Por Irina Hauser
 Llegó solo, con
paso lento, mirada esquiva y vestido con una remera a rayas. Las puertas del club
Argentinos Juniors se abrieron ayer a sus pies como si nada. Como si no se llamara Carlos
Guillermo Suárez Mason. Pasear su alma genocida era para él habitual en la institución
que lo albergó como socio activo. Iba a pedir clemencia al presidente del polideportivo.
No tardó en quedar cercado por un grupo de socios y militantes de la agrupación HIJOS
que reclamaban su inmediata expulsión al grito de “asesino”. Finalmente, a la
medianoche, Pajarito perdió su condición de socio por una decisión unánime que tomó
la comisión directiva que, además, quedó facultada para quitarle todos los cargos
honorarios que le hubiesen concedido a la largo de su pasaje por el club.
La comisión directiva había convocado para la tarde una reunión en la que decidiría si
expulsar o no a Pajarito del padrón de socios. Por eso, el militar indultado llegó
anticipadamente para pedir explicaciones a Oscar Giménez, el presidente reelecto del
club. Pudo entrar y fue recibido.
El escenario deportivo revivía así los recuerdos escalofriantes de los años de plomo.
En realidad, esos vestigios surcan la sede del club “Argentinos” y las tribunas
de su estadio cada vez que Suárez Mason aprovecha éste, uno de los escasos núcleos
sociales que le quedan.
Allí el ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército también habría sido arquero de las
divisiones inferiores y se convirtió en socio activo el 5 de septiembre de 1977, una
condición que lo acompaña hasta la actualidad y que ayer se encargó, sorpresivamente,
de ir a defender en persona.
Sin embargo, allí, en su reducto de La Paternal donde nunca paga entrada, ayer un grupo
de socios e integrantes de HIJOS hizo saber que no quiere tenerlo cerca. Lo
“escracharon” con la intención de no dejarlo salir hasta que se firmara su
sentencia de expulsión del club. Le gritaban “asesino” todas las veces
posibles. “¿Y ahora, por dónde vas a salir?”, lo provocaban. Cerca de las diez
de la noche se rumoreaba que había escapado por alguna ventana, ayudado por una extensa
escalera y por efectivos de la comisaría 39ª.
La histórica influencia económica que Guillermo Suárez –como se hace llamar en el
club para pasar inadvertido obviando su primer nombre y su segundo apellido– ejerció
en Argentinos Juniors se remonta a plena dictadura, a 1977, tiempos en que su hijo Marcos
seguía sus pasos en las divisiones inferiores. En su libro Donde manda la patota,
barrabravas, poder y política (Editorial Agora), el periodista Gustavo Veiga revela
escenas de aquel entonces: “El general y su séquito estaban allí. Todos vestían de
civil. Buscaban a las autoridades de Argentinos Juniors. Desde aquel día, el hombre calvo
que sería acusado de 635 delitos por su responsabilidad durante la represión ilegal,
influyó en varios aspectos fundamentales de la vida institucional y deportiva de su club.
Carlos Guillermo Suárez Mason se convirtió en el padrino político que faltaba, en la
persona ‘que abría puertas y conseguía cosas’. A través de empresas que él
controlaba o de bancos donde poseía aceitados contactos, el militar indultado por el
gobierno de Carlos Saúl Menem contribuyó con dinero fresco a oxigenar las circunstancias
terroríficas en que se encontraba la entidad de La Paternal”.
Así, los tiempos en que manejaba la petrolera YPF y la compañía de aviación Austral le
permitían al torturador hacer milagros (tales como que Diego Armando Maradona
permaneciera en el club de La Paternal hasta 1980) con plata de los ciudadanos sobre una
entidad que hoy atraviesa penurias.
Esos recuerdos sobre “la ayuda” que Suárez Mason prestó alguna vez dividían
ayer las posiciones entre distintos miembros de la dirección del club.
Giménez –aunque en su lista para la presidencia estuvo acompañado por personajes
que solieron apoyar al militar– ya había anunciado que estabatomada la decisión de
echar al represor “porque –argumentó– fue un personaje oscuro de la
historia Argentina por su participación en la dictadura y ahora comprometido en el robo
de bebés durante ese período, y no lo queremos en el club”. Lo cierto, también, es
que la idea de la expulsión cobró vigor después de que Página/12, a través de una
nota de Veiga, revelara su carácter de socio honorario y algunos de sus parentescos
entrecruzados con la entidad deportiva. Su cuñado, Félix Alejandro Alais, un ex
integrante de la Triple A, es dueño de la empresa que custodia el polideportivo.
Anoche, la comisión directiva de Argentinos Juniors echó a Pajarito. Ya no le queda ni
el club de sus amores.
Menem prometió que esta vez no habrá
re-indulto
Ante los corresponsales
extranjeros, el Presidente aclaró que no indultará a los militares culpables por la
apropiación de los hijos de desaparecidos. “El militar que se inquiete se tendrá
que ir”, aclaró.
El juez Alejandro Sánchez
Freytes, al salir de la casa de Nicolaides.
Constató el estado de salud del general retirado. |
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Por Adriana Meyer
El presidente Carlos
Menem descartó la posibilidad de dictar un nuevo indulto en favor de los militares
involucrados en causas judiciales por la apropiación de bebés nacidos en cautiverio.
Durante una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros que se realizó el
miércoles en la Casa Rosada, Menem fue consultado sobre el humor que las detenciones de
estos uniformados pueden generar dentro de las Fuerzas Armadas. El mandatario afirmó que
“mientras la Justicia actúa correctamente no veo la posibilidad de que haya
inquietud militar”, pero agregó que “el militar que se inquiete, se tendrá que
ir”. Tienen motivos para preocuparse porque no habrá más posibilidades de ser
perdonados por las leyes de impunidad que les devolvió la libertad hace una década.
“Yo dicté oportunamente los indultos. Ahora el Poder Judicial está investigando
otros temas que no han sido materia del indulto y serán los jueces –en
definitiva– los que resuelvan”, expresó Menem. Esos “otros temas”
tampoco fueron nunca juzgados.
Durante la década del 80 se desarrollaron los juicios contra los militares que gobernaron
el país entre 1976 y 1983, además del histórico proceso que llevó adelante la Cámara
Federal en 1985, que condenó y destituyó a los principales jefes de la represión
ilegal. Las leyes de impunidad dictadas por los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem
impidieron que la acción de la Justicia alcanzara a la mayoría de los involucrados en
gravísimas violaciones a los derechos humanos.
La confesión del ex marino Adolfo Scilingo y la “autocrítica” del jefe del
Ejército, general Martín Balza, marcaron una nueva etapa. Así como en el período
anterior habían tenido protagonismo los relatos de los sobrevivientes de los campos de
concentración (en donde los militares torturaron e hicieron desaparecer a más de 30 mil
personas, algunas de ellas extranjeras), a partir de esos dos hechos empezaron a
“confesar” sus delitos otros militares que habían participado del terrorismo de
Estado. Y en los últimos dos años tomaron impulso las causas que investigan la
apropiación de los hijos de los desaparecidos y el robo de sus bienes. La agrupación
Abuelas de Plaza de Mayo nunca había dejado de impulsar los procesos que apuntan a la
restitución de sus nietos, pero recientemente han incorporado la teoría de la autoría
mediata, por la cual los máximos jefes militares también pueden ser enjuiciados.
 Jorge Videla:
en junio pasado, el juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, encarceló al ex
presidente de facto por considerarlo autor mediato de la apropiación de 5 menores, hijos
de cuatro desaparecidas. La causa pasó al juez Adolfo Bagnasco por decisión de la
Cámara Federal de San Martín, pero Videla permanece detenido, aunque goza del beneficio
del arresto domiciliario por tener más de 70 años. Había sido indultado por Carlos
Menem en 1990.
Emilio Massera:
el 3 de diciembre la jueza federal María Servini de Cubría ordenó la detención del ex
jefe de la Armada y lo procesó como partícipe necesario de los delitos de sustracción
de menor, supresión de estado civil y falsedad ideológica de documento público, en el
caso del hijo de Cecilia Viñas y Hugo Penino, ambos desaparecidos. Massera pasó unos
días preso, pero la jueza decidió que podía continuar el arresto en su departamento de
la avenida Libertador. También fue indultado en 1990.
Jefes de la
ESMA: durante todo el mes pasado, Bagnasco indagó a los imputados en la causa por la
sustracción sistemática de menores, iniciada por seis Abuelas de Plaza de Mayo y ordenó
la detención de siete de ellos, hasta que resuelva (posiblemente en febrero) su
situación procesal. Los ex jefes del centro clandestino que funcionó en la Escuela de
Mecánica de la Armada Antonio Vañek y José Suppicich, y el ex jefe de la Armada, Rubén
Franco, cumplen arresto domiciliario. El prefecto Héctor Febres –señalado como
quien se llevaba los bebés que nacieron en la ESMA– está preso en la sede central
de la Prefectura, mientras que el ex jefe de Inteligencia deGrupo de Tareas 3.3.2 de la
ESMA, Jorge “Tigre” Acosta permanece detenido en la Unidad de Gendarmería de
Campo de Mayo, después de haber estado prófugo quince días. Vañek había sido
indultado por Menem, Suppicich fue desprocesado por la Corte Suprema, Franco se benefició
con la Ley de Punto Final, y Febres con la Obediencia Debida, al igual que Acosta.
u Galtieri, Nicolaides y Lambruschini: el ex presidente de facto, el ex jefe del Ejército
y de la Armada respectivamente fueron beneficiados por el indulto menemista, y son los
próximos que citará Bagnasco.
BIGNONE, DESPUES DEL 20
Bagnasco visita Córdoba
El juez
federal Adolfo Bagnasco viajará el miércoles próximo a Córdoba para tomarle
declaración indagatoria al último jefe del Ejército durante la dictadura, Cristino
Nicolaides, debido a su mal estado de salud. El general retirado está imputado en la
causa que investiga la sustracción sistemática de los hijos de los desaparecidos y
faltó en dos oportunidades a las citaciones judiciales, aduciendo que tiene un
“cuadro clínico severo” y anginas de pecho. Por otra parte, el ex presidente de
facto Reynaldo Bignone logró postergar una vez más su presentación en este proceso,
prevista para el lunes próximo.
Bignone sería interrogado después del 20 de enero, porque el lunes 11 su abogado, el ex
ministro de Justicia de la dictadura Lucas Lennon, se encontrará a más de mil
kilómetros del juzgado, por motivos personales. Su primera comparecencia debió
producirse el 23 de diciembre, pero recusó a Bagnasco y planteó la nulidad del llamado a
indagatoria. El magistrado rechazó la presentación y entendió que se podía seguir
adelante con el proceso, hasta que la Cámara Federal tome su resolución. El militar
será indagado por el dictado de la denominada “Ley de Pacificación Nacional”
–luego derogada– por la que se amnistió a quienes habían cometido delitos
durante el gobierno de facto.
El juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, le notificó ayer a Nicolaides en
su domicilio del barrio Cerro de las Rosas, que debe designar abogado defensor en las
próximas 24 horas, para que comience a analizar la prueba que hay en su contra y el
trámite de la indagatoria sea más expeditivo. Si no lo hace, se desempeñará un
defensor oficial, que puede ser reemplazado cuando el acusado lo decida. Según Sánchez
Freytes, el general estaba en cama y lo encontró “anímicamente en buen
estado”. El magistrado cordobés aseguró a la agencia DyN que “la Justicia
federal de Córdoba sólo acompañará a Bagnasco, sin participar en preguntas ni
requerimientos, ya que este caso en particular es de competencia de la Justicia federal de
Buenos Aires”.
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