| Por Pablo Ferreira  En una operación relámpago
del PJ, la Cámara de Diputados rechazó ayer el veto presidencial que elevó el IVA a las
prepagas al 21 por ciento. De aprobarlo el Senado, en los próximos días las empresas
médicas deberán oblar, tal como lo estableció la reforma tributaria en su origen, el
10,5 por ciento sobre su facturación, es decir, unos 150 millones de pesos anuales.
Además, aunque parece muy vidrioso, tendrían que devolver los fondos cobrados en exceso
a los usuarios. Al respecto Oscar Lamberto, titular de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, admitió a Página/12 que si las prepagas lo trasladaron como aumento de precios
no van a devolver nada.
Por su parte, la Alianza, descolocada por la maniobra del oficialismo, acompañó a
regañadientes la votación, acusando a sus oponentes de “chantaje”. En cambio,
los socialistas del Frepaso, que encabeza el diputado Alfredo Bravo, votaron en contra de
la iniciativa.
La jugada de Roque Fernández, intransigente opositor a toda modificación a la reforma
tributaria (fue el argumento que usó para rechazar los reclamos de los productores
rurales), fue el final de una serie de enfrentamiento entre legisladores y Economía. Y,
pese a que resta aún la aprobación de los senadores, provocará un inevitable revuelo en
el Palacio de Hacienda. El ministro es partidario de no retroceder en el veto apoyado en
la idea de que, pese al más de medio centenar de rechazos judiciales a su causa, es
posible “ganarles a las prepagas en la Corte Suprema”.
Los legisladores justicialistas, ante esa avalancha de amparos dictados por la Justicia
basados en la inconstitucionalidad del aumento en el IVA decretado por el Ejecutivo,
desestimaron esa postura. En su opinión, “es preferible que el Gobierno cobre la
mitad a no cobrar nada” –dicen– como ocurre en este momento. Incluso un
vocero del titular del bloque justicialista de la Cámara baja, Humberto Roggero, aseguró
a este diario que el propio Carlos Silvani, responsable de la AFIP (Administración
Federal de Ingresos Públicos) habría hecho propio ese argumento. Lamberto dijo que
“el Gobierno no está recaudando nada, en cambio las prepagas, que en su mayoría
aplicaron el 21 por ciento, se lo cobran a la gente”.
–¿Los usuarios podrán recuperar los excesos cobrados por las empresas?
–preguntó este diario.
–Si las prepagas lo cobraron como aumento de precio no van a devolver nada.
En Diputados admitieron el apuro del bloque del PJ, y aun de la oposición, en sancionar
el rechazo, dado que no se podía sostener la situación indefinida en que navegan las
prepagas y sus afiliados, y el propio Congreso, por mucho más tiempo. Algo que quedó en
evidencia en los breves 15 minutos que llevó la sesión antiveto y la inmediata pérdida
de quórum de la Cámara una vez aprobado.
En tanto, José Gabriel Dumont, Federico Storani y Darío Alessandro plantearon la
posición de la Alianza, que pretendía el rechazo en bloque del veto de Menem en lugar de
la reforma parcial propuesta por el PJ. Sin embargo, según fuentes parlamentarias, visto
que no podía lograrse la postura de máxima, los aliancistas aceptaron la posición del
oficialismo. Ocurre que –explican– de no hacerlo corrían el riesgo de aparecer
promoviendo la alícuota del Ejecutivo ante la gente, cuando al aprobarse la reforma
tributaria original se habían negado directamente a implantar ese impuesto a actividades
como la medicina y los medios de prensa.
TELEFONICA-TELECOM Y GTE-CLARIN, DUEÑOS DEL
PCS
La competencia es para pocos
Telefónica y Telecom, por una parte, y GTE con Clarín por otra, se adjudicaron ayer las
frecuencias de PCS para explotar el servicio en el área metropolitana (Capital Federal y
Gran Buenos Aires). Pagarán por ellas un derecho de 350 y 301 millones de pesos,
respectivamente. El Gobierno recaudará, además, otros 325,5 millones que serán
abonados, en partes iguales, por Movicom y Miniphone, las dos licenciatarias actuales de
telefonía celular en el área, para acceder a la prestación del nuevo servicio.
A diferencia de los celulares tradicionales, el PCS opera en una banda más ancha que
abarca otros servicios adicionales, como transmisión de datos, envíos de fax y conexión
a Internet. Las ofertas de TelefónicaTelecom y de GTE-Clarín desplazaron, en una
subasta, a las formuladas por Airtech (Airtouch-Techint) y Electrosecur, que se quedaron
en 261 y 193 millones, respectivamente.
Aunque habían adquirido pliegos, no participaron de la puja Postcom (controlada por el
grupo editorial The Washington Post), Hutchinson Telecomunicaciones, e Inversiones en
Telecomunicaciones (de la canadiense Telesystem). El sistema de subasta obligó a cuatro
rondas de ofertas hasta concretar la adjudicación. Telefónica-Telecom habían arrancado
con 180 millones y terminaron pagando prácticamente el doble.
No resultó una novedad que las dos prestadoras actuales del servicio de telefonía
básica fuesen las que concretaran la oferta más audaz. Ambas empresas buscan consolidar
su posición en el mercado celular, en el que operan en forma conjunta a través de
Miniphone en el área metropolitana, y por separado en el interior del país (Telecom
Personal y Unifón, de Telefónica). Según fuentes del mercado, también pasarían a
operar en forma independiente en Capital y Gran Buenos Aires, quedándose una con
Miniphone y la restante con la nueva licencia de PCS. Por otra parte, tanto Unifón como
Personal disputarán por las licencias de PCS que se licitarán a fin de mes en el
interior del país (dos en Zona Norte y dos en Zona Sur).
GTE y Clarín, en tanto, son los dos integrantes principales de CTI, la compañía líder
en el mercado celular del interior del país. A través de su licencia para operar
telefonía móvil, CTI se anticipó en el mes de abril lanzando al mercado el servicio
Total PCS, con una nueva tecnología que le aporta una plataforma para brindar servicios
de red inteligente. El sistema, sin embargo, no alcanza a ofrecer las prestaciones de
banda ancha a las que permitirá acceder las licencias de PCS en licitación.
No obstante, la avanzada de CTI prenuncia cómo quedará conformado el mercado de las
telecomunicaciones a partir del año próximo. En telefonía fija, Telefónica y Telecom
mantendrán las posiciones dominantes, pero entrarán en la disputa, a partir del 2000,
CTI y Movicom. Los mismos cuatro jugadores serán, presumiblemente, los que monopolicen
las licencias de PCS y telefonía celular, pero en un mercado más repartido. CTI
mantendría su predominio en el interior y Movicom en el área metropolitana.
Electrosecur, un consorcio que representa a empresas chinas y ayer quedó a mitad de
camino en la licitación de los PCS metropolitanos, aspira a participar en algunas de las
zonas del interior, desplazando a algunos de los cuatro candidatos más firmes. “El
monto a ofertar para mantenerse en el remate excedía el precio que la compañía
consideraba razonable”, señaló su director ejecutivo, Max Renard, comentando la
subasta de la víspera. Pero señaló que “la compañía posee un interés
estratégico en ganar las licencias del interior, ésta es su meta inmediata”.
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