Vetar el presupuesto de educación, consensuado por las dos Cámaras del Congreso nacional, configura una severa violación a una de las principales funciones del Estado: la Educación Pública. La educación es patrimonio de la sociedad; desde Sarmiento y Alberdi, los colores ideológicos no fueron obstáculo para que la enseñanza se eleve como un compromiso ineludible para todos los gobernantes.

Resulta inaceptable que individuos que se desempeñaron como funcionarios de esta administración manifiesten que "el sistema tiene que garantizar la producción de educación, no que la gente se eduque". Estas declaraciones no surgen de un contexto aislado. Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía, a la par de su ex jefe, Roque Fernández, quien declaró que no había aprendido nada en este país, sugirió que "hemos confundido un sistema en el que la gente tiene derecho a la educación con un sistema en el que el Estado produce educación". Si desde el Estado aparecen estas opiniones, tan inconsistentes como opuestas al sistema republicano y democrático de gobierno y que violentan tradiciones caras a la sociedad argentina, es evidente que los actos del Ejecutivo estarán viciados por esta ideología.

El uso discrecional de los fondos por parte del Poder Ejecutivo demuestra cuáles son las prioridades para esta administración, que parece olvidarse de la formación de los ciudadanos. Mientras se incrementan los fondos para la SIDE, que después de varios años de investigación todavía no pudo aclarar los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, y se usan dos mil millones de pesos para socorrer aventuras bancarias privadas, se planea reducir en 280 millones el presupuesto para la educación.

El debate en el seno de las universidades públicas gira en torno del buen uso de sus fondos con alto nivel de transparencia y eficacia en la gestión y no en la disminución del presupuesto. Una cosa es mejorar e incrementar la calidad del gasto, lo cual no implica reducción de presupuesto sino su mejor uso. La disminución de los recursos no compromete la gestión sino el cumplimiento de los objetivos fundantes.

En el caso de la Universidad Nacional de Quilmes, la reducción presupuestaria compromete los esfuerzos realizados para el desarrollo de la Universidad Virtual Quilmes, primer campus virtual de América latina, que desde su puesta en marcha a principios de este año matriculó a más de mil alumnos para la Licenciatura en Educación. Esta medida del Ejecutivo, que nos dificulta el lanzamiento de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades, atenta contra la democratización y masificación de la educación que implica esta nueva modalidad de enseñanza.

Traspasando la mirada fría de los números de las universidades y frente a la violencia social creciente, cada peso que se resta a la enseñanza no cierra un aula sino que crea un Lucas, el joven de 16 años que asesinó a cinco personas y fue sentenciado a cadena perpetua.

* Rector de la Universidad Nacional de Quilmes.

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