Por Martín Granovsky
 El jefe del Ejército le
contestó a Juan Gelman sus cartas abiertas del domingo y el jueves con otra carta en la
que establece un hecho y transmite un mensaje. El hecho: Martín Balza no pasó a
disponibilidad al general Eduardo Cabanillas, ni siquiera como medida preventiva hasta que
la Justicia esclarezca la responsabilidad que tuvo en 1976, cuando era capitán, en el
robo en cautiverio del nieto o nieta del escritor. El mensaje: el Ejército queda
comprometido a “satisfacer los requerimientos legales” de la Justicia. Aunque no
lo dice, después de esa promesa Balza debería remitir documentación y ordenar a
Cabanillas que se presente si es citado por los tribunales civiles.
Para deslindar cualquier carga como jefe del Ejército, Balza se escudó en que Cabanillas
no fue imputado, procesado, condenado, indultado, beneficiado con el Punto Final o la
Obediencia Debida, cuestionado por el Congreso al ascender o censurado por el Ejecutivo al
enviar su pliego.
La criatura de Marcelo Gelman y María Claudia García Irureta Goyena, los dos
secuestrados en el centro clandestino Automotores Orletti, debió haber nacido en octubre
de 1976.
Cabanillas, que ahora es jefe del Cuerpo de Ejército II, fue uno de los encargados del
campo de concentración, tal como consta en una actuación de 1977 de la justicia militar
que Gelman mencionó. En su texto a Gelman, Balza no constata ese dato clave, pero admite
que “de la propia lectura de sus cartas se desprende la existencia de investigaciones
atinentes a las circunstancias que refiere”. Sin embargo, aclara que no puede
investigar ni está en condiciones de sobrepasar los límites de un pedido de
“sinceramiento” a sus oficiales. En ese caso, Cabanillas ya defraudó la
confianza de su jefe, y podría haber sido pasado a retiro:
u El propio Balza cita que Cabanillas “me informó no haber estado nunca en el lugar
conocido como Automotores Orletti, y ser ajeno a cualquier hecho delictivo de los
enunciados por usted, ignorando evidencias o indicios inherentes al secuestro de su hijo y
de su nuera embarazada”.
u El lunes, ante el diario La mañana del sur, Cabanillas dijo que “se recibían en
la SIDE nombres, gente que estaba trabajando con estas organizaciones defensoras de los
derechos humanos. A partir de ahí, los grupos operativos, llámense Jardín o Automotores
Orletti, o los inorgánicos, operaban, sacaban a esta gente y la ponían a disposición de
la SIDE”. Agregó que “luego se les tomaba declaración y se los entregaba a la
Justicia”, pero no dio detalles. En aquella actuación de 1977, cuando declaró como
testigo en una causa abierta por denuncias contra Aníbal Gordon, Cabanillas había
reconocido que prestaba servicios en la SIDE, cosa que la carta de Balza también
registra, “en una dependencia identificada con la sigla OT dieciocho”.
El número 18 identificaba a Orletti. “OT” significa “operaciones
tácticas”.
“Las OT cumplían la parte ejecutiva del secuestro y la tortura”, dijo anoche a
este diario Mirta Mántaras, una reconocida experta en derechos humanos y cuestiones
militares. “Si Cabanillas era capitán en una OT, es razonable pensar que debió
tener conocimiento o responsabilidad directa en la ejecución del plan criminal y, como
mínimo, no pudo ignorarlo”, explicó.
El jueves último el fiscal Eduardo Freiler, que trabaja en la megacausa por el robo de
menores a cargo del juez Adolfo Bagnasco, pidió al magistrado que exija al Ejército el
expediente del ‘77.
Balza ya está citado por Bagnasco para declarar el 23 lo que sepa sobre el plan de
supresión de identidad de los hijos de los secuestrados.
Parece sensato pensar que, en pocos días más, Bagnasco pedirá las actuaciones. Que
Cabanillas podría recibir una citación de la Justicia. Y que deberá cumplirla:
“Como Balza es el jefe del Ejército, y no unciudadano común, si él escribe en una
carta con membrete que Cabanillas está dispuesto a satisfacer los requerimientos legales,
después Cabanillas no podrá negarse a declarar en un tribunal”, opinó Mántaras.
La abogada aportó otra clave más del caso, al destacar que también la alusión precisa
de Balza a que Cabanillas revistó en comisión en la SIDE
“desde el 5 de agosto de 1976 hasta el 28 de enero de 1977, durante 177 días”,
tiene carácter de documento.
Mántaras le quitó importancia a la palabra de Cabanillas, que Balza cita sin comprar ni
vender. “Lo que diga Cabanillas no sirve para nada, porque nadie puede ser obligado a
declarar en su contra”, dijo.
“A usted le será mucho más fácil que a mí averiguar el destino de María Claudia
y su bebé”, escribió Gelman en su primera carta. “Tiene acceso a todos los
medios para ello. Si no lo hiciere, procure evitar el castigo del insomnio: el no sueño
de la mala conciencia –dijo el poeta– es un territorio devastado por la
muerte.”
Mántaras señaló que el jefe del Ejército tendría facultades para abrir un sumario
sobre la actuación de Cabanillas, en cumplimiento de lo que en los reglamentos figura
como “el buen servicio y la disciplina”.
El texto de la
respuesta de Balza |
Buenos Aires, 09 de abril de 1999
De mi mayor consideración:
En respuesta a las cartas publicadas el 4 y 8 de abril del corriente en Página/12, a
tenor de los cuales Usted atribuyó al General de División Eduardo Cabanillas presuntas
responsabilidades en el secuestro de su hijo y de su nuera embarazada, y además me pidió
el esclarecimiento de tales hechos, interpreto necesario transmitirle lo siguiente:
Comprendo su dolor ante la pérdida irreparable de seres queridos. Entiendo el tormento de
graves preguntas sin respuestas. Comparto, por ello, su búsqueda decidida de verdad y
justicia.
El General Cabanillas prestó servicios en el entonces Comando General del Ejército, en
comisión en la Secretaría de Informaciones del Estado desde el 5 de agosto de 1976 hasta
el 28 de enero de 1977, durante 177 días. Asimismo, me informó no haber estado nunca en
el lugar conocido como “Automotores Orletti”, y ser ajeno a cualquier hecho
delictivo de los denunciados por Usted, ignorando evidencias o indicios inherentes al
secuestro de su hijo y de su nuera embarazada.
El General Cabanillas, al igual que todo el personal del Ejército, está dispuesto a
satisfacer los requerimientos legales que exijan las autoridades competentes.
No consta en la Fuerza que el General Cabanillas hubiera sido imputado, procesado ni
condenado a raíz de causa alguna ligada con los hechos de violencia del pasado. Tampoco
fue indultado ni beneficiado al amparo de las leyes de Punto Final u Obediencia Debida.
Los antecedentes del General Cabanillas fueron analizados y evaluados, no solo por la
Junta Superior de Calificaciones del Ejército, sino también por el Honorable Senado de
la Nación, en tres ocasiones recientes. Concretamente, al ser aprobados sus ascensos a
Coronel (1987), a General de Brigada (1993) y a General de División (1997), a instancia
de los últimos tres gobiernos constitucionales. Las autoridades intervinientes no
encontraron objeciones profesionales, personales, morales, ni jurídicas, a diferencia de
otros casos, para conferir esas jerarquías al actual General Cabanillas.
De la propia lectura de sus cartas, se desprende la existencia de investigaciones
atinentes a las circunstancias que refiere. Su solicitud a que en mi condición de Jefe
del Ejército realice y profundice dichas investigaciones, contraviene las facultades que
por ley asisten a las funciones que las autoridades de la Nación me confiaran.
Las atribuciones para investigar y juzgar situaciones del tipo de las consignadas en sus
dos cartas, están reservadas constitucionalmente a la competencia de organismos
jurisdiccionales, dentro de las garantías del debido proceso. Estas atribuciones no
pertenecen al ámbito del Ejército.
Reiteradamente he requerido al personal de la fuerza, en condiciones de hacerlo, actitudes
de sinceramiento contribuyentes a cimentar la verdad y la pacificación nacional. En esta
específica materia, la ley sólo me permite apelar a la conciencia de aquellos que puedan
contribuir al esclarecimiento de los hechos.
El pasado nos legó enseñanzas hoy internalizadas por los argentinos. Los militares
aprendimos a ser observantes del Estado de Derecho y a respetar la legitimidad oriunda de
la legalidad.
Ratifico mi más enérgico repudio a las acciones ilícitas acontecidas en la lucha contra
el terrorismo, contrarias al Derecho de Guerra y a elementales principios morales y
jurídicos. Esos principios que hacen al reconocimiento de la dignidad de las personas,
fueron contrariados por aberrantes prácticas tales como la sustracción de menores
nacidos en cautiverio, el impedimento de disponer de los restos mortales de los seres
queridos y las dificultades creadas para conocer las circunstancias en que esas personas
perdieron la vida.
Señor Gelman, a Usted y a nuestra sociedad lamento sólo poder dar las respuestas que
tengo, y no todas aquellas que permitan el real y totalesclarecimiento de un pasado que
aún niega a los argentinos la posibilidad de la tan ansiada reconciliación.
Estando al alcance de ambos la opción del diálogo personal y franco, sepa de mi
disposición a mantener un encuentro con Usted.
Reciba mi atento saludo. |
El espía que atiende desde la mesa de
café
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El ex
mano de obra desocupada Ruffo (izquierda) se reúne con su contacto una vez por semana.
Su empleador, Hugo Anzorreguy, tendrá que comparecer el 27 de abril ante la
comisión de Diputados. |
Por Eduardo Tagliaferro
El torturador Eduardo
Alfredo Ruffo, recientemente reincorporado a la SIDE, se desempeña en el área de
contrainteligencia, junto a un “grupo de espías” que no tiene contacto formal
con “la Secretaría” y que tiene como misión de conocer las actividades del
enemigo y que responde al mando directo del titular del organismo, el ex abogado
laboralista Hugo Anzorreguy. “No se lo suele ver por el edificio de la calle 25 de
Mayo”, dicen en referencia a Ruffo los espías que todos los días se reportan en el
cuartel central de la SIDE. Los miembros del plantel básico de la secretaría están en
lo cierto, ya que las órdenes para cumplir con su tarea el ex miembro de la Triple A
suele recibirlas en un bar ubicado en las Galerías Pacífico, adonde concurre todas las
semanas para reunirse con el agente de la SIDE Francisco Ablanelo. El café de trabajo que
una vez a la semana reúne a Ruffo con su “contacto” no es un intercambio
bilateral, ya que suele incluir como tercero a un miembro de la Secretaría de Seguridad
Interior, que dirige el licenciado Miguel Angel Toma.
Si bien las tareas de “contrainteligencia” son definidas como netamente
preventivas, ya que tienen como principal objetivo conocer las cualidades del oponente
para neutralizarlo, las fuentes consultadas por Página/12 no descartan que entre las
actividades realizadas por Ruffo se encuentren las de “espiar a los hombres de la
SIDE”, actividad prevista en el organismo y definida como auditoría interna.
¿Quiénes son los enemigos y adversarios a investigar? no es una pregunta menor en la
cabeza de hombres que, como Ruffo, hicieron de la tortura y el asesinato su principal
actividad.
Los agentes que se dedican a la contrainteligencia no son extraños para Ruffo, ya que
entre ellos se encuentra el marido de la hija de su antiguo jefe, Aníbal Gordon, y
también un ahijado de un viejo amigo de la “banda”: Rubén Guglielminetti,
quien esta semana se ocupó de negar su actual pertenencia a la SIDE. “No sirvo para
realizar inteligencia en democracia”, fueron los dichos utilizados por Guglielminetti
para desvincularse de la gestión de Anzorreguy y mostrarse como un agente
“retirado”. Si es que los parapoliciales y servicios de inteligencia en algún
momento pasan a retiro, como lo demuestra la reincorporación a la SIDE de Ruffo y otros
destacados represores, que luego de “hacer carrera” durante la última dictadura
militar fueron reciclados por la gestión menemista.
Los integrantes del grupo Gordon solían compartir largos encuentros familiares de los que
participaban los dos niños que estaban en poder de Ruffo: Carla Rutilo Artés y
Alejandro, un menor del que no se pudo determinar su real identidad, a pesar de que sus
estudios genéticos fueron cruzados con todos los datos disponibles por las Abuelas de
Plaza de Mayo. El estudio de ADN de Alejandro no coincidió con ninguno de los casos
declarados, por lo que el chico fue reintegrado al matrimonio apropiador.
Sin embargo, en 1985, cuando Ruffo fue detenido y luego de que Carla Rutilo Artés fuera
entregada a su abuela materna, el torturador de Orletti en las largas tardes de presidio
solía jactarse de que todavía tenía en su poder a “un hijo de guerrilleros”.
A pesar de que la Justicia no pudo determinar la real identidad de Alejandro, Ruffo nunca
dijo cómo el menor llegó a sus manos.
El chico tiene en la actualidad 21 años y se encuentra en poder del hermano de Ruffo, un
médico al que el ex lugarteniente de Aníbal Gordon le confió la guarda del menor, que
lo visita regularmente en la vivienda del matrimonio Ruffo, un departamento ubicado en
Soler y Billinghurst. La propiedad perteneció al fallecido dirigente del gremio de la
construcción Rogelio Coria, e inexplicablemente sigue ocupada por Eduardo Ruffo junto a
su mujer, Amanda Cordero.
¿En qué fecha se produjo la reincorporación de Ruffo a la SIDE? ¿En qué categoría
revista? ¿Cuál es la asignación mensual que percibe? Son algunas de las preguntas a las
que deberá responder Hugo Anzorreguy, cuando el próximo 27 de abril concurra a la
Comisión de Seguridad Interior de laCámara baja para tratar de explicar los objetivos
que lo impulsaron a recontratar al ex miembro de la banda de Aníbal Gordon.
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