Por Adriana Meyer
 El juez federal Gabriel
Cavallo procesó al presidente del Banco Central, Pedro Pou, y a todo su directorio por
incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El magistrado
los consideró responsables en la caída del Banco Patricios y en la posterior absorción
de esa entidad por el Banco Mayo. Tras mencionar casos similares (bancos Medefin,
Mayorista del Plata, Feigin, BID y Mayo), el magistrado entendió que “tamaña
coincidencia” no responde a una mera negligencia sino a “un aparentemente
deliberado y grosero retardo en cumplir con las funciones que le son propias” al
BCRA.
La causa se había iniciado por una denuncia de los diputados socialistas Alfredo Bravo,
Héctor Polino y Jorge Rivas. Con las declaraciones que tomará el juez Cavallo en los
próximos días, las imputaciones contra Pou podrían alcanzar a las “actitudes
antisemitas” que habría tenido con respecto a las entidades de origen judío, como
fue mencionado por los legisladores en su denuncia.
En su pedido de nulidad de la indagatoria, Pou sostuvo que “es siempre muy difícil
de determinar la oportunidad de la suspensión de un banco, pues debe tenerse en cuenta no
sólo la posibilidad de que supere los problemas por sus propios medios, sino también el
impacto de la suspensión sobre el resto del sistema financiero”. El funcionario
argumentó en su defensa que la carta orgánica del BCRA no fija momento ni criterio
alguno para decidir sobre la suspensión de un banco.
Pou se había negado a declarar argumentando que “no entendía la imputación” y
que sus decisiones habían sido “políticas” y por lo tanto no sujetas a ser
sometidas a la Justicia. Cavallo en su resolución le respondió que esto es así “en
la medida que no se vulnere ley alguna”, aunque ya le había contestado al rechazar
el pedido de nulidad de la indagatoria planteado por el presidente del Central. “La
actividad del BCRA no es ajena al sistema general de ‘frenos y contrapesos’ por
lo que pretender establecer que las decisiones adoptadas por este organismo están exentas
de control alguno es desconocer el espíritu de nuestra organización republicana”,
retrucó el magistrado. “La doctrina de los ‘actos políticos no
judiciables’ resulta poco feliz porque (...) no se está discutiendo si la decisión
adoptada en un caso fue o no acertada o conveniente, sino si fue dictada o no respetando a
la Ley”, concluyó.
El magistrado consideró que está probada la existencia objetiva de una situación de
crisis en el Patricios, ya desde 1995, y que está suficientemente acreditado que el BCRA
“habría tenido acabado conocimiento de importantes desvíos en el rendimiento de la
entidad, en la medida que esta misma se los estaba informando a través de sus guarismos
contables”. En este marco, según Cavallo, “resulta incomprensible que el
directorio del BCRA no haya adoptado en tiempo oportuno los recaudos a que lo faculta su
propia carta orgánica, con el objeto de proteger el normal desenvolvimiento del sistema
bancario nacional”.
Durante la etapa de instrucción, también quedó comprobado que el Banco Mayo afrontaba
una situación de crisis que lo privaba del perfil técnico adecuado como para afrontar la
operación de transferencia parcial de activos y pasivos del Patricios. Esto surge de la
misma información que el Mayo enviaba al BCRA, de los informes de sus inspectores, del
perito Dell’Elce y del síndico Eduardo Lavagnino. El abuso de autoridad en el que
han incurrido –según el juez– se relaciona con el dictado de una resolución
contraria a la ley, por arbitraria. “La arbitrariedad de esa resolución reside en
que se basa en el presupuesto objetivo inexistente o falso: la supuesta aptitud del Mayo
para efectuar la operación”, escribió Cavallo. Pou y su equipo habrían tenido
conocimiento de ello y optaron “deliberadamente por obviarlo”.
“¿Se ocupó el directorio de acceder y consultar la información de la
Superintendencia? ¿Controló el Presidente que el Superintendente ejercieradicha
supervisión? La respuesta es negativa. ¿Qué es lo que hace el BCRA con la información
que debe publicarse dentro del sistema financiero? ¿Es información
“irrelevante”, como pareciera desprenderse de la poca importancia que le asignan
los imputados en sus descargos? ¿Qué tipo de investigación hace el BCRA sobre la base
de esa información? A juzgar por lo expuesto, parece que ninguna”, reflexionó el
magistrado.
Pou formulará en la fecha su descargo público. Mientras tanto, hoy empiezan a desfilar
por el juzgado de Cavallo los directivos del Patricios, con Alberto Spolsky a la cabeza. Y
en los próximos días el juez tomará algunas declaraciones testimoniales a personas que
habrían escuchado de labios de Pou alguna consideración “antisemita” en
relación al tratamiento de los bancos de la comunidad judía. De comprobarse esta actitud
de Pou su situación podría agravarse con vistas a un futuro juicio oral.
| Sin inmunidad judicial El 3 de noviembre pasado, Página/12 reveló que el presidente del Banco
Central propiciaba un proyecto de ley que le aseguraría inmunidad judicial a él y a todo
el directorio del organismo. La iniciativa contaba con el visto bueno del Banco Mundial,
que incluyó el tema como una de las condiciones dentro del acuerdo firmado con el
gobierno argentino para el desembolso de los “créditos anticrisis” gestionados
por Roque Fernández. Si hubiese prosperado ese proyecto, Pou no debería dar
explicaciones por las escandalosas quiebras de los bancos Patricios y Mayo. Ni el manejo
discrecional que realizó de fondos públicos, mediante redescuentos (préstamos) para
auxiliar a entidades que estaban virtualmente quebradas, como el caso del Banco
Medefin-UNB. El memo secreto del BM decía que no se podría juzgar a los funcionarios del
Central “por las acciones que de buena fe hayan tomado en la consecución de sus
deberes públicos”. El organismo internacional avanzó más allá en su deseo por
proteger al funcionario cuando sugirió en otro documento, publicado por este diario, el
13 de noviembre, la creación de un fondo con recursos públicos que podría ser utilizado
“en la defensa de los funcionarios contra las publicaciones de los medios de prensa
escritas sin el debido fundamento”. En otras palabras, fondos públicos para
querellar a la prensa. Pou dijo en su momento que no impulsaba estos proyectos porque,
como lo beneficiaban directamente, “se me caería la cara de vergüenza. Esto es algo
que exigen los organismos internacionales”, afirmó. Lo cierto es que la inmunidad
para los funcionarios del FMI figura en el artículo primero del proyecto de reforma a la
carta orgánica del Central que está bajo estudio del Senado. |
EL SENADO ESTUDIA SU JUICIO POLITICO
Cargo a plazo fijo
Los
senadores de la Alianza y los justicialistas que responden a Eduardo Duhalde están
estudiando aprovechar el procesamiento a Pedro Pou para destronar al titular del Banco
Central. Sabido es que ni los duhaldistas ni la oposición quieren a Pou como máximo
rector del sistema financiero a partir del 10 de diciembre. Y que preferirían ubicar en
ese puesto estratégico a un economista del propio riñón. Por eso, no debería
sorprender que en los próximos días, ambos bloques impulsen un juicio político para
evitar que Pou permanezca en el Central hasta el 2004, año en el que finaliza su mandato.
Enfrascados en sus propios vericuetos partidarios, ni el bloque oficialista ni el opositor
le dedicaron tiempo ayer a analizar la suerte que Pou estaba corriendo en la Justicia. De
todos modos, en diálogo con Página/12, varios senadores referentes del PJ y de la
Alianza admitieron la posibilidad de valerse de la decisión judicial que compromete a Pou
como cuña para sacarlo del Central. “El tema está todavía muy verde; no queremos
tomar ninguna decisión a los apurones. Pero no tengo dudas de que en las próximas horas
analizaremos la viabilidad de un juicio político”, comentó a este diario un senador
del tronco duhaldista. Legisladores de ambas fracciones admitieron también que el futuro
de Pou en el Central será evaluado en el máximo nivel dirigencial. Es que si bien
Duhalde y De la Rúa admiten en privado que lo mejor para el próximo gobierno sería
contar con un hombre de la propia escudería al frente del Central, tampoco desconocen
que, con las turbulencias de los mercados como contexto, una señal equívoca a los
financistas internacionales podría traerles dolores de cabeza.
El debate en torno de la figura de Pou trascendió los límites del Senado y se instaló
en la Cámara baja. No bien conocida la noticia del procesamiento del banquero, un grupo
de legisladores, entre los que figuraron Héctor Polino, Juan Baylac y Alfredo Bravo,
presentaron un proyecto de resolución para que Diputados convoque a Pou con el objetivo
de esclarecer puntos sobre las últimas caídas de entidades financieras. “Menem debe
echar a Pou”, reclamó el diputado socialista Jorge Rivas. “La Justicia ha
establecido que existe semiplena prueba de que incurrió en incumplimiento de sus deberes
y en abuso de poder”, añadió. Anoche, voceros del Central dijeron que el
funcionario formulará declaraciones públicas durante el día de hoy, presentando su
descargo al procesamiento que le dispuso el juez Gabriel Cavallo.
QUIEN ES PEDRO POU, TITULAR DEL BCRA
Currículum con manchas
“Tenemos más paciencia de la imaginada y damos mucho más de lo que muchos bancos
merecen”, aseguraba Pedro Pou en 1995, cuando la crisis del tequila sacó de juego a
algunas entidades chicas, en el medio de un fuerte cimbronazo del sistema financiero. Un
año después, creó una comisión en el seno del Banco Central de la República
Argentina, cuya función sería la de “cuidar la idoneidad moral y profesional”
de los directores y gerentes de esas entidades. Casi un duro, a juzgar por aquellas
declaraciones y esta iniciativa. O simplemente un autoritario, como lo calificaron más de
una vez sus allegados.
Sin embargo, no es la intransigencia con los bancos, precisamente, lo que distingue a Pou,
quien demostró que bien vale encubrir a una entidad si eso evita el riesgo de una corrida
cambiaria. Para este mendocino, ingeniero agrónomo y economista, de 53 años, el fin bien
parece justificar los medios. “Hay dos clases de funcionarios: los que cumplen con la
ley y cuidan el currículum. Yo soy de los que cumplen con la función y no le importa si
el currículum tiene manchas”, aseguró meses atrás.
Obtuvo en Chicago un doctorado en Economía y fundó el Centro de Estudios
Macroeconómicos de la Argentina junto a Roque Fernández y el ex viceministro de
Economía Carlos Rodríguez. Adhiere, como ellos, a la ortodoxia liberal. Pero se
diferencia de los cofundadores del CEMA por su mayor destreza política y sólida
ambición de poder.
Es, también, uno de los más osados del equipo económico. “El desempleo es un
síntoma del éxito de este programa: la gente busca más trabajo porque los salarios
reales aumentaron”, interpretó hace dos años ante Página/12 en vísperas de una de
las asambleas anuales del Fondo Monetario Internacional. Su última y más resonante
iniciativa es el proyecto de dolarización de la economía, que defendió con una firmeza
y pasión poco comunes en el actual staff del Palacio de Hacienda. “Al eliminarse la
moneda nacional, se elimina el riesgo cambiario”, justifica, desafiando las críticas
más severas de todo el espectro político.
“Es triste cómo Menem quemó una
buena idea”
Miguel Angel Broda, uno de los
consultores más escuchados en la city, apoya la dolarización pero criticó la
utilización política que hizo el Gobierno para ahuyentar el fantasma de una
devaluación.
Miguel Angel Broda, consultor de Eduardo
Duhalde y de Fernando de la Rúa.
También lo escucha Carlos Menem.
Participó de un seminario de dolarización junto a Miguel Kiguel, quien volvió a
defender esa iniciativa. |
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Por David Cufré
El economista estrella de
la city, a quien Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa consultan para conocer de cerca las
opiniones del establishment, cuestionó ayer la “utilización política” que
hace el presidente Carlos Menem del tema de la dolarización. Sin embargo, Miguel Angel
Broda recomendó al próximo gobierno avanzar en un acuerdo monetario bilateral con
Estados Unidos. Esa definición anticipa la presión que tendrá la futura administración
por parte de los sectores económicos más poderosos para que adopte al dólar como
moneda.
El número dos del Ministerio de Economía, Pablo Guidotti, partirá hoy hacia Washington
para participar de una serie de conferencias organizadas por el FMI. Allí continuará los
contactos informales con las autoridades del organismo y con el gobierno estadounidense
para seguir analizando la dolarización. El Gobierno volvió a la carga con esa idea ante
la oleada de rumores de devaluación. Miguel Kiguel, jefe de asesores de Roque Fernández,
ayer remarcó una vez más las “ventajas” que tendría pasar de la
convertibilidad a la dolarización. Fue en un seminario organizado por la Universidad de
Belgrano, del que también formó parte Broda.
“Desaparecería el riesgo cambiario que, a pesar de la firmeza con que sostuvimos
durante ocho años la paridad con el dólar, aún existe. Eso nos ocasiona un sobrecosto
en el endeudamiento en pesos. Con la dolarización, los inversores locales y extranjeros
se sentirían plenamente seguros para invertir en la Argentina y no sufriríamos más el
diferencial de tasas de interés”, aseguró Kiguel. No obstante, el funcionario
señaló dos puntos adversos a la adopción de la moneda estadounidense. “En primer
lugar, el Banco Central no podría ser prestamista de última instancia ante crisis
financieras. En segundo término, dejaríamos de percibir el señoreaje de 800 millones de
dólares anuales por tener depositadas nuestras reservas en bancos de inversión
extranjeros.”
Para Kiguel, quien reveló el rumbo de las negociaciones actuales con la administración
Clinton, “se debe buscar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que el
Banco Central pueda ser prestamista de última instancia, ya sea a través de la
autorización de redescuentos de la Reserva Federal o de un sistema combinado con aportes
del sector privado y de la FED”. Además, dijo, “hay que alcanzar otro acuerdo
para compartir los derechos de señoreaje”.
A su turno, Broda afirmó que “Menem lanzó la propuesta en enero para frenar una
eventual corrida contra el peso, después de que devaluó Brasil”. Según el
economista, fue “triste cómo se quemó políticamente una buena idea, ya que se
sugirió que la dolarización fuera una medida unilateral”. El consultor opinó que
“se intentó ganar algo de credibilidad, y ahora se insiste con lo mismo porque
estamos tan mal como entonces”. Sin embargo, Broda no cree que “se obtenga
ningún beneficio con la dolarización sin un acuerdo con Estados Unidos, porque nuestro
problema es que tenemos un prontuario horrible y los inversores no nos creen, hagamos lo
que hagamos”.
En su exposición, Broda sostuvo que “hay que negociar con firmeza con Estados
Unidos, de la misma manera que lo hizo México cuando se formó el Alca, a fin de que
podamos compartir el señoreaje”. Según opinó “es difícil, pero es
factible”. El economista alentó la propuesta de la dolarización porque “no
confío en que los políticos tomen todas las medidas necesarias para bajar los costos de
producción y mantengan a rajatabla el equilibrio fiscal”. Sin ello, enfatizó, la
convertibilidad “no tiene destino”. Esa es también la preocupación del
establishment.
“Lo que hace falta es un trabajo firme, una decisión de política de Estado, que
llevará al menos cinco años para que dé frutos. No sirve de nada la utilización
política que está haciendo Menem del tema para salir de una crisis coyuntural”,
insistió Broda. A su entender, ni el duhaldismo ni la Alianza aceptarán que el actual
gobierno tome una medida de tamañaenvergadura, que hipotecaría su gestión. “Ni
Jorge Remes Lenicov ni José Luis Machinea van aceptar que el Gobierno avance con la
dolarización, y así se está atentando contra lo que es un instrumento
interesante”, concluyó.
EL BC INSISTE CON LA PROPUESTA DE DOLARIZACION
Que el peso se busque otro defensor
Ayer, el
mismo día en que se conoció su procesamiento, Pedro Pou volvió a la carga con su
propuesta de eliminar el peso y adoptar el dólar como moneda nacional. En un largo
artículo publicado por Clarín, repite argumentos que ya había expuesto, sosteniendo
que, en definitiva, sólo se trataría de pasar de la actual dolarización de facto a una
dolarización de jure. Para apuntalar su iniciativa vuelve a describir a la
convertibilidad como un régimen que no logró suscitar “confianza plena”, y
alude a la “gran vulnerabilidad externa” de la economía. Tratándose del
presidente del Banco Central, estas afirmaciones parecen poco apropiadas para tranquilizar
al mercado en momentos de fuerte agitación.
En la misma ofensiva pro supresión del peso se anotó Guillermo Calvo. “Yo le
aseguro personalmente que el gobierno de Bill Clinton ve con simpatía la dolarización de
la Argentina y con gusto trabajaría para lograrla”, dijo en un reportaje. Este
economista argentino que enseña en la Universidad de Maryland revela que el 22 de abril
fue invitado “junto con Alan Greenspan (titular de la Reserva Federal) y Larry
Summers (prosecretario del Tesoro estadounidense) a hablar, en una reunión privada que
hasta ahora no fue hecha pública, en el Capitolio exclusivamente sobre la
dolarización”.
Según reseña Calvo, EE.UU. ve potable la dolarización, pero no para todos los países.
La Argentina, de todas formas, es candidata, aunque “no hizo la propuesta”.
Greenspan habría aclarado que, “si hubiera un problema posterior (que generara la
dolarización), no se le podría echar la culpa a EE.UU.” Para entender las claves de
su pensamiento, sirve otra de sus frases: “Hoy George Soros es más importante para
el país que la CGT”.
A la vez, Domingo Cavallo volvió a atacar la propuesta de eliminar el peso, impulsada por
Carlos Menem, Jorge Castro (Estrategia) y Pou. Cuando le preguntan a Cavallo si sabe que
“muchos, entre ellos el ex viceministro Carlos Rodríguez, lo acusan de promover una
crisis en los mercados para después presentarse como salvador”, él responde que
ésa es “una interpretación aviesa, porque yo he explicado en todo el mundo que la
moneda argentina no puede devaluarse... Acá los únicos que pusieron en duda la eficacia
de la convertibilidad son Carlos Rodríguez y sus colegas que hablaron de la necesidad de
dolarizar.”
A pesar de la ola de rumores de inestabilidad cambiaria, a los que contribuyó George
Soros el viernes último, y del bajón en títulos públicos y acciones (ayer revertido),
no hubo signos de una corrida contra el peso que explicase el nuevo envión de los
partidarios de dolarizar. Esta medida extrema, que no logró consenso entre los
economistas, condicionaría severamente al gobierno que asumirá en diciembre. Apartaría
además a la Argentina de la senda de Brasil, afectando el desarrollo del Mercosur, y
dañaría otras posibles estrategias respecto del área del euro y de Asia. Por esta
razón, otros expertos recomiendan colocar en el horizonte una unión monetaria con los
socios regionales, para negociar luego desde esta plataforma.
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