| Por Adriana Meyer  El juez en lo penal económico
Julio Speroni reabrió una causa contra el ex capitán de fragata Alfredo Astiz por
presunta evasión impositiva. En febrero de 1998 la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos –APDH– había formulado la denuncia. En aquel momento la fiscal suiza
Carla del Ponte había informado al juez español Baltasar Garzón sobre la existencia de
varias cuentas abiertas en ese país por represores argentinos. Astiz reconoció que es
titular de una de esas cuentas en la que hay depositados 75 mil dólares. “Esperamos
que algunos represores tengan el destino de Al Capone y terminen en la cárcel al menos
por evadir impuestos”, aseguró a Página/12 el presidente de la APDH, Simón
Lázara.
La medida de Speroni es consecuencia de una resolución de la sala A de la Cámara de
Apelaciones en lo Penal Económico que ordenó la reapertura del expediente en el que
está imputado Astiz y que había sido archivado por “inexistencia de delito”.
El ex marino declaró el año pasado ante el juez Adolfo Bagnasco. En esa oportunidad
admitió que en 1990 abrió una cuenta en Suiza donde depositó los sueldos que cobró
cuando se desempeñaba como agregado militar en Sudáfrica. Ahora el juez deberá
profundizar la pesquisa para establecer si Astiz tributó al fisco por esa cuenta y si la
misma figura en su declaración jurada. Speroni habría cerrado el sumario por errores
“formales” del dictamen mediante el cual la fiscalía formuló su requerimiento
de instrucción, según fuentes consultadas por la agencia DyN.
La APDH también había denunciado al ex gobernador de Tucumán, al general retirado
Antonio Bussi, al torturador Jorge “Tigre” Acosta, al fallecido Adolfo Arduino y
al ex sargento Carlos Alberto Vega por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad
ideológica. Todos ellos y Astiz habrían traficado divisas “de origen dudoso”
al exterior para ocultar la presunta apropiación de bienes de ex detenidos y
desaparecidos. Unos meses atrás, la Cancillería envió a la fiscal Del Ponte el pedido
del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky para saber si existe en ese país una
cuenta bancaria secreta a nombre de Vega, acusado de haber actuado en el centro
clandestino de detención La Perla durante la dictadura.
Esta denuncia se dividió en varias causas. Los jueces porteños Servini de Cubría y
Ceballos se declararon incompetentes en relación con Bussi y el expediente fue agregado a
la causa que se seguía en Tucumán. Del Ponte le informó a Garzón sobre la existencia
de una cuenta a nombre del gobernador. En marzo el fiscal Paulo Starc lo denunció, el
Tribunal de Honor del Ejército lo sancionó con una amonestación grave y la Legislatura
tucumana lo enjuició pero no fueron suficientes los votos a favor de su destitución. Los
denunciantes también pidieron explicaciones a la DGI sobre cómo había ido a parar el
dinero al exterior, pero nunca hubo respuesta. “La APDH no pudo ser querellante y la
DGI casi no intervino, se limitó a esperar a ver qué pasaba”, explicó Lázara a
este diario. El ex vocero de Raúl Alfonsín relató un cruce verbal que tuvieron con el
titular del ente recaudador, Carlos Silvani, quien les había contestado que el secreto
fiscal le impedía actuar en este caso, al mismo tiempo que publicaba la lista de
“ricos y famosos” evasores.
En la cuenta de Arduino fueron detectados dos millones de dólares y varios movimientos,
pero la Justicia no siguió investigando dado que su titular había muerto. Las cuentas
secretas suizas no sólo contendrían el producto de los bienes saqueados a los
desaparecidos, sino también dinero de operaciones como la venta ilegal de armas. Del
Ponte informó que otros militares argentinos habían efectuado operaciones de giros y
transferencias de dinero y otros valores desde la Argentina. Mencionó entre otros a
Bussi, Astiz, Acosta y al teniente coronel Roberto Roualdes. Astiz, conocido como El Angel
Rubio, había sido imputado de numerosos crímenes de lesa humanidad pero fue favorecido
por las leyes de impunidad que extinguieron las sanciones penales contra los represores.
Camina en libertad pero es repudiado cada vez que se muestra en lugares públicos.
Lajusticia francesa lo condenó en ausencia a cadena perpetua por la desaparición de las
monjas Alice Domon y Leonie Duquet ocurrida en 1977, y Suecia lo requiere por la
desaparición de Dagmar Hagelin. Actualmente sólo está procesado por presunta apología
del delito en virtud de las declaraciones que la revista Trespuntos le atribuyó en enero
de 1998, cuando publicó un reportaje en el cual el marino se definió como el hombre
“mejor preparado para matar a un político o a un periodista”.
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