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La Cámara confirmó una condena contra Etchecolatz

Es por la causa que le inició Alfredo
Bravo por calumniarlo en un libro y en “Hora Clave”. Son tres años de prisión en suspenso.

Etchecolatz dijo que Bravo “mandó a inocentes a agarrar ametralladoras”.
El represor también hizo loas del terrorismo de Estado de la dictadura.

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Por Victoria Ginzberg

t.gif (862 bytes) La Cámara de Casación confirmó la condena de tres años en suspenso contra el ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz y lo eximió de asistir a un curso de derechos humanos. El represor había apelado la pena que el juez Fernando Larraín le impuso por injuriar y calumniar al diputado Alfredo Bravo en su libro La Otra Campana del Nunca Más y en el programa “Hora Clave”. Aunque por diferentes motivos, Bravo y Etchecoltaz habían coincidido en pedir la anulación del curso. Para el diputado es erróneo considerar que instruirse en materia de derechos humanos sea un castigo.
El ex comisario había solicitado la anulación del proceso en el que fue condenado con el argumento de que no se había realizado una audiencia de conciliación antes del juicio oral. Según los abogados del represor -Sebastián Mafrán y Pedro Bianchi–, de esa manera Etchecolatz había perdido la oportunidad de retractarse. Juan María Ramos Padilla, representante de Bravo, retrucó que, a lo largo del proceso, el ex comisario no mostró disposición para arrepentirse y que, de todas maneras, podría haberlo hecho en cualquier momento antes de que se conociera la sentencia del juez. En este punto, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Juan Rodríguez Basavilbaso, Alfredo Bisordi y Pedro David, coincidieron con lo señalado por Ramos Padilla.
Etchecolatz también se quejó de las reglas de conducta que le impuso el magistrado como penas accesorias, esto es, la realización del curso que dicta el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y la obligación de someterse a un tratamiento psiquiátrico. Ambos pedidos fueron avalados por Bravo, ya que el diputado dijo que lo que necesita el represor es “un tratamiento carcelario”. El MEDH también se había pronunciado en contra de darle clases a Etchecolatz. Los jueces admitieron que el represor no asista al curso pero mantuvieron el tratamiento psicológico, previa realización de una entrevista que acredite su necesidad.
Usted “actuó en contra del país, mandando a inocentes a agarrar ametralladoras”, le había dicho –entre otras cosas– el represor al diputado en el programa de Mariano Grondona del 28 de agosto de 1997. Allí como en su libro, el ex comisario se dedicó a alabar a la última dictadura militar y a justificar sus propias acciones en tanto representantes de un fin superior, el de salvar a la patria.
Por ese motivo al represor, que acaba de cumplir 70 años, le espera otro juicio oral por “apología del delito”. En esa causa ya fue procesado. Además, existe otra denuncia en su contra por “amenazas”, que se inició cuando Etchecolatz amedrentó con un revólver a unos jóvenes que lo reconocieron en una plaza y lo insultaron. Como el represor tiene una sentencia de tres años en suspenso, una pena desfavorable de al menos un día en cualquiera de los otros procesos le significaría la vuelta a la cárcel, de la que salió al ser beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

 


 

ITALIA DECIDE HOY SI JUZGA A MILITARES ARGENTINOS
Otra para Suárez Mason y Riveros

Por Laura Términe desde Roma

t.gif (862 bytes) El juez de indagaciones preliminares del Tribunal de Roma, Claudio D’Angelo, decidirá hoy si existen pruebas suficientes para enjuiciar a los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros, acusados de la muerte de siete ciudadanos italianos y la desaparición de un bebé, delitos cometidos durante la última dictadura militar en la Argentina.
Durante la audiencia realizada ayer en los tribunales italianos, el fiscal Francisco Caporale pidió el envío a juicio de los dos generales argentinos, del ex titular de Prefectura Juan Carlos Gerardi, y de cuatro de sus subordinados, Luis José Porchetto, Alejandro Puertas, Oscar Héctor Maldonado y Roberto Rossin, acusados del asesinato de Mario Marras y de la desaparición del sindicalista Martín Mastino, hechos ocurridos en una isla del Tigre, jurisdicción que estaba bajo el comando de Riveros, por entonces jefe de la cuarta zona militar.
Además, la fiscalía responsabilizó a Suárez Mason por las muertes de Laura Carloto, Pedro Mazzocchi, Norberto Morresi, Luis Alberto Fabri y Daniel Ciuffo, y la desaparición del hijo de Carloto, nacido en el centro de detención clandestino La Cacha.
Por un pedido de Caporale, el juez aceptó que se incluyan en la causa los testimonios de Ana María di Salvo, sobreviviente del campo de detención El Vesubio, y de Osvaldo Ferrero, el tío de Ciuffo que reconoció los restos de su sobrino durante su exhumación. Ambas declaraciones aportan pruebas sobre las detenciones de Ciuffo y Fabri en El Vesubio. Tanto este centro clandestino como el de La Cacha estaban situados en el área de tareas del I Cuerpo de Ejército, que comandaba Suárez Mason. “Suárez Mason sabía todo lo que sucedía; después de Videla, Massera y Agosti venía Mason en el esquema de poder”, dijo Caporale al juez después de una larga exposición sobre los métodos de la dictadura argentina.
A su tiempo, Giovanni Pietro De Figueiredo, abogado del gobierno de Italia –parte civil en el proceso–, justificó su solicitud de juicio oral y público a los siete imputados argumentando que el Estado italiano tiene el deber de “proteger la vida, la integridad física y la libertad de los ciudadanos italianos en el exterior”.
La última intervención estuvo a cargo del abogado de los familiares de desaparecidos, Giancarlo Manica, que descargó su artillería contra el argumento que sostiene que el tema es cosa juzgada en la Argentina y descalificó las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos, un punto que hoy la defensa de los generales de la dictadura pondrá en la mesa antes de que el juez D’Angelo haga pública su decisión.

 

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