Por Roberto Navarro

Si aquellos que tienen el auto o la casa asegurada y piensan que pueden dormir tranquilos, se equivocan. En lo que va de la década cerraron 121 compañías aseguradoras y todo el sistema acumula pérdidas por la friolera de 1206 millones de pesos. Los nuevos requisitos de capitales mínimos, que exige la Superintendencia de Seguros, y la apertura del mercado para el ingreso de nuevas empresas, que rige desde el 1 de octubre, acelerarán el proceso de concentración y extranjerización del negocio del seguro. En esos violentos cambios, los principales perjudicados son los asegurados: cuando una compañía cierra, los clientes pierden las primas abonadas hasta ese momento y, en el caso de haber sufrido algún siniestro, deben hacerse cargo de sus gastos y de los que hayan ocasionado a un tercero.

En los últimos doce meses, las 264 compañías que operan en el mercado facturaron 6061 millones de pesos. Las veinte primeras se quedaron con el 49 por ciento de las ventas, y las empresas de capital extranjero ya alcanzaron el 44 por ciento de la torta. El sector que opera con mayor déficit es el de automotores, que representa el 40 por ciento de las primas, pero casi el 70 por ciento de las pérdidas.

Además de las compañías ya liquidadas, la Superintendencia tomó distintos tipos de medidas cautelares con otras catorce en los últimos doce meses. A dos de ellas, Mercosur Compañía Americana de Seguros SA y Responsabilidad Patronal de Riesgo de Trabajo, que tienen prohibido disponer de sus inversiones y alquilar sus inmuebles, aún se les permite seguir emitiendo pólizas.

Piero Zupelli, presidente de la Asociación de Entidades Aseguradoras Privadas de la República Argentina (EAPRA), le aseguró a Cash que “hay 45 compañías que operan en el rubro automotores, que representan el 57 por ciento del volumen del mercado, que tendrían pérdidas aún no registradas en sus balances, superiores al ciento por ciento de su patrimonio”. Para incrementar la solvencia del mercado, la Superintendencia decidió aumentar la exigencia mínima de reservas por siniestros ya ocurridos y en trámite judicial (hay 135.000 juicios vigentes contra compañías de seguros). Sólo 19 empresas superaban los mínimos exigidos. Entre las que no los alcanzaban tendrán que invertir 805 millones de pesos en los próximos cinco años, a razón de 5 por ciento de ese monto por trimestre. Esta cifra, que ya debería estar registrada como pasivo en los balances porque es para cubrir siniestros pasados, supera los 752 millones de pesos de patrimonio total del sector automotores. Fin de fiesta

Hasta 1992, cuando el Instituto Nacional de Reaseguros (INdER) monopolizaba los reaseguros del país, las empresas disimulaban su ineficiencia trasladándole las pérdidas al ente estatal. El INdER cubría todas las pólizas sin medir riesgos y las compañías actuaban como comisionistas. Cuando el ex ministro de Economía Domingo Cavallo decidió liquidar el INdER y desregular el mercado de reaseguros, comenzó la hecatombe. Los altos costos de administración e intermediación, sumados a una siniestralidad en constante aumento, llevaron las pérdidas totales del sistema al 13 por ciento del total de las primas. En el último año muchas empresas intentaron ganar mercado bajando sus tarifas, y así comenzó una guerra de precios que agudizó los problemas de rentabilidad y solvencia del sistema.

Durante varios años las ganancias que obtenían de inversiones financieras compensaban las pérdidas técnicas. Pero en los últimos doce meses la crisis internacional, con rendimientos negativos de los activos, estiraría el quebranto del sistema a los 400 millones de pesos, al cierre del período fiscal al 30 de junio. No todas las compañías registran pérdidas. Existen unas treinta que tienen superávit, siendo la mayoría de Vida o de Retiro.

A pesar de que la facturación total del mercado asegurador se duplicó en los últimos diez años, Argentina sigue siendo uno de los países con menor porcentaje de pólizas per cápita. En Estados Unidos es 10 veces mayor, en España 4, en Chile 3 y en Brasil 2 veces. El 45 por ciento de los automóviles que circulan por el país no están asegurados. Según el director adjunto de EAPRA, Bernardo von der Goltz, “La gente no contrata seguros porque no cree en el sistema. Lo que hay que hacer es blanquear de una vez por todas cuáles son las empresas que están descapitalizadas y ver qué se hace con ellas. Si no se transparenta el mercado, perdemos todos”(ver recuadro).

El secretario general del Sindicato del Seguro, Ramón Valle, afirmó que en los últimos diez años se perdieron más de 10 mil puestos de trabajo e hizo responsables de la crisis del sector a los empresarios y al Estado. “La ineficacia de la gestión empresaria es la que llevó a esta situación y la Superintendencia, que debe controlarlos, muchas veces llega tarde”, opinó.

A partir del 1 de octubre, y por resolución de la Superintendencia, rigen nuevos requisitos de capitales mínimos para todos los tipos de seguros que, en el caso de los automotores, supera en un 500 por ciento la exigencia anterior. Otra medida que está en estudio es la del sistema de “cobranza con fecha cierta”. Si se instrumenta ese mecanismo, las compañías considerarán abonadas las primas sólo cuando el pago se haya hecho mediante bancos, tarjetas o algún medio de pago electrónico. Los productores de seguros, que venden el 75 por ciento de las pólizas, se oponen al cambio porque perderían su comisión por cobranza y porque, según afirman, sería una manera de ir trasladando el negocio a los bancos.

El avance de las entidades financieras en el mercado asegurador se da acompañado del aumento del crédito. La mayoría de los autos cero kilómetro que se venden con financiamiento bancario salen de la agencia con un seguro del mismo banco o de una aseguradora que negocia las pólizas con la entidad bancaria al por mayor. Los productores han denunciado que “los bancos imponen el seguro al cliente junto con el crédito, sin brindarle ningún asesoramiento, cobrándole mucho más de lo que vale y sin siquiera entregarle la póliza”(ver recuadro).

La otra puerta por la que ingresan los bancos al negocio es la de los créditos hipotecarios, que tienen seguro de vida y de incendio obligatorio. Entre los interesados en aprovechar el negocio está el Banco Hipotecario que en los próximos días presentará BHN Vida y BHN Seguros Generales.

El principal referente económico de la Alianza, José Luis Machinea, le explicó a Cash que “el sector asegurador va camino a un proceso de concentración y extranjerización similar al del mercado bancario, y que todas las decisiones de la Superintendencia apuntan hacia ese fin”. El superintendente de Seguros, Daniel Di Nucci, y los titulares de las distintas cámaras que agrupan a las aseguradoras coinciden en que el mercado tiene que depurarse y que deben quedar sólo las empresas solventes. Solamente discrepan en si el proceso debe ser gradual o de shock.

Ninguno de los participantes del mercado tiene pensado que en el nuevo mercado que se viene, garantizar al asegurado ni los fondos que invirtió en seguros de retiro o de vida ni el pago de un posible siniestro en seguros patrimoniales. El consumidor, como en otros tantos servicios en el país, sigue siendo el último orejón del tarro en el mercado de seguros, padeciendo el aumento de las tarifas y soportando los costos de los quebrantos.

“Hay que liquidar”
Bernardo von der Goltz, director de la Asociación de Entidades Aseguradoras Privadas de la República Argentina (empresas extranjeras)

“Hasta que se liquidó el INdER la ineficacia de las empresas quedaba tapada por el Estado. Ahora se blanqueó la situación. No se puede trabajar con gastos de administración de un 25 por ciento y de intermediación de casi el 30 por ciento. Hay que ordenar la venta. Existen empresas que dejan que las tarifas las manejen los productores y estos le cobran a un cliente 100 pesos y a otro con un auto igual, 150. Casi la mitad de las empresas están descapitalizadas porque durante años, cuando tenían un siniestro que terminaba en juicio, reservaban 10 pesos para una demanda de 100 mil. Ahora tienen que ponerse al día con las reservas, pero nadie sabe de dónde van a sacar la plata. La que no presente un plan racional debería ser liquidada antes de que siga perjudicando a los asegurados y al sistema en general. No se puede instrumentar un plan de garantía para los clientes porque muy pocas empresas están en condiciones de solventarlo”.

“El nuevo escenario económico y el cambio en las reglas de juego del negocio llevaron a que, al igual que en otras actividades, se desarrollara una readecuación del mercado. Las empresas que tenían problemas ya cerraron y no creo que vayan a caer muchas más. Las medidas que instrumentó la Superintendencia en cuanto a los nuevos requisitos mínimos de capital le están dando una mayor solidez al sistema. Por otra parte, el ente regulador realiza inspecciones minuciosas constantemente sobre las compañías. De todas maneras, el cliente debe aprender a elegir en dónde le conviene asegurarse. Para eso cuenta con productores profesionales que están matriculados y que realizan cursos de actualización permanentes. No creo que la apertura traiga una mayor concentración y extranjerización del mercado, porque las compañías más importantes del mundo ya están aquí. Es difícil instrumentar un fondo de garantía para los asegurados”.

Roberto Alterleib,
secretario de la Asociación de Productores Asesores de Seguros -¿Por qué piensa que están cerrando tantas compañías?

-Porque son ineficientes y están descapitalizadas. Pero lo importante es cómo cierran. Dejando un tendal de perjudicados. La Superintendencia llega siempre tarde. Di Nucci nos dijo que no puede controlar bien porque no tiene presupuesto. La tasa que se paga para la Superintendencia va a parar a Rentas Generales y de ahí le dan una cantidad menor.

-Es restarle opciones al cliente y además viola la Ley del Seguro que asigna la tarea de cobranza sólo a los productores. Está armado para favorecer a la banca. Nosotros no sólo perderíamos la comisión por cobranza. También el contacto con el cliente. Las carteras pasarían a los bancos. Todas estas medidas tienden a concentrar el negocio del seguro en unas pocas manos.

-Los bancos no venden, imponen. Ya perdimos todo el mercado de autos cero kilómetro, porque la gente con tal de conseguir el crédito acepta un seguro caro, sin consultar condiciones y, en muchos casos, sin recibir ni siquiera la póliza. Con los créditos hipotecarios es peor. Le incluyen en la cuota un seguro de vida y uno de incendio, se los cobran el doble de lo que vale y no le dan posibilidad de elegir.

-En el mercado se sabe quién anda bien y quién no. Si la Superintendencia cumpliera con sus obligaciones, habría menos damnificados. Nosotros en su momento propusimos un fondo de garantía pero no lo aceptaron. Hoy es muy difícil.

Daniel Di Nucci,
superintendente de Seguros

-¿Tomando en cuenta los últimos balances, las nuevas exigencias de capitales mínimos y las pérdidas financieras, se esperan nuevos cierres de aseguradores en los próximos meses?

-No. Confiamos en la habilidad de los empresarios para sortear este proceso de ajuste y desregulación. Tienen a su disposición herramientas tales como fusiones, adquisiciones, alianzas o incorporación de socios con capital. En última instancia, sino superan la transformación, pueden optar por autoliquidarse, sin perjudicar a los asegurados.

-No coincido. Este es un enfoque que anticipa pérdidas futuras y no representa fielmente la realidad actual. La Superintendencia, al implementar el actual régimen de diferimiento de reservas, ponderó la situación general del mercado y estimó apropiado el plazo fijado para que los empresarios adecuaran paulatinamente los recursos a sus necesidades.

-El público debe tener la prevención de analizar bien en qué compañía va a depositar su confianza. Además del asesoramiento del productor, cuenta con la atención que se le dispensa en la Superintendencia, en la que puede consultar si la empresa que le ofrece el seguro registra algún tipo de sanción o de medida administrativa.

-Una cosa son sanciones y otra medidas cautelares. En el caso de las sanciones, si son graves, se les suspende el derecho de emisión. Las medidas cautelares que se toman cuando las empresas no alcanzan los mínimos de capital exigidos.