Página/12

Galtieri sigue siendo general gracias a Menem, que lo indultó

En 1988, la Cámara Federal lo condenó a 12 años de prisión y destitución por su actuación en Malvinas. Pero Menem lo indultó cuando su defensa había apelado. Corach critica, el Ejército responde: “Ellos lo liberaron”.

Leopoldo Galtieri fue condenado a prisión y destituido en 1988.
Pero Menem lo indultó y la destitución quedó en el limbo judicial.

Por Nora Veiras

La sonrisa del ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri conversando con el jefe del Ejército Martín Balza quedó fijada en el entorno presidencial. El ministro del Interior, Carlos Corach, aprovechó su habitual encuentro matutino con la prensa para confesar “la irritación” que provoca en la sociedad la presencia de exponentes de la dictadura, y recomendó evitar esos encuentros. Balza insistió con que Galtieri es un “general retirado” y en su entorno comentaron, con ironía, que “se irritan con nosotros cuando fue el gobierno el que lo indultó”, y prefieren destacar a la gente que aplaudió el desfile militar “sin que nadie les pagara la comida ni les diera vales”. Lo cierto es que Galtieri fue a tomar chocolate con Balza gracias a que sigue manteniendo su rango militar, a pesar de haber sido condenado y destituido por su actuación en Malvinas. Pero el indulto de Carlos Menem lo salvó de la prisión y de la destitución.
Condenado a doce años de prisión y destitución por la Cámara Federal porteña, Galtieri mantuvo su condición militar gracias a un artilugio legal. El abogado del ex “majestuoso” general, Marcelo Berckman, explicó que su cliente recibió “un indulto con causa abierta”. En buen romance, la sentencia de la Cámara del 30 de octubre de 1988 había sido apelada ante la Corte Suprema y el decreto de indulto, publicado en el Boletín Oficial el 10 de octubre del ‘89, fue promulgado cuando el alto tribunal todavía no se había expedido; en consecuencia, la destitución no se llegó a efectivizar. El indulto a procesados y no a condenados fue casi una “novedad” inaugurada por el presidente Carlos Menem.
Si la Justicia hubiera actuado como tal, hubiese tenido motivos más que suficientes para impedir la libertad del reo. El Informe Rattenbach –la investigación ordenada por el Ejército a fines de 1982– dictaminó que a Galtieri le correspondía “la degradación y el fusilamiento”. En los fundamentos del estudio sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en la guerra contra Gran Bretaña, acusan a Galtieri como presidente de “confundir un objetivo circunstancial de política interna (la necesidad de revitalizar el Proceso de Reorganización Nacional) con una legítima reivindicación histórica y dar lugar a que se interpretara que pretendía capitalizar para sí el rédito político en caso de una solución favorable” (Acápite 793. Punto D).
Galtieri tiene desde marzo de 1997 la captura internacional recomendada por el juez español Baltasar Garzón a causa de las denuncias por violaciones a los derechos humanos en el área del II Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario. Desde fines del año pasado, el ex dictador teme por su libertad puesto que podría ser acusado como “responsable mediato” de la desaparición de criaturas. Mientras ejerció como jefe del II Cuerpo desaparecieron Mirta Elida Villanueva (embarazada de un mes y medio, secuestrada el 3/10/78 en Oberá, Misiones), Alicia Tierra (embarazada de seis meses, secuestrada el 3 de diciembre de 1976 en Rosario), María Laura González (embarazada de cinco meses, secuestrada el 3 de agosto del ‘76, en Rosario), Isabel Angela Carlucci (embarazada de seis meses, secuestrada el 10 de agosto de 1976). En el libro Memoria Debida, el ex capitán José Luis D’Andrea Möhr también señala el caso de Ximena Vicario, restituida a su familia el 3 de enero de 1989.
En el Edificio Libertador prefieren no hablar del pasado del general retirado perdonado por el indulto. Ellos confiesan su malestar por los gritos de “pichones de asesinos” que las Madres de Plaza de Mayo destinaron al paso de los cadetes del Colegio Militar en el primer desfile castrense después de diez años.

Declaración de Balza

El general Martín Balza se presentará hoy ante el juez federal de San Martín, Alfredo Bustos, para declarar en la causa que investiga el destino de los restos de los ex jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Roberto Santucho y Benito Urteaga. El ex sargento Víctor Ibáñez declaró en la causa que los restos de Santucho fueron enterrados en Campo de Mayo.
Los abogados Manuel Gaggero y Elena Mendoza solicitaron el testimonio del jefe del Ejército para interrogarlo sobre los siguientes puntos:
Pese a las declaraciones de los ex generales Jorge Videla y Fernando Verplaetsen, está confirmada la existencia del Museo de la Subversión en Campo de Mayo, donde habría sido expuesto el cadáver de Santucho. La defensa quiere saber hasta cuándo funcionó y el lugar exacto de su emplazamiento.
Si Balza tiene o podrían encontrarse en el Ejército datos sobre el destino y paradero de los acompañantes de Santucho y Urteaga, Ana Lanzillotto de Menna, Liliana Delfino y Domingo
Menna.
Saber si tuvo conocimiento de la realización de una ceremonia de inauguración del Museo de la Subversión.
El ex sargento Ibáñez aseguró que el cadáver de Santucho fue enterrado en el lugar donde funcionaba ese museo. En el libro Campo santo del periodista de Página/12 Fernando Almirón, Ibáñez abunda en detalles sobre el destino de los cadáveres de la conducción del ERP que murió en un enfrentamiento con el Ejército que los identificó en un departamento de Villa Martelli.

RESPUESTA DE BONAFINI A UN FALLO EN CORDOBA
“Jamás aceptaremos una reparación”

“Las madres nunca aceptamos la reparación económica, y va quedando cada vez más claro cuánta razón teníamos. Hace poco más de una semana, el vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, José Alejando Mosquera, y dos colegas suyos firmaron un fallo en el que aseguraron que ‘todas las personas consideradas desaparecidas entre 1976 y 1983 están muertas’, y autorizaban a sus familiares a cobrar la indemnización que habían solicitado”, dijo la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, como respuesta al fallo conocido hace unos días en Córdoba.
“Sabemos, y sabíamos cuando lo dijimos por primera vez, que nadie va a pagar por un vivo. Esta es una clara maniobra para terminar con el tema de los desaparecidos, pero las madres volvemos a decir que quienes cobren estarán sellando la muerte de sus hijos. Y nosotros no aceptamos esa muerte hasta que nos digan quiénes y cómo mataron a nuestros treinta mil.”
La declaración formulada por Bonafini ratifica la posición que la agrupación sostiene desde que surgió la posibilidad de una reparación económica para los familiares de los desaparecidos.
“Aceptar esa plata es una hipocresía, igual que ofrecerla –sentenció Bonafini–. Todo lo que está pasando es una hipocresía. Los genocidas Jorge Videla y Emilio Massera no están presos ni mucho menos. Nosotras ya comprobamos que Videla salió dos veces a la calle, quebrando su supuesta “prisión domicilia”. En cuanto a la otra prisión domiciliaria, la del ex dictador Massera en su casaquinta, Hebe relató que “las cámaras de televisión lo filmaron mientras paseaba a la tardecita por el parque. Si quiere, también puede darse un chapuzón en la pileta. Después hablan de reparación económica. Desgraciadamente –concluyó– las Madres siempre estamos anunciando las cosas antes de que sucedan.”

PRINCIPAL