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Por Cledis Candelaresi  Gianfranco Rizzo,
vicepresidente ejecutivo de Impregilo Argentina, viajó ayer a Italia, como lo hace con
frecuencia. Pero esta vez podría tener en vista una misión más decisiva que de
ordinario. El directivo de la firma que lidera Eriday, contratista de la obra civil de
Yacyretá, coincidirá en aquel país con Carlos Menem. Aunque no está previsto en la
agenda oficial, no es de descartar un contacto entre ellos para arrimar posiciones sobre
el multimillonario reclamo que aquel consorcio le plantea al gobierno argentino, costeador
de la obra. La voracidad empresaria y la generosidad oficial parecieran no tener límites.
Extrañamente, en los últimos meses las exigencias del grupo se habrían duplicado, hasta
alcanzar el escalofriante monto de 1500 millones de pesos. Y aunque el Gobierno decidió
dirimir la controversia en un arbitraje, ya hizo millonarios pagos a cuenta.Los contratistas de Eriday (Impregilo y Dumez) prefieren no cuantificar públicamente su reclamo. Quizá porque estén esperanzados en el arbitraje que desde febrero quedó en manos del lobbista y ex canciller norteamericano Henry Kissinger, designado por las empresas, y del ex miembro de la Corte Suprema Mariano Cavagna Martínez, quien asumió ese rol a pedido del Estado. En el informe sobre los estados contables al 30 de junio pasado del Ente Binacional Yacyretá, la Auditoría General de la Nación (AGN) asegura haber recibido “confirmación de saldos correspondientes al contratista de la obra civil principal Eriday Ute por un monto aproximado de 790 millones de pesos”, cifra no desmentida por ninguna fuente empresaria y ya cuestionada por funcionarios de la entidad estatal. Esta presunta deuda pública ya se había triplicado mágicamente en 1995. Cuando el ex ministro Domingo Cavallo amagó con la privatización de la represa, los contratistas civiles subieron su exigencia desde poco menos de 200 millones a los casi 800, y arremetieron con una audaz propuesta: quedarse con la presa y que el Estado considerase como pago a cuenta 500 millones de aquellas obligaciones que, de resultar adjudicatarios, estaban dispuestos a “condonar”. Economía formuló entonces un doble rechazo: a esta adjudicación directa y a la propuesta de someter la cuestión a un arbitraje, considerado peligroso para los intereses del fisco. Desde ese momento, plena Convertibilidad, nada permitía suponer que las exigencias de Eriday pudieran seguir engrosando con tanta generosidad. Sin embargo, un comunicado difundido por la Binacional el 12 de febrero pasado, informando la designación de Cavagna Martínez como árbitro, sostiene que “los reclamos de la constructora alcanzan una cifra superior a los 1500 millones de dólares” por asuntos contractuales pendientes (ACP). Tres días después, un diario misionero publicó declaraciones formuladas por Carlos Menem en Posadas, en las que el Presidente sentenció que “no podemos prestarnos a un juego que perjudica al Tesoro”, aludiendo, expresamente, a la exigencia empresaria de cobrar “1535 millones”. Mientras Rizzo preparaba el viernes su partida a Milán, la constructora de comunicación contratada por Impregilo aseguraba a Página/12 que la empresa nunca había confirmado ese monto, simplemente porque era muy difícil ponerle cifras a su reclamo. “Podría ser eso o mucho más”, acotó la vocera.
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