| Por Adriana Meyer  ”Si usted tiene una deuda
de peras no puede renegociar por manzanas”, graficó el procurador porteño Ernesto
Marcer al referirse a la explicación que dio el ministro de Defensa, Jorge Domínguez,
sobre las características del contrato directo que realizó con IBM cuando estaba al
frente de la intendencia. Página/12 publicó el lunes en exclusiva los detalles de la
denuncia penal de Marcer que estudia la Justicia. Domínguez suspendió ese día la
conferencia de prensa prevista tras su encuentro con el secretario general de las Naciones
Unidas, Koffi Annan. El convenio cuestionado intentó unir en un sistema de fibra óptica
todas las dependencias municipales, como una forma de cancelar una millonaria y antigua
deuda del estado comunal con la Big Blue. El sistema fue instalado, pagado por el erario y
nunca funcionó.
Según la agencia DyN, allegados al ministro atribuyen la denuncia del procurador a una
“no muy buena relación” que mantuvo con la administración Domínguez y a una
interna con el ex ombudsman Antonio Cartañá por su supuesta “flexibilidad” con
la Municipalidad. Por su parte, Marcer desestimó ante este diario esa explicación al
indicar que no tuvo relación ni buena ni mala con Domínguez porque llegó a su cargo de
la mano de Fernando de la Rúa. “Yo no estaba en la función pública cuando el
ministro era intendente. Cartañá no está ahora y yo tampoco estaba cuando él era
ombudsman”, agregó.
El procurador porteño enfatizó que “la denuncia no es persecutoria porque la
Justicia determinará quién es el responsable, y no tiene ninguna connotación política
porque la Procuración es un organismo técnico que goza de autonomía”. En un breve
comunicado, Marcer sostuvo que “nuestra actuación responde a criterios técnicos y,
por ello, cuando del análisis de cualquier actuación administrativa surge la posible
comisión de algún delito, se ordena la promoción de la pertinente denuncia penal, sin
consideraciones a los posibles involucrados y sin intencionalidades extrajurídicas”.
Este diario consultó a los colaboradores del ministro pero éstos recibieron la orden de
esperar el regreso de su jefe de los Estados Unidos. Sin embargo, ante la agencia de
noticias mencionada negaron que se haya tratado de una contratación y aseguraron que lo
que se hizo fue una “renegociación de un contrato heredado de la época de (Carlos)
Grosso”. Pero precisamente la denuncia de Marcer explica que “el intendente no
tiene facultades para renegociar nada”. Allí sostiene que “el acta acuerdo es
nula porque significó de hecho una contratación directa y esa modalidad viola el
principio de la libre concurrencia”. Es decir que Domínguez no atendió la
posibilidad de que otra empresa hiciera el mismo trabajo más barato. Según la ley de
reforma del Estado, los funcionarios sólo pueden hacer contrataciones directas de
consultorías. Los colaboradores de Domínguez argumentaron que “el contrato anterior
era bastante oneroso” y, de haber sido rescindido para hacer un llamado a licitación
“hubiera implicado un gasto mayor porque IBM hubiese recurrido a la Justicia”.
Los voceros de Domínguez agregaron que “el contrato sigue vigente, el sistema está
funcionando y siguen pagando”. Sin embargo, el diputado aliancista Horacio Viqueira
enfatizó que el sistema en forma integral no funcionó nunca. “Estuvieron un año
intentando ponerlo a punto y nunca se pudo hacer. IBM reconoció su incapacidad de
solucionarlo y el año pasado se firmaron los convenios de rescisión”, explicó el
legislador. En la denuncia del procurador consta que la Subsecretaría de Sistemas de
Información del Gobierno de la Ciudad sostuvo el año pasado que “se impone la
necesidad ineludible de su reemplazo”. Según las fuentes relacionadas con la
gestión municipal de Domínguez, citadas por DyN, “lo que dice la Subsecretaría
pudo haber sido una evaluación subjetiva que quizás tuvo que ver con la conveniencia de
actualizar la red”. Pero Marcer rechazó ante Página/12 ese argumento. “No es
una evaluación subjetiva en tanto constaen el expediente”, indicó. En cuanto a los
pagos que la administración de De la Rúa seguiría haciendo, una fuente oficial fue
terminante. “Este gobierno sólo pagó por prestaciones reales, porque hay ciertos
servicios que están funcionando y no se pueden cortar”.
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