El presbítero Guillermo Marcó ante un ejército de movileros explicando el inédito allanamiento.
“Un atropello incalificable, que ni se vivió durante la persecución a la Iglesia de los años 1954 y 1955.”

Por Alfredo Zaiat

En un procedimiento inédito, diez agentes de la Policía Federal y de la Justicia allanaron ayer el Arzobispado de Buenos Aires en búsqueda de documentación vinculada a la quiebra del Banco de Crédito Provincial. Esa entidad era controlada por la familia Trusso, de estrechos vínculos con la Iglesia. Los funcionarios que participaron del operativo se llevaron el balance de 1997 de la arquidiócesis metropolitana como parte de una investigación sobre el destino de 10 millones de dólares que la Sociedad Militar Seguro de Vida, mutual de uniformados retirados, entregó al entonces cardenal Antonio Quarracino. Ese dinero fue transferido al BCP. Pero ni el Arzobispado ni los Trusso se hacen responsables de su devolución luego del derrumbe del banco platense.
A las 14.30 media docena de policías, acompañados de peritos contables y funcionarios judiciales, se presentaron en el Arzobispado. Fueron atendidos por el contador de la sede religiosa de apellido Garrido. Le mostraron el requerimiento de la jueza Marcela Inés Garmendia, titular de un juzgado de La Plata, y Garrido se retiró para hacer las consultas pertinentes al obispo auxiliar José Luis Mollaghan. Sin esperar respuesta, comenzaron el allanamiento. El inesperado operativo fue calificado por la Curia como “un atropello incalificlable, que ni se vivió durante la persecución a la Iglesia de los años 1954 y 1955”.
Ante esa situación, el presbítero Guillermo Marcó destacó a este diario que “hicimos constar en el acta que no hubo negativa a dar información, y que el allanamiento fue un exceso”. “Nosotros hemos sido víctimas de otras tantas estafas”, señaló Marcó, agregando que “el dinero jamás entró aquí y, lamentablemente, no sabemos dónde fue a parar”.
El motivo de ese allanamiento tiene su origen en un préstamo otorgado por Sociedad Militar Seguro de Vida al Arzobispado. A mediados de junio del año pasado los Trusso necesitaban fondos frescos para mejorar su ya deteriorada situación patrimonial del banco. Y recurrieron a los buenos oficios del Arzobispado para conseguir dinero de esos viejos militares.
La controvertida operación, para incrementar el capital del BCP, tuvo los siguientes pasos:
1) Sociedad Militar le prestó 10 millones de pesos al Arzobispado de Buenos Aires, a seis meses y a una tasa de interés del 8,5 por ciento anual. El BCP fue el avalista de ese contrato que tiene la firma de Quarracino –certificada por la entidad financiera–, que el prelado sostuvo hasta su fallecimiento que era falsa.
2) Existe otro documento entre el Arzobispado y Trusso, por el cual el primero hace constar el préstamo de esos fondos a la familia.
En la práctica, el Arzobispado actuó en este caso de intermediario financiero para devolver a los Trusso uno de los tantos favores recibidos. Por ejemplo, los Trusso pagaban los abultados saldos de las tarjetas de crédito de Quarracino y de su pareja de secretarios –el religioso y el laico– Roberto Toledo y Noberto Silva. Pero ahora, con la muerte de Quarracino, con Pablo Trusso en la cárcel y su hermano Francisco prófugo, nadie se hace cargo. Y los militares retirados quieren el dinero.
La caída del BCP y las que le siguieron de los bancos Patricios y Mayo fueron los mayores escándalos financieros desde que culminó la crisis del tequila. En el caso del banco de los Trusso –Francisco (padre) fue el embajador argentino ante la Santa Sede del gobierno de Carlos Menem–, inspectores del Banco Central descubrieron 21 mil créditos truchos por 64 millones de pesos. Esa fue la punta del ovillo que desembocó en su posterior intervención, y en el descubrimiento de otras operaciones de vaciamiento de la entidad realizadas por los Trusso.
Después del derrumbe, activos y pasivos del BCP fueron transferidos a una nueva entidad, Mercobank, cuyos principales accionistas son los principales acreedores de la entidad fallida. Uno de ellos es la Sociedad Militar Seguro de Vida.

Claves

El Arzobispado de Buenos Aires fue allanado en búsqueda de documentación referida a un crédito que recibió de la Sociedad Militar Seguro de Vida.
Esa operación fue realizada, en junio de 1997, por el entonces cardenal Antonio Quarracino para devolver favores a la familia Trusso, dueños del BCP.
Los diez millones del préstamo fueron transferidos al BCP para mejorar su ya delicada situación patrimonial.
Ese dinero no alcanzó para salvarlo.
Con la quiebra del BCP, luego de que el Banco Central descubriera una estafa con operaciones truchas por 64 millones de pesos, ninguno de los protagonistas se hizo cargo de ese crédito.
Los militares retirados quieren recuperar el dinero.
Las actuales autoridades del Arzobispado, luego del fallecimiento de Quarracino, no quieren saber nada del caso y se quejan por el allanamiento.

LA MISION DEL FONDO MONETARIO SE PUEDE IR TRANQUILA
Buena letra de los diputados

Por Cledis Candelaresi

Con la fuerte presión de Economía y del Fondo Monetario Internacional, que amenazó con hacer caer el Acuerdo de Facilidades Ampliadas, la Cámara de Diputados transformó ayer en ley el proyecto denominado de precoparticipación, que destina al sistema previsional el grueso de los fondos a obtener gracias a la reforma tributaria. El justicialismo sumó el apoyo de los partidos provinciales y de 11 radicales (en esta votación la Alianza quedó dividida) y, en aras del apuro, apeló a una rebuscada fórmula de interpretación del texto para evitar que éste volviera al Senado.
Sin esta ley, la Reforma Tributaria hubiera perdido su objeto, ya que la mayor parte de los recursos se coparticiparían, y el Gobierno no podría realizar la prometida rebaja de aportes patronales. La flamante ley dispone que después de cubrir todos los meses 920 millones a distribuir entre las provincias, se destinará anualmente hasta 2154 millones anuales al sistema previsional. Esta regla general –avalada por los gobernadores- fue aprobada por el Senado a través de un articulado breve pero conflictivo.
En el artículo 2, el Senado dispuso que todo lo que se recaude por encima de los 920 millones iría a cubrir los 2154 millones para Seguridad Social (con miras a la rebaja de aportes). Sólo después de alcanzar esa meta, Economía podría cumplir con lo que actualmente disponen las leyes de IVA y Ganancias, que obligan a destinar el 11 y el 20 por ciento, respectivamente, de esas recaudaciones al sistema previsional, antes de determinar cuánto le corresponderá a la Nación y cuánto al interior.
La redacción de ese artículo puso a Diputados en un brete. De acatarse literalmente, deberían violarse dos leyes vigentes y, al mismo tiempo, se daría la paradójica situación de privar al sistema de Seguridad Social de unos 7000 millones (la parte de IVA y Ganancias que hoy lo nutre, antes de la distribución primaria de los fondos coparticipables entre la Nación y las provincias). Pero retocar hubiese obligado a devolver el proyecto al Senado para que avale el cambio, con la pérdida de tiempo y el riesgo de que los senadores insistan con la su versión original.
El bloque justicialista encontró, entonces, una solución de emergencia. Oscar Lamberto leyó en el recinto la siguiente “interpretación aclaratoria”, plasmada en el libro de sesiones: primero se descontarán los importes de IVA y Ganancias que deben ir a la Seguridad Social y sólo después comenzará el reparto del dinero entre la Nación y las provincias. La idea es que si surgieran dudas sobre el contenido de la ley, debe respetarse el “espíritu del legislador”, expresó.
También resultó controvertido el artículo 3. Según el texto con media sanción del Senado, de los 920 millones a repartir entre las provincias, habría que reservar un 2 por ciento para prorratear entre Tierra del Fuego, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Este retoque fue introducido a instancia del senador justicialista Carlos Verna y, en rigor, respeta estrictamente lo que hoy dispone la ley de coparticipación.
Sin embargo, exasperó a varios diputados –entre ellos, al vicepresidente de la Cámara, el justicialista Marcelo López Arias– porque daría más fondos a algunas provincias en detrimento de otras. Pero, finalmente, primó la disciplina partidaria y, antes de comenzar la sesión, toda la bancada oficialista ya había decidido aprobar el proyecto tal cual vino de la otra Cámara.

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