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Por Nora Veiras  “En el
Ejército no hay listas de desaparecidos que son, en realidad, muertos que no se sabe
dónde están.” Después de seis horas de declaración testimonial ante el juez
Adolfo Bagnasco en la causa abierta por el robo de bebés durante la dictadura, el jefe
del Ejército, Martín Balza, confesó ante la prensa su “mortificación” e
“impotencia” por no poder hacer más de lo que ya ha hecho para conseguir que
los ejecutores del terrorismo de Estado informen sobre el destino de los desaparecidos.
Contrariando la sentencia del juicio a las juntas que probó la existencia de un plan
criminal, remarcó que “la inmensa mayoría de mis camaradas en retiro tuvo una
conducta honorable” y fueron “muy, muy, muy pocos” los comprometidos en la
represión ilegal. Pertrechado con el libro El último de facto del ex dictador Reynaldo
Benito Bignone –”a quien respeto mucho”, dijo–, y con la copia de la
orden de incineración de toda documentación, impartida por el general retirado Cristino
Nicolaides, Balza se preocupó en deslindar toda responsabilidad de investigación en las
manos de Bagnasco. –Usted aseguró que el general Eduardo Cabanillas le dijo que él nunca había estado en el centro clandestino de Automotores Orletti, pero fue el mismo Cabanillas quien declaró ante la justicia militar en 1977 que revistaba en la SIDE, de donde dependía ese centro. ¿Usted no puede hacer nada? –le preguntó Página/12 –El general Cabanillas me dijo que nunca había estado en Orletti, prestó servicio durante un lapso –creo– de 177 días en la Escuela Superior de Guerra en el Comando General del Ejército y en comisión pasó a la Secretaría de Inteligencia del Estado. El me dijo que no estuvo, que no presenció ningún acto delictivo, que no tiene conocimiento de lo que sucedió con el hijo de (Juan) Gelman, de su nuera y de su nieto. –Pero general, puede ser que él personalmente no haya estado en Orletti, pero era responsable porque ese campo dependía de la SIDE. Evidentemente hay una incongruencia, una mentira, entre lo que declaró en el ‘77 y lo que le dijo a usted. –Desconozco la organización de la SIDE actualmente y, obviamente, desconocía la de ese momento. Pero tenga plena confianza en el juez que está interviniendo, quien evaluará y dictaminará. No me pida cosas que están fuera de mi competencia –intentó justificar ante el reiterado pedido del poeta y escritor Juan Gelman quien le reclamó que “haga algo” para conocer el destino de su nuera y su nieto o nieta desaparecidos. Dispuesto a recitar casi de memoria las mismas palabras que había utilizado frente al juez Bagnasco (ver aparte), Balza se hizo lugar entre la maraña de micrófonos y grabadores y repitió los argumentos que inauguró el 25 de abril de 1995 en su primera autocrítica parcial. Calificó de “intrínsecamente inmoral” la orden de Nicolaides que el 22 de noviembre de 1983 dio una semana para ejecutar la orden de incinerar “toda la documentación clasificada, sin excepción, relativa a la lucha contra la subversión”. El jefe del Ejército dijo no sorprenderse de que no haya listas y encontró la explicación en el libro de Bignone, publicado por Planeta en 1992, que “en la página 72 dice que ‘dar listas de desaparecidos sería un error histórico porque si se dan por muertos, quiere decir que el Estado dispone de las pruebas para decir quién, dónde y por qué lo mataron’. Es decir que estaba decidido no publicar las listas. Yo quisiera saber a quiénes las entregaron los que estaban en el ‘78, ‘79, ‘80. Lo que es triste aceptar es que en 1999, el Ejército tenga que dar respuestas que no tiene. El Ejército no está encubriendo nada”. El general recordó las varias órdenes y pedidos que envió a sus subordinados para que remitan toda información sobre la “lucha contra la subversión” y la inexistencia de respuesta. “Tengo que apelar no a la obediencia sino a la conciencia de cada uno. No nos olvidemos que hay leyes (Punto Final, Obediencia Debida, además de los Indultos) sobre elpasado. No puedo violentar la conciencia y ordenarle a uno a decir algo”, dijo. –Le va a pedir a la conciencia del general Cabanillas que aporte pruebas –le preguntó un cronista. –He apelado oportunamente a la conciencia de todos. –Si la Justicia cita a declarar a Cabanillas, ¿qué actitud tomará el Ejército? –indagó otro. –¿A usted qué le parece? –retrucó –De colaboración. –Por supuesto que va a ser ésa –remató el general. “¿Qué más puedo hacer?”, se preguntó Balza y advirtió que “el Ejército no va a poder reconstruir el pasado”. Acompañado por sus colaboradores, el general apuntó contra Nicolaides, el militar que lo desafió a mostrar la información que dice que tiene el Ejército pero que ayer evitó el virtual careo ante Bagnasco. Dijo que la orden de incinerar privó al “Ejército y a la sociedad toda de conocer lo actuado entre 1976 y 1983”, reiteró sus críticas a la “lucha fratricida” de los ‘70, pero por primera vez señaló que “debemos ser sinceros con nosotros mismos y decir que el Ejército respondió a una agresión”. Antes de despedirse, Balza leyó “algo que no comparto para nada”, una resolución del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que en 1987 señaló que “existió una guerra revolucionaria en la que el gobernante liberó su energía política, la sujetó a su imperio y la liberó del condicionante jurídico y, en ocasiones, del ético”. “Esto es espantoso y quizás nos podamos responder por qué no hay listas”, señaló el general contradiciéndose a sí mismo sobre los “muy, muy, muy pocos” que ejecutaron el terrorismo de Estado.
DECLARO EN TRIBUNALES Y NO APORTO DATOS Por Adriana Meyer
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“algunas respuestas que la sociedad y la Justicia reclaman”. En efecto, el
militar que había lanzado una autocrítica parcial sobre el terrorismo de Estado y trató
de cultivar una imagen de “democrático”, no colmó las expectativas de quienes
lo interrogaron en su declaración testimonial ante el juez Adolfo Bagnasco, aunque desde
el juzgado calificaron sus dichos como “útiles para la causa”. Balza reiteró
que toda la documentación referida a la “lucha contra la subversión” fue
incinerada y que tampoco existen actas de esa destrucción, como había sugerido el ex
jefe del Ejército, Cristino Nicolaides. Y le aseguró al magistrado que la Jefatura II de
Inteligencia le informó que en el allanamiento realizado a fines de enero en el edificio
Libertador “no existe ninguna documentación relacionada con este tema”.