Página/12

Media sanción para la ley que
regulará los futuros monopolios

Diputados votó el castigo a las fusiones y prácticas futuras que impliquen restricciones al libre mercado. Si el Senado apura su aprobación, alcanzará a la operación Repsol-YPF. Medios, exceptuados.
La operación YPF-Repsol estuvo en la mira, pero dependerá del Senado que quede alcanzada por la ley. Los diputados votaron sanciones a los acuerdos de precios, pensando en los combustibles.

Por Raúl Dellatorre

La Cámara de Diputados dio media sanción ayer a la ley antimonopolios, que castiga las prácticas comerciales y fusiones o absorciones de empresas que tengan como efecto limitar, restringir o distorsionar la libre competencia. La norma fue aprobada con el consenso de los distintos bloques, salvo cuando se votó la aplicación de la ley a los medios de comunicación. En ese momento, se rompió la armonía: tanto el bloque oficialista (PJ) como el opositor (Alianza) se dividieron, lo que arrojó como resultado el triunfo de la posición que exceptúa a los medios de los alcances de la ley por un estrecho margen de cuatro votos (65 a 61).
La norma crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que será el encargado de aplicar y controlar el cumplimiento de la ley. Ante dicho organismo deberán notificarse las fusiones, adquisiciones y transferencias de empresas que impliquen la participación de la firma en una cuota igual o superior al 25 por ciento del mercado, o cuando cualquiera de los participantes en la operación registre una facturación superior a los 200 millones de pesos anuales localmente, o un volumen de negocios a nivel mundial superior a los 2500 millones de dólares.
“La ley va a tomar todos los casos líderes, incluso las compras de pequeñas unidades de negocios por grandes grupos económicos”, comentó a Página/12 el diputado José Gabriel Dumón, miembro informante en el recinto por la Alianza. “Dependerá de la rapidez con que la ley sea aprobada en el Senado que la operación de compra de YPF por Repsol quede comprendida dentro de esta norma”, señaló. La ley quedaría promulgada ocho días después de que el Senado la vote, si no le introduce modificaciones. Y sería de aplicación inmediata sin necesidad de que se conforme previamente el Tribunal, según lo establece su propio texto, agregó Dumón.
El punto que generó más polémica fue el referido a los medios. Según el texto aprobado, “quedan exceptuados de la aplicación de la ley los medios de comunicación en lo que respecta a la irrestricta libertad de prensa e información”. “Quienes se opusieron a incluir este texto –comentó un vocero del Frepaso– señalaron que, si ésta era una ley para evitar prácticas monopólicas empresariales, no tenía sentido incluir una protección a la libertad de prensa, que está prevista en otras normas; los que votaron a favor entendieron que era necesario impedir que un tribunal, que va a depender del Ejecutivo, sea utilizado para perseguir a los medios”. Pero en el texto del artículo que se llevó al recinto se eliminó un párrafo del proyecto original, que establecía que la excepción de la ley antimonopolios a los medios no sería procedente “cuando se tratare de conductas o prácticas económicas que importen la obtención de ventajas que afecten la libre competencia”.
Los legisladores del oficialismo y la oposición quedaron conformes. “Mantuvimos independencia del poder empresario, pese a que los lobbies pulularon por el Congreso durante todos estos días”, refirió un legislador al abandonar la sala de sesiones. Las cámaras que agrupan a petroleros, medios de comunicación, supermercados y al comercio exterior fueron señalados como los más activos. “Unos pedían que no saliera la ley, otros que saliera pero con determinado texto”, confió el diputado. La norma votada también sanciona las concertaciones de precios de venta o de compra, y la venta de bienes por debajo de su costo, ítem que se consideran redactados particularmente para la comercialización de combustibles y para los hipermercados, respectivamente.
Los legisladores también modificaron, en el recinto, el capítulo de las sanciones, quitándoles el carácter penal (prisión) a las mismas. “Ahora, la sanción más fuerte es la suspensión de la actividad, con lo que impedimos que pudiera merecer cuestionamientos por inconstitucionalidad”, apuntó Dumón.

ACUSACION AL CAMPO DE SER “EVASOR POR EXCELENCIA”
Menem está desactualizado

Por Julio Nudler

“Si hay un sector evasor por excelencia, ése es el campo”, aseguró ayer Carlos Menem desde Anillaco, como bofetada al campo en vísperas de un probable segundo paro agropecuario. Incluso se preguntó “cuáles son los aportes que le hicieron al país”. Sin embargo, según expertos impositivos consultados por Página/12, el comportamiento al que hizo referencia el Presidente se modificó considerablemente en los últimos años al reducirse las chances para evadir.
En este sentido, Menem estaría desactualizado, manejándose con la imagen tradicional del ruralista que no tributaba por sus activos y negreaba su producción y sus ventas. Tres hechos vinieron a cambiar esa situación: la concentración de los sectores que adquieren y comercializan la producción primaria, la reforma del régimen tributario y, no en menor medida, la creciente desesperación de municipios y provincias por recaudar.
En el caso de los impuestos sobre la propiedad inmueble, que la gravan o la toman como base de cálculo, son todos fáciles de controlar por los recaudadores. Se trata del Inmobiliario, de la tasa vial, del impuesto a la Ganancia mínima presunta y de Bienes Personales. Dependiendo de su ubicación, un campo cuyo valor sea de unos 2000 pesos por hectárea pagará entre 45 y 50 pesos por cada una. Esto significa que un establecimiento de unas mil hectáreas tributa alrededor de 50 mil pesos anuales.
Además, los colonos afrontan el impuesto a la Venta de su producción (que es un pago a cuenta de Ganancias), cuya alícuota era del 1 por ciento hasta diciembre de 1998 y se duplicó a partir de entonces, pero reteniéndose sólo por encima de un acumulado mensual de 11.242,70 pesos. También los 12 centavos por litro de gasoil son computables contra Ganancias, si las hay, como ocurre con el impuesto a la Ganancia mínima presunta, calculada en el uno por ciento de los activos.
La implantación de una tasa especial reducida del 10,5 por ciento en el IVA también achicó los posibles márgenes de evasión. Como el sector compra sus insumos pagando el 21 por ciento, y al vender sólo factura el 10,5 por ciento, es poca la posibilidad de tener con Impositiva un saldo en contra, que es el que da ocasión para evadir. En cuanto a la posibilidad de negrear lisa y llanamente, no registrando compras ni ventas, ella se redujo drásticamente en los últimos años por la concentración en los sectores que absorben la producción agropecuaria, básicamente acopiadores, cerealeras y, sobre todo, las cadenas de súper e hipermercados, que están demasiado expuestas a la lupa de Impositiva.
Incluso en el negocio de la carne, la evasión no parece ser ya lo que era. La integración vertical era la fórmula más práctica para evadir, porque el negreo incluía hasta el mostrador de mármol de la carnicería, cerrando una cadena que a veces alimentaba el cuatrerismo. Ahora, con las mayores medidas de fiscalización y con el vertiginoso avance supermercadista –que en el área metropolitana controla el 60 por ciento del mercado–, subsiste cierto margen de evasión –trampeando en el peso, por ejemplo, como también ocurre en el comercio granario–, pero que ya no puede distinguir al agro de otros sectores.
Franjas que seguirían evadiendo sin tanto obstáculo son las de verduras y hortalizas, en la medida en que lleguen al consumidor a través de canales minoristas no concentrados.

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