Página/12 en Gran Bretaña
Por Marcelo Justo Desde Londres
 Volvió a ser justicia.
El ministro del Interior británico Jack Straw autorizó ayer el inicio del proceso de
extradición del general Pinochet a España por los cargos de “tortura y
conspiración para torturar” y rechazó el pedido del gobierno chileno y de la
defensa del ex dictador para que fuera puesto en libertad “por razones
humanitarias” y “abuso del proceso legal”. La decisión fue recibida con
optimismo y alborozo por los grupos de derechos humanos y los exiliados chilenos, y
deplorada por la ex premier Margaret Thatcher, principal aliada británica de Pinochet,
quien la calificó de “acto político vengativo”.
En uso de las prerrogativas cuasijudiciales que le concede la ley, Straw indicó que los
cargos que pesaban sobre el ex dictador eran suficientemente graves como para continuar
adelante con el proceso judicial. Se espera que la defensa del general Pinochet solicite
una revisión judicial, mecanismo de apelación de la justicia inglesa para las decisiones
legales adoptadas por un funcionario público. Según los expertos consultados por
Página/12, el proceso de extradición puede durar meses y hasta años, pero los
exiliados, las víctimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos
reaccionaron con unánime euforia al anuncio. “Estamos muy felices. Estamos
celebrando hoy y vamos a seguir celebrando mañana y pasado. Creemos que se va a hacer
justicia”, indicó a Página/12 Vicente Alegría, representante de la organización
de exiliados Chile Democrático, en medio de los gritos atronadores de unas 80 personas
reunidas enfrente del Parlamento inglés.
Siguiendo la ley al pie de la letra, el ministro del Interior británico eludió las
trampas del envenenado dictamen de los lores el pasado 24 de marzo. En dicha fecha la
última instancia judicial inglesa negó la inmunidad a Pinochet en su condición de ex
jefe de Estado pero le concedió el parcial amparo de la irretroactividad de los delitos
cometidos antes de 1988. El resultado de ese fallo casi salomónico fue reducir de un
zarpazo los 32 cargos que pesaban en su contra a sólo dos, posteriores al 8 de diciembre
de 1988, fecha en que entró en vigencia la ley británica que incorporó la Convención
Contra la Tortura. Los siete jueces lores recomendaron al ministro del Interior que en
vista de esta nueva situación volviese a analizar la autorización que había otorgado el
pasado 9 de diciembre para iniciar el proceso de extradición. La nueva autorización de
Straw, contenida en seis páginas y 37 párrafos, contesta así:
 Gran Bretaña
tiene la obligación de extraditar al general bajo la Convención Europea de Extradición.
El ministro del
Interior laborista descarta que haya razones “humanitarias” –edad o
salud– o políticas y de interés público -situación política interna chilena o
relaciones bilaterales– para impedir que la solicitud de extradición de Pinochet a
España siga por los correspondientes cauces legales.
Asimismo
rechaza los argumentos de la defensa del general y del gobierno chileno de que Pinochet
debería regresar a Chile para ser juzgado allí “ya que no ha recibido ninguna
solicitud de extradición a Chile”.
Otros dos párrafos se destacan en el denso documento legal:
“El
ministro del Interior ha considerado las acusaciones previas al 8 de diciembre de 1988
sólo en la medida en que son relevantes para los actos de tortura ocurridos después de
esa fecha porque probarían la existencia de una conspiración para torturar”, dice
el párrafo 19. Es decir: por más irretroactividad que haya, el cargo de “conspirar
para torturar” que todavía pesa sobre el general significa que el proceso judicial
deberá sumergirse en toda la mecánica de terrorismo de Estado concebida con el golpe del
11 de setiembre de 1973.
En el párrafo
28 añade que, contrario a lo que alega la defensa de Pinochet, “el ministro del
Interior no cree que haya suficientes razones para concluir que las acusaciones no fueron
hechas de buena fe y en aras de la justicia”. Es decir: el general no es una víctima
del revanchismo político orquestado por el juez español Baltasar Garzón.
El ministro del Interior reconoce que el Servicio Fiscal de la Corona (CPS, en el
acrónimo inglés), que actúa en representación del gobierno español, ha aportado en
cuatro ocasiones nuevo material al caso. Las dos últimas fechas en que esto ocurrió son
posteriores al fallo de los lores y forman parte del intento del juez Garzón de reforzar
las acusaciones contra el general Pinochet. El CPS se negó a especificar cuántos casos
se habrían agregado pero según el matutino The Times se trataría de 33 instancias de
tortura documentadas después de diciembre del ‘88. “La importancia de esto es
que durante el proceso de extradición los magistrados deben comprobar que hay suficientes
pruebas en contra de Pinochet como para iniciar una acción judicial”, indicó a
Página/12 la abogada Fiona McKay.
La derecha chilena y la británica reaccionaron con furia previsible. Pero pocos
probablemente lamenten más la decisión del ministro del Interior británico que los
multimillonarios vecinos de la residenciaprisión del general en Surrey, al sur de la
capital inglesa, que están presionando para que la policía mude al ex dictador a otra
parte del país y que ahora contemplan con horror un futuro de meses y quizás años de
ruidosas e incomprensibles manifestaciones de chilenos contra ese asesino que les
aterrizó en el barrio.
HABLA MICHAEL ANDERSON, EXPERTO BRITANICO EN
EXTRADICION
Un trámite largo pero posible
Por M. J.
Los procesos de
extradición de Gran Bretaña suelen caracterizarse por su larga duración. El record fue
la extradición de un banquero malayo en 1992, después de siete años de batalla legal.
Otro caso célebre fue aportado por dos británicas extraditadas en 1994 a Estados Unidos
después de cuatro años de apelaciones que terminaron cuando un juez dictaminó que su
cuarto pedido de revisión judicial era un abuso legal. Página/12 dialogó con el abogado
Michael Anderson, especialista del Instituto de Derecho Comparado de Londres, para
analizar los pasos legales que se abren a partir de la decisión de Straw.
–¿Qué pasa ahora desde el punto de vista legal?
–Seguramente la defensa de Pinochet va a presentar ante la Alta Corte de Justicia una
solicitud de revisión judicial, que es un mecanismo de la justicia británica para apelar
a decisiones legales de funcionarios públicos.
–¿Qué posibilidades de prosperar tiene esta revisión judicial?
–Casi nulas. La ley de extradición de 1989 incorpora explícitamente una dimensión
política al conceder al ministro del Interior funciones cuasijudiciales. Jack Straw tiene
amplias prerrogativas legales para autorizar la iniciación de un proceso de extradición.
Las prerrogativas son tan amplias que ni siquiera tenía necesidad de fundamentar su
decisión. Sin embargo lo hizo cubriendo ampliamente todo el espectro de la ley de
extradición, con lo cual cerró los ángulos desde los que se lo puede cuestionar
legalmente.
–En caso de que fallaran en contra de Straw, ¿qué ocurriría?
–Pasaría a la última instancia judicial, la Cámara de los Lores. Pero me parece
francamente improbable.
–De modo que si la Alta Corte rechaza el pedido de revisión judicial, se iniciaría,
finalmente, el proceso de extradición. ¿Qué se debe probar para extraditar a Pinochet a
España?
–El proceso de extradición no es un juicio. Pero sí tiene que haber un caso
“prima facie” (prueba semiplena), que en este caso sería demostrar que las
acusaciones no son absurdas o descabelladas. Es decir, los alegatos deben tener cierto
nivel de fundamento. El proceso se inicia en el magistrado y se toman en cuenta una serie
de factores. Por ejemplo, el tiempo pasado desde el delito y la fecha actual. En caso de
que haya pasado mucho tiempo y muchos de los testigos hayan muerto, entonces se puede
decidir que hay razones para poner fin al proceso. En esta primera instancia hay un
derecho automático de apelación y el caso pasa a la Alta Corte. Acá sigue existiendo el
derecho de apelación pero no es automático. En caso de que haya una apelación exitosa,
el caso volvería a la Cámara de los Lores.
–Y si el proceso judicial es favorable a la extradición, el caso vuelve a Jack
Straw.
–Exacto. Después de la Cámara de los Lores volvería a Jack Straw que tendría que
dar su autorización esta vez para extraditar. Pero antes de esto podría apelarse ante la
Corte Europea de Derechos Humanos. Irónicamente, la defensa de Pinochet podría adoptar
esta vía. Su abogado Clive Nicols es uno de los grandes especialistas en extradición de
este país y suele recurrir a Estrasburgo como última instancia de apelación.
–¿Cuánto tiempo puede durar todo este proceso?
–Dependerá de las estrategias de la defensa fundamentalmente. Nadie pudo prever que
impugnarían el primer fallo de los lores alegando exitosamente una “apariencia de
parcialidad” de Lord Hoffmann. Me sorprendería que durara menos de dos años.
–¿Es posible imaginar que al final de todo este proceso, Pinochet efectivamente sea
extraditado y juzgado en España? –Sí. El principal obstáculo era la inmunidad. El
segundo era la intervención de un factor político, es decir, algún tipo de acuerdo
entre el gobierno británico y el chileno. Pero esto no ha sucedido, como prueba la
autorización para proceder que dio Straw. Librado el caso a sus méritos legales no veo
por qué no puede ser extraditado a España.
Garzón ya prepara los cerrojos al ex
dictador
El juez español está adecuando
su pedido de extradición para compatibilizarlo con la ley británica. Pinochet podría
terminar en un hospital militar.
Baltasar Garzón al llegar a la
Audiencia Nacional ayer.
El juez español calcula un mínimo de 102 años de prisión. |
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Página/12 en España
Por Norberto Bermúdez Desde Madrid
La decisión del ministro
británico del Interior Jack Straw de dar la luz verde a la extradición del ex dictador
chileno por los delitos de conspiración para torturar y torturas con resultado de muerte
cometidos a partir de setiembre de 1988 fue recibida con “moderada
satisfacción” por el juez Baltasar Garzón. El magistrado explicó a Página/12 que
ahora deberá remitir a la High Court –el Alto Tribunal de Justicia para Inglaterra y
Gales– la adecuación de los delitos por los cuales se ha decidido comenzar el
proceso de extradición, conforme al Código Penal español. En la legislación española
la figura penal de “conspiración para torturar” no existe, por lo que se debe
buscar un equivalente a tal delito.
El artículo 28 del Código Penal considera como “autor mediato” de un delito a
aquel que comete el hecho por medio de otra persona, la cual sirve de instrumento para su
comisión. Aplicando esta figura en relación con los artículos 174.1; 175 y 176 del
Código Penal español sobre el delito de tortura, se llega al equivalente inglés de
“conspiración para la tortura”. La legislación española establece penas de 2
a 6 años de prisión para esta clase de ilícitos. El proceso de extradición que se
iniciará ahora en Londres contra el ex dictador chileno incluye por lo menos 51 casos,
por lo que Pinochet, en caso de ser enviado a Madrid, se enfrentaría a una condena
mínima de 102 años y una máxima de 306 años de prisión de cumplimiento efectivo. Dada
la edad del acusado y su estado de salud, la ley prevé que pueda ser ingresado en un
recinto especial. El hospital militar Gómez-Ulla de Madrid sería casi con toda seguridad
el destino que le espera a Pinochet si finalmente es enviado a España.
El próximo lunes 19, la High Court verá el recurso de revisión presentado por Clive
Nichols, abogado del ex dictador, contra la decisión adoptada ayer por el ministro Straw
y, el viernes 30 de abril, el juez Graham Parkinson reanudará el juicio de extradición
propiamente dicho. Ese día, Pinochet deberá presentarse, por segunda vez en su vida,
ante un juez, y esta vez en calidad de reo de la Justicia.
En declaraciones a este diario, la abogada Carmen Lamarca, que representa a la familia
Bettini Francese en el sumario del juez Garzón, valoró muy positivamente la decisión de
Straw, a la que calificó de “histórica, pues se han cumplido una a una todas las
previsiones que veníamos haciendo para que finalmente se produzca esa justicia que
venimos solicitando”. La letrada estimó que es posible que el juez Garzón, en un
futuro próximo, solicite interrogar a Pinochet en Londres, una cuestión que los abogados
personados en la causa también estudiarán. Si conviene a la estrategia que tienen
diseñada, puede que se lo pidan al magistrado español.
Por su parte, el letrado Carlos Slepoy, de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos
de Madrid, afirmó que la decisión de Straw “no hace más que confirmar la decisión
adoptada por los lores el pasado 24 de marzo, y a pesar de que hay una considerable
limitación temporal en los delitos por los que Pinochet puede ser extraditado, el
dictamen del ministro Straw deja sellada la suerte del ex dictador chileno. Este es un
paso más para dejar sentado el principio de la jurisdicción universal en la persecución
de delitos de lesa humanidad, algo tan trascendente para el futuro de los derechos
humanos”.
REED BRODY, DE HUMAN RIGHTS WATCH
“Esta es una victoria definitiva”
Por M.J. Desde Londres
Una de las organizaciones
de derechos humanos actuantes en el caso Pinochet, Human Rights Watch, saludó la
decisión del ministro del Interior británico como un paso “definitivo” en la
consecución de justicia. “Las víctimas esperaron durante 25 años. Ahora la
decisión de Straw significa que Pinochet tendrá que responder por sus crímenes”,
indicó en excelente castellano a Página/12 Reed Brody, director de campañas de la
organización de derechos humanos estadounidense.
–¿En qué sentido le parece “definitiva” la decisión de Straw?
–Creo que es una victoria definitiva. Hasta acá el proceso que se inició con el
arresto de Pinochet el pasado 16 de octubre se centró en los “points of law”,
en determinar lo que decían las leyes mismas inglesas, si daban inmunidad o no a un ex
jefe de Estado. A partir de ahora Pinochet no va a poder refugiarse en tecnicismos y va a
tener que contestar a las acusaciones reales que pesan sobre él.
–¿Qué diferencia hay entre esta autorización para proceder y la que dio Jack Straw
el 9 de diciembre pasado?
–Pocas. Las dos están escritas en un lenguaje extremadamente técnico. Pero
obviamente entre una y otra media la apelación exitosa contra el primer fallo de los
lores y la decisión de que los lores volvieran a pronunciarse sobre el tema de la
inmunidad de un ex jefe de Estado. En este sentido los párrafos 31 y 32 de esta
autorización son muy interesantes. El primero porque rechaza el argumento de la defensa
del general Pinochet de que Garzón está abusando de la ley a fin de perseguir por
razones políticas a Pinochet. El segundo porque rechaza implícitamente la idea de que
sea posible enjuiciar a Pinochet en Chile. Es también muy importante que si bien él se
atiene a los hechos ocurridos a partir de diciembre de 1988, que fue lo que los lores
dictaminaron el pasado 24 de marzo, dice expresamente que ha considerado lo ocurrido antes
para ver si había fundamentos para considerar la acusación de “conspiración para
torturar”. Esto es fundamental porque quiere decir que aunque hubiera un solo caso de
tortura, la acusación de conspiración, que es más amplia, obliga a analizar todo el
aparato de terrorismo de Estado montado desde el 11 de septiembre de 1973 para probar que
ese caso respondía a un plan minuciosamente diseñado.
–¿Cree que la actual intervención de la OTAN contra Serbia influyó en la decisión
de Straw?
–Indudablemente. Hubiera sido muy contradictorio de que a la vez que Blair está
llamando la atención del mundo para impedir los crímenes de lesa humanidad en Kosovo, se
dejara en libertad a Pinochet. Esta decisión demuestra que hay una clara dimensión
política que se suma a la dimensión jurídica del dictamen de los lores en marzo. Creo
que refuerza la idea de que hay un consenso político y jurídico para llevar a la
justicia a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos.
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