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HOY SALEN UNOS 30 MOVILES DE GENDARMERIA Y PREFECTURA A PATRULLAR
Los nuevos vigilantes de la calle

Desde hoy, móviles de ambas fuerzas se suman al patrullaje de las calles de Buenos Aires. Según el secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma, “tienen obligación de actuar ante el delito”.

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Por Carlos Rodríguez

t.gif (862 bytes)  Desde hoy, por lo menos “30 móviles identificables” de la Gendarmería y de la Prefectura se sumarán al patrullaje preventivo que realizan por las calles de la ciudad de Buenos Aires los patrulleros de la Policía Federal. El secretario de Seguridad Interior, Miguel Angel Toma, en diálogo con Página/12, subrayó que “tanto Gendarmería, como la Policía y la Prefectura tienen estado policial y por ende la obligación de actuar frente al delito, a cualquier hora y en cualquier circunstancia”. De ese modo, Toma confirmó que la incorporación de las dos fuerzas al sistema de seguridad metropolitano será tanto “en lo preventivo como en la represión” de cualquier hecho delictivo. Por otra parte, Toma anticipó que se reunirá con el ministro de Economía, Roque Fernández, para pedirle que “se excluyan a las áreas destinadas a la seguridad del recorte presupuestario” de 1.500 millones de dólares acordado con el FMI.
Toma puntualizó que el tema de la seguridad tiene “una prioridad absoluta” para el gobierno y en consecuencia “el recorte presupuestario se debe hacer por otro lado”. El secretario de Seguridad participó de una reunión realizada ayer en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno para poner en marcha las medidas dispuestas en el encuentro del jueves del Consejo de Seguridad Interior. De las deliberaciones, presididas por el ministro del Interior, Carlos Corach, participaron los directores de la Gendarmería, Timar Mussumeci, y la Prefectura, Jorge Maggi, y el subjefe de la Federal, comisario Mario Data. Jefes de las tres fuerzas volvieron a reunirse por la noche “para coordinar operativamente el accionar” conjunto a fin de “mejorar el accionar preventivo y represivo”.
El secretario de Seguridad, ante la consulta de este diario, fue muy contundente al afirmar que “la ley equipara muy claramente la función de las tres fuerzas”. Cuando se le comentó que, a pesar de la cuestión legal, realizan funciones muy distintas, insistió: “Tienen jurisdicciones distintas, pero tienen la misma responsabilidad”.
–¿Para usted es lo mismo custodiar la frontera, o el puerto de Buenos Aires, que hacer vigilancia en un banco?– preguntó Página/12.
–¿Quién custodia Puerto Madero? Lo hace la Prefectura, que actúa como policía de esa zona, que los sábados por la noche reúne más gente que la city porteña durante todo el día. ¿Y quién hace control poblacional y de vehículos en las rutas nacionales? Lo hace la Gendarmería.
Sin embargo, consultas realizadas por este diario permitieron determinar que en la Policía Federal había cierto desconcierto sobre cómo se dividirán la tarea. “Para nosotros sería muy difícil hacer un operativo en un barco, en el puerto, mientras que eso es un juego de niños para los prefectos. Hay un dicho que señala muy claramente ‘zapatero a tus zapatos’”, fue el comentario de una alta fuente policial que dijo reflejar el sentimiento de la fuerza. “Yo creo que ellos van a colaborar en la prevención, pero nosotros vamos a intervenir en la represión de los hechos, salvo en los casos concretos como la zona del puerto, donde Prefectura tiene desde siempre el control jurisdiccional”.
Toma tiene su propia visión de las cosas: “Detrás de nuestra decisión no hay ningún intento de quitarle jurisdicción a nadie, ni de agregarle a otros jurisdicciones que no tienen. Lo único que buscamos es coordinar, colaborar y sumar al trabajo común de la prevención y de la represión de los delitos”. El viceministro del Interior, Jorge Matzkin, sostuvo que desde hoy “se va a poder observar la presencia de Gendarmería y Prefectura en las calles de la ciudad”.
El secretario Toma aclaró que las dos fuerzas “no van a tener nuevos puestos fijos”, salvo los 1.600 que ya tienen como custodios de templos y escuelas judíos y musulmanes. En las calles se verán “por lo menos 30 móviles” de las dos fuerzas. Se aclaró que hay vehículos que ya realizan tareas de enlace entre esos 1.600 puestos fijos, pero hasta ahora se utilizaban “autos no identificables”. Los autos oficiales, en los que irántres efectivos, además de la labor habitual recorrerán distintas zonas como refuerzo de los patrulleros policiales. El ministro Corach acotó que custodiarán “zonas específicas” donde hay necesidad de incrementar una “presencia disuasiva” para prevenir la comisión de delitos.
El jefe del Gobierno porteño, Fernando de la Rúa, insistió en que “es importante” la convocatoria a Gendarmería y Prefectura “fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, porque ahí está el colchón más importante de droga, al igual que de distribución de armas, y estas dos fuerzas son las más capacitadas para combatir estos problemas”. La intervención de las dos fuerzas de seguridad será automática en la Capital Federal, pero en las provincias sólo intervendrán si las pide expresamente cada gobierno. A pesar de la opinión de De la Rúa, el gobernador Eduardo Duhalde desecharía la presencia de gendarmes y prefectos en las calles de la provincia, por el posible efecto negativo que tendría la “militarización” del territorio. Carlos “Chacho” Alvarez, por su parte, también apoyó el refuerzo de la seguridad como “medida paliativa”, pero pronosticó que “ni la Gendarmería ni la Prefectura están preparadas para esa tarea”. En definitiva, estuvo de acuerdo con el manotón de ahogado frente a los reclamos de seguridad, pero aclaró: “Esto no debe confundirse con una estrategia que pueda resolver el problema”.

 

La mano dura provincial
El Gobierno bonaerense promulgó ayer una ley que modifica duramente el Código Procesal Penal de la provincia: restringe las posibilidades de excarcelación de un imputado y aumenta las posibilidades de suspensión de la libertad (en los casos de condenas en suspenso). La excarcelación de una persona podrá ser denegada si el acusado no tiene una residencia estable, si el delito fue cometido por un grupo donde hubiera menores de 18 años, si se trata de un reincidente, si hay indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación, o si sobre él pesara la sospecha de que “representa un peligro cierto de lesión de bienes jurídicos o de reiteración delictiva”.

Más flores para Patti
Los mimos del menemismo a Luis Patti no paran. Ayer el encargado de profesar su admiración por el estilo del ex comisario acusado de torturas fue el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez. A punto de partir hacia las zonas inundadas de Santa Fe, rescató como ejemplo de seguridad al partido de Escobar, “en mejor situación” en materia de seguridad gracias a la “conducción política” del afamado ex policía bonaerense. Cuando los periodistas que lo rodeaban le recordaron a Rodríguez lo publicado por Página/12 el martes pasado –la Justicia continúa investigando a Patti por una causa de torturas a dos detenidos–, el jefe de Gabinete consideró que se trataba de “otro tema”, que “va por la vía judicial”.
Si bien Rodríguez reconoció que Patti no está a cargo de la seguridad de Escobar, y por lo tanto “no ejerce ninguna mano dura”, consideró que el hecho de que sea él el intendente de ese partido, logra que “se vea que hay seguridad”. Rodríguez cree que de esa forma los escobarenses se dan cuenta de que “están en mejor situación que en otros partidos como es el caso de Vicente López o San Isidro” (ambos radicales).


CRITICAS A LA IDEA DE PLEBISCITAR LA MANO DURA
“Es una reacción histérica”


t.gif (862 bytes) La propuesta del legislador justicialista Carlos Soria para someter a consulta popular el endurecimiento de la legislación en materia de seguridad sólo contaría con el apoyo del gobernador Eduardo Duhalde. Legisladores de la oposición la calificaron de “reacción histérica” y “despropósito”. E incluso hubo resistencia dentro del bloque duhaldista, donde un legislador justicialista calificó de “incoherencia” la posibilidad de enfrascarse nuevamente en la idea de una consulta popular, después de la frustrada propuesta para la reelección del presidente Carlos Menem.
La diputada del Frepaso Nilda Garré opinó que la iniciativa del presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Carlos Soria, “es consecuencia de una reacción histérica”. Y aclaró que la Constitución especifica que materias penales, constitucionales, fiscales y tratados internacionales no pueden ser motivo de consulta popular. Además, informó que no puede haber dudas al respecto, ya que el artículo 39 se refiere a la consulta popular de manera suficientemente explícita.
Por su parte, Federico Storani, titular del bloque radical de la Cámara baja expresó que la posibilidad de hacer una consulta popular “es un despropósito, porque en un tema tan técnico y complejo como es la legislación penal, que lleva años de estudio de los especialistas, es completamente innecesario”. Por otra parte, agregó: “Mucho me temo que, de contrabando, se quiera meter alguna ley que sea imposible apoyar por nosotros porque tendría un criterio puramente represivo”.
Dentro del bloque duhaldista de la Cámara de Diputados también hubo disidencias. Un legislador –que no quiso ser identificado– sostuvo que “es una incoherencia haber estado cuestionando una consulta popular hace 15 días (sobre la reelección presidencial) y ahora proponer otra”. Sin embargo, la diputada duhaldista Sara Liponezky de Amavet apoyó la propuesta de Soria y expresó que una consulta de este tipo “sería útil para poner en sintonía la labor del Congreso y lo que la gente está dispuesta a aceptar”.

 

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