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Por Horacio Cecchi  Cuando fue concedida la
autorización para instalar el shopping Alto Palermo, la Municipalidad puso como
condición que la empresa cediera a la comuna un terreno de 2000 metros cuadrados para
construir una escuela. Pero no sólo el predio nunca terminó en manos del municipio, sino
que además terminó vendido a un particular a un precio irrisorio. Esa operación contó
incluso con el aval de la Escribanía General del Gobierno porteño, cuando su titular era
el posteriormente acusado de corrupción Jorge Gómez. Ahora, la Justicia investiga el
caso y ya dispuso “no innovar” en relación con el terreno hasta que se resuelva
quién es –o quién debería ser– su propietario legal.El 1º de julio de 1980, el Boletín Municipal publicó la ordenanza 35.856 que sancionaba normas urbanísticas especiales para la construcción de edificios en los terrenos que ahora conforman el Alto Palermo Shopping, por entonces propiedad de Sade y Perez Companc y que luego pasó a manos de Alto Palermo S.A., también de Perez Companc, que finalmente decidió vender ese emprendimiento. Entre las normas especiales, se aclaraba que la empresa debería donar a la Municipalidad un edificio de alrededor de 2000 metros cuadrados, ubicado en Bulnes 2259, 2269 y 2273/77, entre Beruti y Juncal, para levantar una escuela o un centro cultural. El inmueble, que durante casi 30 años perteneció a la Cervecería Palermo, estaba ocupado en forma provisoria por la Dirección de Inspección General porteña y luego pasó a ser un depósito de la Policía Municipal. La donación, que quedó asentada como “en trámite” en las fichas del catastro municipal, nunca se cumplió efectivamente. Pero en junio del ‘97, “Alto Palermo S.A. vendió el edificio en forma particular por una suma irrisoria –dijo a Página/12 el legislador socialista porteño Daniel Martini–: 115 mil pesos. En la escritura de traspaso figura el pago en efectivo de 13 mil pesos y agrega que el saldo de 102 mil pesos debía ser pagado en diez meses, sin interés ni garantía de ningún tipo. Esto nos resultó muy raro para una operación inmobiliaria, teniendo en cuenta que en el lugar se podría levantar una torre por un valor aproximado a los 15 millones de pesos. En ningún lugar se mencionaba la ordenanza 35.856.” Según Martini, la venta del edificio se habría facilitado mediante la adulteración de las fichas del catastro, en las que hasta 1994 estaba asentado el trámite de donación. La presunta duplicación de fichas fue descubierta azar de por medio. Con motivo de la caída de una cornisa del edificio en cuestión, el legislador guardaba en sus archivos fotocopias de las fichas del catastro. “A mediados del año pasado presenté un proyecto de pedido de informes al Poder Ejecutivo para saber por qué no había sido donado el inmueble. Todo siguió su trámite de rigor. Pero las copias que obtuvimos en el catastro eran diferentes. Ya no figuraba la donación en trámite y en su lugar aparecía el nombre y apellido del nuevo propietario con fecha de escritura del 2 de junio del ‘97.” Todo esto quedó asentado en la denuncia presentada el 9 de febrero pasado ante el juzgado de instrucción 33, a cargo de Carlos Bourel. El 3 de marzo pasado, el magistrado dispuso la medida cautelar de no innovar, considerando que a prima facie se encontraba acreditada la comisión de delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública en concurso real con el de falsificación de instrumentos públicos. En el ínterin, la Procuraduría General del Gobierno porteño, a cargo de Alberto Marcer, se sumó como parte querellante, aunque cinco meses antes, en setiembre del ‘98, había elevado un dictamen recomendando que se dispusiera la restitución del inmueble a su nuevo propietario. El mismo secretario de Gobierno refrendó por aquel entonces el dictamen, firmando un convenio por el cual se restituía el edificio y se evitaban posteriores litigios por daños y perjuicios. “Si los informes que elevaron al procurador indicaban que el propietario era el reclamante, el procurador no puede decir que no es el propietario”, aseguró Mathov a este diario. Los informes a los que se refirió el secretario de Gobierno corresponden a la Escribanía General, por entonces a cargo del cuestionado Jorge Gómez, que certificó que el edificio no era propiedad de la comuna, y una nota del interventor de la Dirección de Administración de Bienes, Osvaldo Distéfano, en la que aseguraba que “la oferta de cesión gratuita fue rechazada por la Municipalidad, en 1992”, aunque, hasta el momento no hayan aparecido a la vista los documentos que certifiquen dicho rechazo. Para completar la escena, el gobierno porteño, que hasta hace tres meses reconocía al nuevo propietario restituyendo el terreno, ahora se presentó como coquerellante. El mismo procurador general, Alberto Marcer, pidió investigar cómo es que un predio que debía ser donado hace 19 años a la comuna ahora está en manos particulares.
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