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 La falange
de enemigos en las instituciones públicas paraguayas contra el titular del Poder
Ejecutivo se terminó de completar ayer: la Corte Suprema ordenó el enjuiciamiento del
presidente Raúl Cubas por un tribunal ordinario de Justicia por “desacato” al
haber desobedecido el fallo de la Corte que devolvía a la cárcel al general ex golpista
Lino Oviedo –padrino político y poder detrás del trono de Cubas– por su golpe
fallido de 1996. La querella viene poco después de un anuncio del Congreso de que
iniciará un juicio político contra Cubas, que recién comenzará en marzo. La oposición
no dispone de una mayoría para lograr la destitución, pero es un factor obstructivo en
el Parlamento. Todo esto no repercute bien en Estados Unidos, que está considerando si
“certificar” o no que Paraguay está llevando a cabo una lucha efectiva contra
el narcotráfico. Fuentes opositoras indicaron que miembros de la embajada norteamericana
se reunieron con el vicepresidente antioviedista Luis María Argaña, una señal
tradicionalmente ominosa para cualquier gobierno latinoamericano. Históricamente ésta es la primera vez que se inicia en Paraguay un proceso judicial contra el primer mandatario. Pero, además, la noticia llegó cuando los opositores parecían haber agotado todo el repertorio posible de acciones contra Cubas. Además del anuncio del juicio político en el Congreso, los opositores en la Corte ya habían aprobado un recurso parlamentario de “inconstitucionalidad” contra el desconocimiento que Cubas hizo de la orden de la Suprema Corte. Rienzi y Cubas también habían cruzado espadas a principios de mes cuando el titular de la Corte intimó al presidente a encarcelar a Oviedo en menos de 72 horas, a lo que Cubas respondió que “el presidente de la República elegido por el 56 por ciento de los votos no recibe órdenes de ningún poder del gobierno”. Oviedo había sido puesto en libertad por un decreto presidencial, seguido luego por un fallo de una nueva corte militar (esta vez conformada por “oviedistas”) que exoneró al ex golpista. Pero la Corte (especialmente desde que se hizo cargo Rienzi) está empeñada en forzar al presidente a reencarcelarlo. En este objetivo cuenta con el apoyo del Congreso paraguayo, dominado parcialmente por opositores y colorados disidentes antioviedistas. Ambos cuerpos se han dedicado con ahínco a atacar al primer mandatario, con el Congreso anunciando que bloquearía todas las medidas económicas del presidente hasta que éste cumpla con sus demandas. Asediada por la Corte Suprema, el Congreso y los tribunales penales, ¿qué le queda por hacer a la dupla Oviedo-Cubas? Por lo pronto, su única esperanza es que Oviedo use su poderío en los sindicatos y las asociaciones rurales para dar una muestra de fuerza a sus opositores. Cuando la Corte comenzó en diciembre su ofensiva contra Oviedo, el ex general contraatacó convocando una “apoteosis oviedista” de cerca de 50.000 personas frente al Palacio de Justicia, seguido de una manifestación más violenta que asedió a los jueces supremos en el recinto, y aisló a la capital Asunción del resto del país. Asimismo, en ambos actos fue notable la pasividad general de las fuerzas de seguridad. Aunque después de ese clímax, Oviedo bajó los decibeles de su desafío, su poder latente en el “pueblo” contra los que “vaciaron el estado” es todavía un factor de riesgo para sus opositores. En efecto, el carácter impredecible de la reacción oviedista parece estar inclinando a Estados Unidos a apoyar a la oposición, que si bien no es popular tiene al menos (y por ahora) el control de las instituciones públicas en Paraguay. Quizá la Casa Blanca o el Departamento de Estado norteamericano esgrima la amenaza de una certificación “negativa” para lograr algún consenso que acabe con la inestabiliad política y judicial en Paraguay que produjo y produce el ataque contra Cubas y Oviedo.
EN BUSCA DE UNA PATRIA SINDICAL PROPIA
TESTIMONIO DE UNA EMPRESARIA
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