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LA FISCAL DEL CASO BRU DENUNCIO QUE JUSTO LOPEZ LA INTIMIDO POR LA CALLE
Un condenado a perpetua que aún amenaza

López, excarcelado, debe estar vigilado. Pero no lo está: le cruzó el auto a la fiscal y le lanzó todo tipo de insultos.

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Por Cristian Alarcón

t.gif (862 bytes)  El policía Justo López, condenado a cadena perpetua por las torturas seguidas de muerte ana19fo02.jpg (11726 bytes) Miguel Bru, amenazó el miércoles a la fiscal adjunta de Cámara, María Scarpino, la insultó y cruzó frente al auto en el que la mujer iba a buscar a sus hijos al colegio, el Ford Falcon que él conducía. A pesar de estar condenado por el asesinato y la desaparición de Bru, el ex sargento del grupo de calle de la comisaría 9ª sigue en libertad, hasta tanto no quede firme la sentencia, debido a que la etapa de instrucción se le concedió la excarcelación por haber estado detenido más de tres años sin sentencia. La fiscal denunció a López por amenazas y puso en evidencia que no se cumple lo establecido por el tribunal que lo condenó: López no es vigilado por un efectivo de la Bonaerense, tal como se estipuló en la sentencia. Y más: hasta el momento los únicos que tenían custodia eran sus familiares. Scarpino es la esposa del intendente de La Plata, Julio Alak, y como fiscal de primera instancia, en 1997 solicitó la condena a perpetua para López y su cómplice Walter Abrigo.
Eran las 16.30 cuando Scarpino, a poco de salir de la casa que comparte con su marido y dos hijos pequeños, en el residencial barrio de Gonnet, se cruzó con el condenado libre. El manejaba su Ford Falcon viejo de color crema. López esperó a la mujer en la esquina por donde cada día pasa al ir a buscar a sus hijos a la escuela. Cuando el semáforo que da a la calle 501 se puso en verde y ella quiso acelerar, para cruzar el camino General Belgrano, él atravesó su auto, pasando en rojo, a paso de hombre, gritándole “todo tipo insulto” desde el asiento del conductor. Según el testimonio de Scarpino, el policía, a quien identificó con “total certeza”, no estaba solo: los acompañaban “dos o tres hombres de civil más”.
La fiscal no vio cerca de López custodia alguna. El hecho reveló que no se había cumplimentado hasta ayer con lo dispuesto por el tribunal que condenó por el crimen a seis años de cárcel al suboficial Ramón Ceresetto, a dos años al comisario Luis Ojeda, y a cadena perpetua a López y Abrigo, quien era el jefe del servicio de calle de la comisaría novena. Pero para López los jueces solicitaron una custodia hasta que se resuelva si la sentencia queda firme. Ayer las versiones sobre el punto eran disímiles. El fiscal general de Cámara, Héctor Vogliolo, le dijo a Página/12 que “López no estaba controlado”. Sobre el motivo, opinó que “primero hay que ver si la cámara puso en conocimiento de la autoridad esa disposición de la sentencia”. Fuentes de la Policía Bonaerense aseguraron a este diario, que antes del miércoles no hay registros de solicitud de custodia para los implicados en el caso Bru. Por su lado, el fiscal adjunto, Marcelo Romero, informó que finalmente ayer la Policía Departamental dispondría una vigilancia para López, “a través de la que se establecerán los pasos que sigue, pero sin restringir su libertad, porque sería ilegal hacerlo”.
Lo cierto es que ayer en Tribunales varias fuentes aseguraban que desde que finalizó el juicio oral “los únicos que gozan de custodia son los familiares de Justo López”. Vogliolo reconoció que “pudo haber una mala interpretación” y reconoció que el policía dijo sentirse inseguro por presencias extrañas alrededor de la casa de su familia en el transcurso del juicio y le fue asignada una custodia. Ayer en una conferencia de prensa, Romero sostuvo que “este hecho nos demuestra que no hubo arrepentimiento por parte de los procesados y que todos los testigos dijeron la verdad”. El juicio oral por el caso Bru estuvo plagado de testigos que demostraron su pánico a los acusados. Varios declararon haber sido intimidados para no hablar. Repetidas veces quienes declaraban miraban a los acusados en lugar de mirar a los jueces, y se les llamó la atención por ello. El propio Vogliolo advirtió que algunos gestos del ex jefe del servicio de calle de la novena, Walter Abrigo, propios del código carcelario-policial eran amenazas de muerte. El fiscal ayer le dijo a este diario: “A mí no me sorprende, quizás es un poco lo que les pasa a los cirujanos, que no se asustan cuando ven sangre. No es extraño. Estamos habituados”. En este caso la amenaza tuvo el inconfundible estilo del “Negro López”, sin alharacas, con cierta saña psíquica. Ayer el fiscal Romero recordó lo declarado en el juicio sobre la persecución del policía a Miguel Bru, después de que el estudiante lo denunció por abuso de autoridad. “Simplemente se paraba en su Chevy azul y cuando pasábamos nos miraba y se nos reía”.
Por qué libre
“Esto debe ser inexplicable para el hombre común, pero la libertad de (Justo) López está ajustada a derecho. Es más, si quisiera salir del país, podría hacerlo sin problemas.” El fiscal Marcelo Romero, que participó del pedido de condena para los autores del crimen de Miguel Bru, explicó que López fue beneficiado por una cláusula del Pacto de Costa Rica que establece que a los tres años debe cesar la prisión preventiva. El plazo se cumplió para López antes del juicio. “Ahora, hasta que la sentencia no quede firme (fue apelada ante la Corte bonaerense y puede llegar a la nacional), la libertad de López no puede ser afectada.”
De comprobar la Justicia que amenazó a la fiscal María Scarpino, esa situación “podría variar”, pero es un delito “difícil de probar, aunque haya existido” y cuya definición demorará porque tendría que llegar a otro juicio oral independiente. Romero se declaró a favor del Pacto de Costa Rica, aunque planteó la posibilidad de instrumentar para el futuro “una cláusula de excepción, en el Código de Procedimientos, para que no se aplique en casos como éste”.


UNA CAUSA DONDE TODOS FUERON AMENAZADOS
El record de los aprietes

Por C.R.

t.gif (862 bytes) En los seis años transcurridos desde la desaparición de Miguel Bru, las amenazas a testigos, abogados e incluso a policías que investigaron el caso, han sido una constante. El que ostenta el record de aprietes es Jorge “El Chavo” Ruarte, un ex preso que denunció cerca de una decena de actos intimidatorios, entre ellos el secuestro, por unas horas, de dos de sus hijos menores. También fue objeto de permanente acoso verbal, vía telefónica, la ex abogada de la familia Bru, Elba Tempera. Menos sutiles fueron con el comisario Eloy González, a quien en febrero del ‘98 le picó cerca una bala disparada desde las sombras de la noche cuando participaba de una de las tantas búsquedas, infructuosas, del cadáver de Bru.
La sucesión de actos intimidatorios siguió en pleno juicio. El día de la apertura, una de las hermanas de Bru fue obligada a desnudarse, en una requisa previa a su ingreso al recinto. Un trato degradante similar al que era común para los que visitaban presos políticos durante la dictadura. En los seis años también fue permanente la intimidación contra Rosa Bru, madre del joven desaparecido, pero ella nunca las denunció formalmente. Otro hecho ocurrido durante el juicio fue el secuestro y la amenaza de muerte recibida por Silvia Acuña, hermana de Carlos Acuña, uno de los ex detenidos que acusó a los policías Walter Abrigo y Justo López de ser autores del homicidio de Bru.
Ya en abril de 1995 la abogada Elba Tempera había acusado al ex juez de la causa, Amílcar Vara, de haberla amenazado de muerte en un restaurante, en presencia de policías de la Comisaría 9ª. Vara dejó el Poder Judicial para evitar un juicio político, acusado de proteger a policías imputados en el caso Bru y en muchos otros.
Las desventuras de El Chavo Ruarte comenzaron en mayo de 1995, cuando durante una requisa en la vía pública un policía le pegó un culatazo en la cabeza, luego de cerciorarse que era “el testigo del caso Bru”. En marzo del ‘98 Ruarte fue otra vez detenido y apaleado. Eso no fue nada comparado con lo ocurrido en diciembre de ese año. Dos de sus hijos, Evelin, de 4 años, y Alejandro, de 2, fueron secuestrados por unas horas.
En setiembre de 1995 fueron robadas y golpeadas dos hermanas del testigo Carlos Acuña. En agosto de 1997 fue el turno de Celia Giménez, la primera que aseguró que a Bru lo habían asesinado en la 9ª. Otro testigo, Alberto Martínez, fue amenazado por el suboficial Ismael Gauna, quien le dijo: “Si declarás sobre Bru, sos boleta”. Días antes del juicio, a Ruarte le dispararon varias veces, en un último y vano aviso para que no dijera lo que finalmente dijo.

 

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