OPINION
Las garantías en peligro
Por Simón Lázara * |
La
Cámara de Diputados acaba de aprobar modificaciones al Código Procesal que, al otorgar
facultades virtualmente discrecionales a la policía para ciertos procedimientos, ponen en
serio riesgo las garantías constitucionales, se contraponen con los pactos y convenciones
internacionales firmados por la Argentina y constituyen un gravísimo retroceso jurídico.
Las modificaciones –de superar la aprobación del Senado– permiten que la
policía actúe en determinados casos por propia iniciativa, sin orden judicial. Facultan
a la requisa sin control, otorgan el poder de interrogar sin juez ni abogado y determinan
otras normas no menos riesgosas.
Algunas de las reformas, como las vinculadas a los operativos públicos de control, son
sospechosamente parecidas a las actuaciones de los operativos rastrillo de la dictadura
militar. El agregado de que “si fuera posible”, las requisas sobre las personas
las realizarán quienes sean del mismo sexo, nos permite imaginar el respeto por el pudor
que imperará, sólo comparable a las indignantes requisas con las que todavía se vejan a
las visitas en las cárceles.
No estamos frente a un problema teórico, sino a la deliberada utilización de la
inseguridad pública para otorgar más poder a la policía, en evidente desmedro del
estado de derecho. Y no nos oponemos porque seamos cerriles garantistas, sino porque la
experiencia enseña que la actuación policial debe ser debidamente controlada para que no
se convierta en una arbitrariedad que produzca más inseguridad.
En los últimos tiempos aumentaron las lamentables estadísticas de procedimientos
policiales falsos e inventos de pruebas. Varios funcionarios ya fueron juzgados por esto y
los propios defensores y jueces han llamado la atención sobre la gravedad que invisten.
Ahora, esta reforma legaliza la suma de errores y pone estas normas a contrapelo del
derecho. Es preciso reflexionar, advertir su significado e impedir su sanción definitiva,
en resguardo de la salud moral de esta sociedad y como defensa frente a la arbitrariedad.
La inseguridad pública, por más grave que sea o parezca, no justifica el imperio de un
poder policial sin control y con pocos límites.
* Vicepresidente de la APDH. |
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