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Las fichas de los desaparecidos del desmemoriado padre Graselli

Allanarán la vivienda de monseñor Graselli, donde estarían las fichas que confeccionó con datos aportados por los familiares.

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Por Victoria Ginzberg

t.gif (862 bytes)  La Cámara Federal de La Plata ordenó un allanamiento en el colegio donde trabaja monseñor Emilio Teodoro Graselli para apropiarse de su archivo personal sobre desaparecidos. Durante la dictadura, el ex secretario privado del vicario castrense Adolfo Tortolo recibía a los familiares de las víctimas y tenía un gran fichero con los casos. Según dijo, llegó a tener dos mil quinientas fichas. El sacerdote declaró ayer en el juicio en el que se investiga lo sucedido con más de dos mil desaparecidos y sorprendió al revelar que conservaba sus documentos. Pero la frase que más usó fue “no recuerdo”. Ni siquiera se acordaba de haber declarado ante la CONADEP, aunque tuvo que admitirlo cuando en la sala se leyó su propio testimonio, hecho en 1984.
Varias madres y abuelas de Plaza de Mayo que se habían entrevistado, en la iglesia Stella Maris, con Graselli en busca de datos sobre sus hijos y nietos estaban ayer presentes en la Cámara Federal platense. Las palabras del sacerdote causaban una mezcla de risa e indignación. Ellas recordaban cómo él les daba esperanzas para que volvieran a verlo, les hacía promesas y les preguntaba datos sobre sus hijos, sus amigos y sus familias. Según admitió Graselli, durante la dictadura llegó a ver, por día, a cincuenta personas. El sacerdote se presentó ante el tribunal como un benefactor de las víctimas y los únicos detalles que recordó estaban vinculados con personas a quienes supuestamente había ayudado. Negó haber tenido entrevistas con jefes de las Fuerzas Armadas o de Policía para averiguar la suerte de los desaparecidos. Afirmó que su jefe, Tortolo –ya fallecido–, se ocupaba personalmente de esas tareas y que nunca pudieron averiguar nada ni saber la suerte corrida por alguna persona. Sólo admitió haber ido una vez al Ministerio del Interior pero –dijo– no se acordaba el motivo.
–¿Recuerda haberse entrevistado con la familia de José David Aleksosky, quien desapareció en octubre de 1976, mientras hacía la conscripción en elRegimiento de Granaderos José de San Martín? –preguntó Alberto Durán, presidente del tribunal.
–No lo recuerdo.
–Pero usted declaró ante la CONADEP...
–Nunca fui a la CONADEP. No me llamaron.
Luego de este diálogo Hernán Schapiro, secretario de la Cámara, leyó el testimonio brindado por Graselli ante la CONADEP. Allí había dicho que después de la reunión con los familiares de Aleksosky había podido saber “que se encontraba en el campo clandestino de detención conocido como Arana y que hizo gestiones para que el conscripto pudiera salir del país, pero que luego había recibido un llamado en el que le aseguraban que Aleksosky se había ido al cielo. La lectura de la declaración fue ratificada por el sacerdote: “Me había olvidado de eso”, dijo.
A pesar de haber quedado en evidencia, Graselli no cambió de actitud, siguió negando recordar los casos que le presentaba Claudio Abalos –por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata–, entre ellos el de Elsa Nocent. Sus padres, Albano y Elsa Rosa, estaban en la sala y se carearon con el sacerdote.
Graselli se remitía constantemente a las fichas, que, según dijo, se elaboraban exclusivamente con material aportado por los familiares de las víctimas. “Los datos de cada caso dependían del relato de quienes me venían a ver. En general, tenían el nombre del desaparecido y la fecha en la que había sido secuestrado. En el reverso anotaba el nombre y la dirección de quienes habían venido a preguntar por él y las fechas de la o las entrevistas. Con las fichas elaboraba una lista que Tortolo enviaba a los jefes de la Fuerza, al Ministerio del Interior y al jefe de la Policía Federal”, explicó el sacerdote.
Muchos años después de hacer cola frente a la iglesia Stella Maris, madres y abuelas empezaron a sospechar que, en realidad, lo que hacía Graselli era inteligencia para los militares. El ex secretario de Tortolo no supo explicar ayer por qué siguió recibiendo gente aunque nunca tenía respuestas. Dijo además que había sido perseguido y amenazado por tratar de ayudar. Alicia y Roberto de la Cuadra se entrevistaron con Graselli en marzo de 1977 para averiguar qué había pasado con su hija Elena y su yerno Roberto. En una segunda reunión, el sacerdote no les dio respuestas pero agrego: “Ustedes no me dijeron que su hija estaba embarazada”. Graselli, que afirmó haberse enterado de la existencia de centros clandestinos de detención por la prensa y la CONADEP, no obtuvo ese dato de la familia De la Cuadra. Como ésta muchas cosas quedaron sin aclarar. El cura aseguró que la solución estaría en sus fichas pero, adelantó que –por ejemplo– el caso Aleksosky (que figuraba en la citación) lo había buscado antes de ir a declarar y no lo había encontrado.

 

LA FAMILIA OROZCO DE CORDOBA Y SUS ABOGADOS
Amenazan e intimidan a una abuela

t.gif (862 bytes) Las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron que una de sus integrantes y dos de sus abogados están siendo amenazados y perseguidos desde hace meses. Las intimidaciones se relacionan con la investigación que se está realizando en Córdoba por la desaparición de Silvia Parodi de Orozco, su esposo Daniel Orozco y su hijo nacido en cautiverio. Para las Abuelas, los autores de las amenazas son represores de La Perla, el más grande centro clandestino de Córdoba.
“En la ciudad de Córdoba, a dieciséis años del retorno de la democracia, una abuela de Plaza de Mayo –Sonia Torres de Parodi– y los abogados María Teresa Sánchez y Elvio Zanotti están siendo perseguidos y amenazados por los mismos represores que secuestraron, torturaron y asesinaron a nuestros hijos y se quedaron con nuestros nietos”, denunciaron ayer las Abuelas.
La agrupación que preside Estela Carlotto exigió que el ministro del Interior, Carlos Corach, y el gobernador de Córdoba, Ramón Mestre, inicien una “inmediata investigación que conduzca al esclarecimiento de lo que está ocurriendo y a la condena de sus actores, instigadores y cómplices”.
Tanto la abuela como los abogados recibieron cartas y llamados telefónicos anónimos en las que se los amenazaba de muerte y se les anunciaba que iban a sufrir un “accidente”. Los Orozco, caso por el cual se iniciaron las intimidaciones, fueron vistos en La Perla. El paradero de su hijo está siendo investigado por la jueza Cristina Garzón de Lascano y estaría cerca de resolverse. Al iniciarse el caso, la abuela Torres de Parodi denunció a miembros del staff de La Perla como los autores del secuestro de su hija y yerno y a Luciano Benjamín Menéndez como responsable.

 

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