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 Trece
imputados por abuso de autoridad y violación a la Ley de Defensa Nacional por la Justicia
federal, unos pocos pases a disponibilidad, algún traslado y un par de mudanzas
constituye el saldo hasta ahora de la situación en la que se encuentra parte del Tercer
Cuerpo de Ejército por los episodios de espionaje interno realizado por militares sin el
aparente conocimiento de los jefes del área y del Estado Mayor. Mientras estos hechos
enfrentaron abiertamente al jefe de inteligencia del Ejército con el titular del Tercer
Cuerpo, el jefe del Estado Mayor, Martín Balza, busca su propia salida.La reciente decisión de mudar la cuestionada Central de Reunión de Informaciones (CRI), que tenía su sede en dependencias del parque Sarmiento en Córdoba, es el último recurso al que apeló el general Juan Manuel Llavar, con el fin de controlar más de cerca la actividad de los hombres de esa unidad militar. El ex batallón de Inteligencia 141, que ahora será instalado en los cuarteles del camino a la Calera, cumplió un temible papel en los años de dictadura militar, ya que era el centro de operaciones de las sedes clandestinas de detención y tortura. La noticia de que las tareas de inteligencia se siguen realizando aun después de la apertura de la causa judicial reavivó la necesidad de tomar medidas fuertes. Los militares que trabajan en la CRI demostraron su molestia con la decisión de Llavar, y recurrieron a la Jefatura II de Inteligencia, a cargo del general Jorge Miná, de donde dependen logísticamente. El contrapunto entre Llavar y Miná tuvo su máxima expresión en esta medida, que igual comenzó a concretarse el viernes pasado. Llavar sigue sosteniendo a rajatabla que las tareas de espionaje se realizaron a sus espaldas, aunque hombres de su entorno dejaron trascender que ya no sostiene que se trató de "marginales", como dijo Balza en alguna oportunidad. Ahora en realidad sospecha que los hombres a su cargo en inteligencia lo "puentearon" y cumplieron órdenes directas de la Jefatura II, con sede en Buenos Aires. Y allí es donde sólo Miná puede tener las respuestas. Balza, por su parte, salió a denunciar intervenciones de sus teléfonos y de las líneas del Estado Mayor del Ejército, en un evidente paso tendiente a ponerse del lado de los damnificados. ¿Qué denuncia en realidad el jefe del Ejército? ¿Es que Balza desconoce que la Justicia de Córdoba debió intervenir líneas del Ejército y así se pudo descubrir que los agentes de inteligencia espían a toda la sociedad? A partir de esas intervenciones se supo que parte de las llamadas y los faxes se reciben en líneas del Estado Mayor del Ejército argentino. Las revelaciones que se suman día tras día demuestran que las motivaciones de los espías no corren por un solo carril. La variedad de contenidos en las tareas de inteligencia, de personas y ámbitos seguidos de cerca implicaría que hay una gimnasia en estos menesteres. Ciertas informaciones son muy valoradas en algunos ámbitos y suelen ser bien pagadas: los ascensos, los favores políticos y las demostraciones de fuerza en el ámbito castrense se miden por la cantidad y calidad de información de que se dispone. "Los derechos humanos nos interesan porque es una forma de atacar al Ejército", señaló Abel Guillamondegui -–ex jefe de inteligencia del Tercer Cuerpo-- en su declaración ante la Justicia, y lo dijo todo. El fantasma de Luciano Benjamín Menéndez nunca abandonó las filas del Ejército con sede en Córdoba y aunque su presencia ya no se asoma públicamente sigue teniendo predicamento. "A veces tomamos un café", dijo hace unos días el general Llavar. Miná sigue en su cargo y los civiles imputados, en sus correspondientes puestos de trabajo. Prueba de que las consecuencias del escándalo de espionaje desatado en Córdoba son hasta ahora escasos, excepto porque logró interrumpir y prácticamente paralizar la búsqueda de la "verdad histórica" y la investigación del destino que corrieron los niños que nacieron en cautiverio durante los años de dictadura.
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