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 “Es
como un contrato con la mafia”: esta comparación utilizó la defensora del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, para referirse a la concesión del control de
estacionamiento a las empresas privadas que aplican el cepo. La Defensoría solicitó ayer
al Tribunal Superior de Justicia porteño que declare “la inconstitucionalidad de los
sistemas de inmovilización de vehículos en infracción”, que atentarían contra
“la libertad de transitar y el derecho de usar y disponer de la propiedad”,
además de vulnerar la Ley de Tránsito. Según la ombudsman, la declaración de
inconstitucionalidad pondrá fin a la aplicación del odiado artefacto por parte de las
concesionarias. En cambio, el funcionario a cargo de la Dirección de Concesiones de la
Ciudad, si bien también abomina del cepo, dice que es mejor buscar “una solución
negociada” con las empresas o esperar el vencimiento de los contratos.La presentación de Oliveira menciona “la enorme cantidad de quejas de los vecinos de la Ciudad por las arbitrariedades y abusos de los concesionarios y el personal policial en los operativos de colocación de cepos y remoción de vehículos”. Se ampara en el artículo 14 de la Constitución nacional, que garantiza la libertad de tránsito y el uso de la propiedad, y en el artículo 42, que establece “un trato equitativo y digno” para “los consumidores y usuarios de bienes y servicios”. La ombudsman observa también que según la Ley 24.449, de tránsito, “queda prohibida la retención o demora del conductor o de su vehículo”, salvo casos que “no incluyen las inmovilizaciones por medio de los cepos”. Consultado por este diario, el interventor en la Dirección de Concesiones del Gobierno de la Ciudad, Virgilio Loiácono, afirmó que “en efecto, colocarles el cepo a los vehículos en contravención no sólo es arbitrario sino antifuncional”. Contó, incluso, que “he visto personalmente infinidad de casos donde a los vehículos mal estacionados, que debieran ser retirados, como no tienen suficientes grúas les ponen el cepo, con lo cual se aseguran la presa pero perpetúan la infracción”.  Loiácono destacó que en los pliegos de contratación –que datan de
1990, bajo la intendencia de Carlos Grosso–, “todo está a favor del
concesionario y nada a favor del Gobierno”. Para el funcionario, “dado el poco
tiempo de concesión que queda, no es práctico meterse en un pleito descomunal con los
concesionarios” y “la declaración de inconstitucionalidad no haría posible
rescindir los contratos, que incluyen muchas cláusulas además de los cepos, y sería
solamente un parche en una situación más compleja”. Sin embargo, “se está
haciendo posible llegar a una solución negociada, pero esto depende de que en las dos
empresas que se ocupan del estacionamiento haya voluntad para avenirse”.Alicia Oliveira respondió: “¿Si uno contrata con la mafia, si uno hace un contrato delictivo tiene que cumplirlo igual?”. Según destacó la ombudsman, “un contrato que está contra la Constitución no puede existir, no tiene vigencia, no hay que pagarle indemnización a nadie y, si una empresa firmó un acuerdo inconstitucional para favorecerse con ello, que se jorobe”. Para la defensora del Pueblo, los contratos con las empresas STO (Sistema de Tránsito Ordenado) y SEC (Servicio de Estacionamiento Computarizado) “son un asalto a la ciudad y un riesgo para la circulación de personas y bienes”. Oliveira señaló también que en la actual situación queda involucrada la Policía Federal, cuyos agentes participan en los operativos de control de estacionamiento que hacen las empresas privadas: “Los señores de los cepos usan a los policías como fuerza de choque; la policía queda así al servicio de ellos para afectar los derechos constitucionales de los ciudadanos”. Loiácono admitió que “la policía les cobra a las empresas por el servicio que les presta, y tiene además una participación en el canon que ellas le pagan al Gobierno de la Ciudad”. La empresa STO opera en 400 manzanas de la zona norte de la ciudad, en las cuales pone unos 3500 cepos mensuales y 2600 acarreos de vehículos.SEC, en la zona sur, opera unas 300 manzanas, con 1500 cepos y 1500 acarreos por mes. Los contratos vencen en octubre del año 2000.
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